Política
La Justicia rechazó la cautelar de la CGT contra la reforma laboral y el proceso continúa por el fondo
La Justicia rechazó la cautelar de la CGT contra la reforma laboral. El juez Lavié Pico desestimó suspender los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802.
El amparo de la CGT a la reforma laboral recibió el rechazo judicial ya que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 rechazó este miércoles 11 de marzo el pedido que la Confederación General del Trabajo (CGT) había solicitado para suspender de manera inmediata la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, así como el convenio de transferencia de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fallo fue firmado por el juez Enrique Lavié Pico, el mismo magistrado que en 2024 había rechazado dos amparos contra el DNU 70/2023. La central obrera confirmó que continuará el reclamo judicial y analiza los pasos procesales que siguen.
Qué pedía el amparo de la CGT contra reforma laboral que recibió el rechazo judicial
La CGT presentó el amparo el 6 de marzo de 2026, el mismo día en que la ley 27.802 fue publicada en el Boletín Oficial tras su promulgación mediante el decreto 137/2026. En el escrito, firmado por los tres cosecretarios generales —Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo—, la central solicitó una medida cautelar innovativa para detener la puesta en marcha de los artículos cuestionados, que habilitan el cierre de 30 juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, e inician el proceso de traspaso del fuero laboral a la justicia porteña.
Lavié Pico rechazó la cautelar con un argumento técnico preciso: lo que la CGT pedía como medida precautoria coincide en la práctica con el objeto central del amparo, lo cual desnaturaliza el instituto cautelar al otorgar de forma anticipada lo que debe resolverse en la sentencia definitiva. El magistrado precisó además que el proceso de amparo —por su carácter sumarísimo— garantiza una decisión sobre el fondo del asunto en tiempo breve, por lo que no se configura el daño irreparable que justificaría una suspensión urgente. Tampoco encontró acreditado el peligro en la demora que las medidas cautelares de naturaleza innovativa exigen como requisito de procedencia.
El juzgado libró al mismo tiempo un oficio al Estado Nacional para que en un plazo de cinco días presente su descargo y ofrezca la totalidad de las pruebas que considere necesarias para defender la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral.
La estrategia sindical y lo que viene
El amparo de la CGT contra la reforma laboral que recibió el rechazo judicial no clausura el proceso. El pedido principal —que plantea la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos 90 y 91— sigue su curso y el juez deberá pronunciarse sobre el fondo una vez completada la etapa probatoria. La CGT había dejado además planteado el caso federal desde el momento de la presentación inicial, lo que le abre la vía para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el amparo es rechazado en las instancias inferiores.
Desde la conducción de la central obrera indicaron que están definiendo los pasos que seguirán en materia judicial, pero ratificaron que la apuesta por la vía procesal se mantiene. La CGT había anticipado también una estrategia de doble vía: presentaciones tanto en el fuero contencioso administrativo como en el fuero laboral, para maximizar las chances de obtener alguna resolución favorable antes de que la aplicación de la ley consolide cambios de difícil reversión.
El antecedente que el sindicalismo tiene presente es el de diciembre de 2023, cuando la jueza laboral Liliana Rodríguez Fernández hizo lugar parcialmente al amparo contra el capítulo laboral del DNU 70 y declaró la invalidez de varios de sus artículos. Esa resolución fue, en su momento, el principal instrumento de frenado judicial que obtuvo la central obrera. Esta vez el escenario es distinto: la reforma llegó por ley del Congreso y no por decreto de necesidad y urgencia, lo que en principio le otorga mayor respaldo de legitimidad formal, aunque los argumentos constitucionales que plantea la CGT apuntan a cuestionar aspectos sustantivos de la norma, no solo su forma de sanción.
Qué cambia la ley y por qué el fuero laboral es el punto más caliente
La Ley 27.802 introduce modificaciones de amplio alcance sobre la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el régimen de convenios colectivos y los servicios mínimos durante conflictos gremiales. Establece también el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permite el pago de indemnizaciones por despido en cuotas, financiado con aportes de los propios trabajadores. La CGT cuestionó ese punto con particular dureza, al señalar que implica que los asalariados costean sus propios despidos y que el esquema desfinancia el sistema de seguridad social.
Pero el capítulo que generó mayor resistencia judicial y sindical es el del traspaso del fuero laboral. Los artículos 90 y 91 de la ley instrumentan el acuerdo firmado el 9 de febrero entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires —encabezado por Jorge Macri— para transferir la competencia en materia de conflictos laborales de la justicia nacional a la justicia porteña. Para la CGT, ese traspaso vulnera derechos de los trabajadores porque la justicia laboral nacional fue históricamente el ámbito de tutela de esos derechos, y su desaparición —o su radicación en un fuero dependiente de una administración del PRO— altera ese equilibrio de manera estructural.
