La concejal Silvia Oger, del Frente Chaqueño, se pronunció sobre el juicio que enfrenta el Municipio de Charata y fijó su postura respecto a la situación financiera e institucional que atraviesa la comuna, a raíz de una demanda judicial que deberá ser saldada en los próximos días. En sus declaraciones, la edil analizó el impacto económico que tendrá este pago en las arcas municipales y remarcó la importancia de transparentar los procesos para llevar tranquilidad a los vecinos.

Oger explicó que, desde la oposición, solicitaron un informe con dictamen jurídico al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Según señaló, aunque el Municipio cuenta con autonomía para gestionar este tipo de instrumentos legales, esa autonomía no garantiza que el procedimiento se realice correctamente, y remarcó que, si el Tribunal detectara irregularidades en una revisión futura, quienes deberían responder con su patrimonio personal serían los propios concejales que firmen la ordenanza.

Un juicio que arrastra desde 2009

La concejal sostuvo que se trata de un juicio que viene desde el año 2009, con un monto que supera los 300 millones de pesos en concepto de honorarios profesionales. Según indicó, la parte demandante, Kurt-Rach y remarcó que la Municipalidad perdió el juicio y debe afrontar el pago tras años sin resolución.

Oger aclaró que la demora en la definición del bloque no responde a una falta de trabajo, sino a la necesidad de contar con certeza y prudencia antes de firmar un documento de esta magnitud, y remarcó que esa postura también fue conversada con concejales del oficialismo.

Condicionada a la respuesta del Tribunal

Consultada sobre si el bloque acompañaría la decisión en caso de que el Tribunal de Cuentas garantice que no habrá problemas a futuro, Oger respondió que la definición del voto dependerá del informe que llegue desde ese organismo de contralor, encargado de evaluar si el procedimiento resulta correcto tratándose de sumas millonarias.

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El concejal del Frente Chaqueño, Carlos Fedorchuk, habló del tratamiento de la sentencia contra el Municipio de Charata por el juicio de la Quinta Kurt Rach. El edil se refirió al conflicto por la demanda millonaria que enfrenta el Municipio y sostuvo que la oposición no acompañará una decisión «a ciegas» sin contar antes con garantías jurídicas.

Según relató Fedorchuk, el juicio tiene sentencia firme desde 2014 y no pudo resolverse durante las gestiones que se sucedieron desde entonces. El concejal afirmó que, hace aproximadamente un año y medio, el intendente Rubén Rach y su equipo de asesores tuvieron la posibilidad de depositar judicialmente el monto adeudado para cerrar un acuerdo entre partes, y consideró que no haberlo hecho en ese momento fue un error que derivó en la actual sentencia de remate por 320 millones de pesos.

El pedido de garantías al Tribunal de Cuentas

El edil explicó que su bloque espera un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la posibilidad de entregar cinco terrenos como parte del acuerdo, antes de definir su voto. «Queremos tener la seguridad de que lo que vamos a firmar está bien», señaló, y remarcó que los concejales buscan una garantía formal de que no se verá afectado su patrimonio personal en caso de aprobar la dación de los terrenos, que se encuentran ubicados a pocos metros del centro de la ciudad.

Críticas a la relación con el Ejecutivo

Fedorchuk también lanzó críticas al Ejecutivo municipal. «La metodología que están utilizando no es la adecuada», afirmó, y agregó que su bloque se siente «apretado» en la negociación. Según el concejal, en las últimas semanas se dieron de baja contratos del Programa de Asistencia (PAN/PAM) vinculados a personas relacionadas con su bloque, que se desempeñaban como porteros en escuelas y asistentes en iglesias, y también se estarían analizando recortes de asesores. «Tanta casualidad que sea gente vinculada a nuestro bloque me parece que no es la vía», expresó.

El edil mencionó además una serie de proyectos impulsados por la oposición que, según sostuvo, no avanzaron o no fueron ejecutados, entre ellos la Guitarreada de Octubre e iniciativas vinculadas a calles, murales y reconocimientos culturales. «No hay diálogo, no hay consenso, no hay apertura», cuestionó, y reclamó una instancia de conversación directa con el Ejecutivo antes de resolver una cuestión que consideró sensible para las finanzas municipales.

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El presidente del Concejo Municipal de Charata, Alejandro Barcala, se refirió al tratamiento de una sentencia firme por una demanda judicial iniciada en 2009 contra el Municipio de Charata. El Ejecutivo y el cuerpo legislativo debaten alternativas para poder hacer frente al millonario juicio, que ronda los 320 millones de pesos.

Según explicó Barcala, el embargo ya se encuentra realizado sobre cinco terrenos municipales, pero su remate no alcanzaría a cubrir la totalidad del monto reclamado. Por esa razón, el Municipio debería afrontar de manera adicional entre 120 y 130 millones de pesos para saldar la deuda derivada del juicio, correspondiente a honorarios profesionales.

Un juicio que se arrastra desde 2009

El titular del Concejo remarcó que se trata de una causa que no se originó en la actual gestión, sino en 2009, durante la administración de Tejedor, y que las gestiones posteriores tampoco lograron resolverla. Barcala sostuvo que, más allá de ese origen, la actual gestión asumió la responsabilidad de buscar una salida que permita cuidar esos fondos para la comunidad.

La posibilidad de ceder los terrenos embargados

Según indicó, el Concejo Municipal tiene la autonomía para ceder los cinco terrenos embargados, una facultad que requiere una mayoría absoluta de seis votos y que no necesitaría, en principio, un dictamen previo del Tribunal. Sin embargo, ante el pedido de un informe adicional solicitado por la comisión y por el otro bloque del Concejo, se decidió remitir la consulta al Tribunal, cuya respuesta podría demorar algunos días.

Barcala señaló que existe un plazo acotado, ya que entre el 15 y el 20 de agosto podría iniciarse la instancia judicial que resta para avanzar con el remate, y remarcó que el paso del tiempo incrementa los intereses de la deuda, que pasó de 314 a 326 millones de pesos en las últimas semanas. El funcionario reconoció que afrontar un juicio de esta magnitud no es una situación sencilla para la gestión, en momentos en que el pago mensual de sueldos municipales supera los 500 millones de pesos.

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