En el escrito judicial, la central agregó que el jefe de Gabinete solo tenía facultades delegadas para negociar la transferencia de competencias, pero no para acordar la disolución de tribunales. Esa distinción es la que el amparo pone en el centro del debate constitucional que el juez Lavié Pico deberá resolver en la sentencia definitiva.
La mirada desde el interior: lo que está en juego para los trabajadores de las provincias
Desde las provincias del norte argentino, el debate sobre la reforma laboral y su impacto en el fuero del trabajo tiene una dimensión particular que los grandes medios porteños suelen pasar por alto. Los trabajadores chaqueños, formoseños o santiagueños que inician una causa laboral en Buenos Aires —porque sus empleadores tienen sede allí o porque el conflicto se originó en ese ámbito— dependen de la Justicia Nacional del Trabajo para hacer valer sus derechos. Si ese fuero se fragmenta o se transfiere a una jurisdicción con reglas distintas, el impacto no es neutro para los asalariados del interior.
A eso se suma que muchos de los cambios que introduce la ley 27.802 afectan de manera directa los sectores donde el empleo informal es más alto y la capacidad sindical de resistencia más débil: el trabajo rural, el empleo doméstico, los trabajadores de la economía popular. En el Chaco, donde la tasa de informalidad laboral supera el 40 por ciento según datos del INDEC, la discusión sobre qué derechos se mantienen, cuáles se modifican y qué instancia judicial los garantiza no es un debate abstracto: es parte de la vida cotidiana de miles de familias que dependen de un salario y de la posibilidad de reclamarlo cuando se lo vulneran.
Política
El Chaco aclaró que la baja de radares de la ANSV solo afecta a dispositivos que ya no funcionaban y que la provincia mantiene 47 activos
La Disposición 7/2026 de la ANSV retiró del registro oficial a cinemómetros vandalizados o inoperativos. Los 47 radares activos en rutas nacionales y provinciales continúan funcionando con plena validez legal.
El Ministerio de Seguridad del Chaco salió a desmentir este sábado versiones que circularon en redes sociales y medios sobre una supuesta eliminación masiva de radares de velocidad en las rutas provinciales y nacionales. A través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, el gobierno chaqueño explicó el verdadero alcance de la Disposición 7/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y dejó en claro que los controles de velocidad siguen plenamente vigentes en el territorio provincial.
El subsecretario Rafael Acuña precisó que la disposición nacional «establece la baja de homologación y autorización de uso de ciertos radares fijos que no se encontraban operativos o habían sido vandalizados al momento de las verificaciones técnicas correspondientes». En otras palabras: la ANSV no desactivó radares que estaban funcionando sino que regularizó el registro oficial eliminando dispositivos que ya no existían o no operaban en los puntos donde habían sido instalados originalmente.
Qué dice la Disposición 7/2026 y por qué generó confusión
La Disposición 7/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y dispuso la baja de la homologación y autorización de uso de numerosos radares fijos en rutas nacionales del Chaco, tras constatar que ya no se encontraban operativos. Entre las rutas afectadas figuran la RN 16, RN 95, RN 11 y RN 89, con localidades como Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Sáenz Peña, Resistencia, Colonia Benítez, Campo Largo, Las Breñas, Makallé, Corzuela, Puerto Bastiani, Quitilipi y Avia Terai.
La confusión surgió porque la normativa enumera una cantidad significativa de dispositivos dados de baja, lo que llevó a interpretaciones erróneas sobre un supuesto desmantelamiento del sistema de control vial. Sin embargo, desde Seguridad Vial aclararon que esos radares ya estaban fuera de servicio antes de la disposición: la medida no los apagó sino que los eliminó formalmente de un registro que no reflejaba la realidad del terreno.
Acuña también señaló que la baja fue solicitada por la propia Provincia del Chaco a partir de relevamientos técnicos previos, con el objetivo de mantener actualizados los sistemas de control vial y evitar que figuren en el registro oficial dispositivos que ya no generan multas válidas.
Cuántos radares siguen activos en el Chaco
Según el comunicado oficial, el Chaco cuenta actualmente con 47 radares habilitados y en pleno funcionamiento, distribuidos en dos tipos de corredores: 31 en rutas nacionales y 16 en rutas provinciales. Todos los dispositivos activos están homologados, autorizados y sometidos a controles permanentes de funcionamiento, verificación técnica y señalización obligatoria.
La aclaración llega en un momento sensible: el fin de semana largo del 25 de Mayo activa un operativo vial reforzado en todo el país, con mayor presencia de controles en los principales corredores. Para los conductores que transiten la RN 16 —eje central que conecta Charata con Resistencia y sobre la que se desarrolló buena parte de la polémica, como se detalló en la nota sobre la licitación de rutas nacionales publicada ayer en CharataChaco.Net— la situación es clara: los radares operativos siguen activos y las infracciones detectadas tienen plena validez legal.
El pedido oficial: no difundir versiones sin respaldo
Desde la Subsecretaría de Seguridad Vial se solicitó a la ciudadanía que se informe únicamente a través de los canales oficiales y que evite la difusión de versiones inexactas. La advertencia apunta directamente a la circulación en redes sociales de mensajes que interpretaron la disposición de la ANSV como una habilitación para circular a mayor velocidad sin riesgo de multas, lo que constituye tanto una lectura incorrecta de la normativa como un riesgo concreto para la seguridad vial.
Los controles de velocidad, remarcaron desde el área, «constituyen una herramienta preventiva fundamental para reducir la siniestralidad vial y proteger vidas en las rutas chaqueñas«.
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Política
Falleció Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de Charata: tenía 94 años y dejó una huella profunda en la vida institucional de la ciudad
El Municipio de Charata participó el fallecimiento con profundo pesar y destacó su compromiso con la vida institucional y democrática de la ciudad.
Charata despide a Ricardo Marín, ex intendente y ex concejal de la ciudad, fallecido este sábado a los 94 años. Nacido en 1932, Marín fue una figura central de la vida política e institucional de Charata durante décadas, con una trayectoria que lo llevó a conducir los destinos del Municipio como intendente y a continuar su compromiso con la comunidad como concejal, además de mantener vínculos activos con distintas instituciones locales a lo largo de su vida.
El intendente Rubén Rach expresó su pesar a través de un comunicado oficial en el que subrayó el legado de Marín como servidor público. «Lo despido con profundo dolor. Fue un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio de nuestra comunidad, dejando su huella como intendente, concejal y vecino comprometido con Charata», sostuvo Rach, quien extendió sus condolencias a la familia y seres queridos del ex funcionario.
Una vida ligada a la institucionalidad de Charata
La trayectoria de Marín abarca un período clave de la historia política local, en el que Charata consolidó su perfil como la ciudad más importante del sudoeste chaqueño y cabecera del Departamento Chacabuco. Su paso por la intendencia y el Concejo Deliberante lo posicionó como uno de los referentes de la vida democrática de la ciudad, en una época en que las instituciones municipales jugaron un rol central en el desarrollo urbano y social de la región.
El Municipio de Charata, a través de un comunicado oficial acompañado de una fotografía de Marín, destacó que fue «parte de la vida institucional y democrática de Charata» y convocó a la comunidad a acompañar a su familia en este momento de dolor. El intendente Rach, sus funcionarios y todo el equipo municipal se sumaron a las condolencias.
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Política
Charata capacitó a sus agentes de tránsito y personal de Faltas en seguridad vial con respaldo de la UNNE
La jornada se realizó en el CEEC y estuvo coordinada por especialistas del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE.
Agentes de tránsito y personal del Juzgado de Faltas del Municipio de Charata participaron este viernes de una jornada de capacitación en seguridad vial organizada con el respaldo académico de la Universidad Nacional del Nordeste. La actividad se desarrolló en el Centro de Estudios y Extensión Charata (CEEC) y apuntó a fortalecer las herramientas de quienes ejercen funciones de contralor en la vía pública y en el ámbito judicial de faltas.
La propuesta contó con el aval del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE, junto al Departamento de Centros Regionales y Extensiones Áulicas y la Secretaría General Académica de esa universidad. La coordinación estuvo a cargo del Lic. Ezequiel Nardelli y la Magter. Rosa Sandra Durand, acompañados por un equipo de profesionales y docentes especializados en la temática.
Una iniciativa que apunta a la profesionalización del personal municipal
El intendente Rubén Rach, la jueza de Faltas Municipal Gimena Vázquez y el secretario de Tránsito Carlos Aoad estuvieron presentes en la jornada, acompañando una iniciativa que el propio municipio impulsó para elevar el nivel de formación de sus agentes. La participación de las autoridades locales reflejó el respaldo político e institucional a un proceso que busca mejorar el desempeño cotidiano del personal de contralor.
La seguridad vial es una de las áreas donde la capacitación técnica incide directamente en los resultados sobre el terreno. Los agentes de tránsito y los funcionarios del Juzgado de Faltas son los primeros eslabones del sistema de control, y su formación determina en gran medida la eficacia de las políticas viales a nivel local.
El rol de la UNNE en la formación de gestores municipales
El respaldo institucional de la UNNE a través de su Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología le otorga a la capacitación un perfil académico que trasciende la instrucción operativa. La articulación entre el municipio charatense y la universidad pública regional es también una señal de que la formación continua del personal estatal puede canalizarse a través de vínculos con el sistema universitario, sin necesidad de recurrir a capacitadores privados.
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