El Gobierno provincial avanza en la ejecución de obras de desagües pluviales en la zona norte de Resistencia, en el marco de las intervenciones complementarias a la recientemente inaugurada avenida Coronel Falcón. El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, se trasladó al área para supervisar el estado de los trabajos y constatar su avance sobre el terreno.

Las tareas en curso contemplan la construcción de infraestructura hidráulica destinada a mejorar el drenaje pluvial del sector, con el objetivo de garantizar el saneamiento de la zona y reducir el riesgo de anegamientos ante precipitaciones intensas, una problemática recurrente en la capital chaqueña cada vez que se registran lluvias de consideración.

Una obra pensada para el crecimiento urbano

Desde el Gobierno provincial subrayaron que la intervención no responde únicamente a las necesidades actuales del área, sino que también está proyectada en función del desarrollo urbano futuro del norte de Resistencia. La planificación de los desagües pluviales apunta a consolidar una infraestructura que acompañe el crecimiento de la ciudad en el mediano y largo plazo, evitando que la expansión urbana genere nuevos focos de anegamiento.

La obra de desagüe se enmarca en la misma lógica que guió la construcción de la avenida Coronel Falcón: intervenciones integrales que combinan conectividad vial con saneamiento hidráulico, entendiendo que una avenida sin infraestructura de drenaje adecuada replica y amplifica los problemas de inundación en lugar de resolverlos.

La gestión Zdero y la infraestructura urbana

La ejecución de estas obras forma parte de la agenda de infraestructura que lleva adelante la gestión del gobernador Leandro Zdero, con foco en intervenciones que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos y en el ordenamiento territorial de Resistencia. El ministro Domínguez encabezó personalmente la recorrida, una señal del peso que el Gobierno provincial le asigna a esta etapa del proyecto.

El Ejecutivo provincial presentó este jueves ante la Legislatura del Chaco un proyecto de ley de reforma constitucional que busca incorporar el artículo 40 bis a la Carta Magna, con el objetivo de otorgar estabilidad fiscal a quienes realicen inversiones productivas en el territorio y prohibir expresamente la creación o el aumento de tributos que las afecten. La iniciativa fue anunciada por el gobernador Leandro Zdero en la apertura de sesiones ordinarias y formalizada por el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, junto al ministro de la Producción, Oscar Dudik, y los legisladores Iván Gyoker, Carina Botteri, Carlos Salom y Maida With.

La propuesta establece tres ejes concretos: la prohibición de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes sobre actividades productivas, la nulidad automática de cualquier medida que contradiga esa garantía y la devolución inmediata de montos percibidos indebidamente, con el objetivo de evitar litigios prolongados entre el Estado y los inversores.

Un mensaje al mundo desde la Constitución

Ferro explicó que la reforma apunta a enviar una señal de seguridad jurídica hacia afuera de la provincia. «El objetivo es garantizar que ningún inversor vea incrementada su carga tributaria, ni a nivel provincial ni municipal», sostuvo durante la presentación, y agregó que la iniciativa busca crear condiciones para atraer capitales, promover el desarrollo económico y generar empleo genuino.

La garantía fiscal para inversiones en el Chaco alcanzaría también al esquema municipal: el proyecto establece que las tasas locales no podrán afectar indirectamente a las inversiones protegidas por la norma constitucional, con el objetivo de eliminar distorsiones y brindar mayor previsibilidad a quienes decidan radicarse en la provincia.

Un punto específico del texto apunta a resguardar la soberanía fiscal provincial ante posibles cambios en el esquema tributario nacional, asegurando que el Chaco pueda percibir tributos que le sean transferidos desde Nación sin que eso genere una doble carga para los inversores.

El bloque oficialista busca consenso

El presidente del bloque «Chaco Puede», Iván Gyoker, respaldó la iniciativa y recordó que la provincia ya redujo impuestos y avanzó en medidas favorables a la actividad privada durante la gestión de Zdero. En esa línea, planteó que elevar esta política al rango constitucional consolida un compromiso de largo plazo. «Buscamos generar consenso para avanzar en una herramienta clave para el desarrollo. No debería haber objeciones cuando se trata de garantizar seguridad jurídica, atraer inversiones y generar oportunidades para los chaqueños», afirmó.

Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que la reforma apunta a consolidar una política de Estado a mediano y largo plazo, orientada a posicionar al Chaco como una provincia competitiva y confiable para la radicación de capitales. El proyecto deberá reunir los votos necesarios en la Legislatura para avanzar, dado que una reforma constitucional requiere mayorías calificadas.

El contexto no es menor: la presentación ocurre días después de que Zdero expusiera en el AmCham Summit 2026 en Buenos Aires, donde destacó el crecimiento de las exportaciones chaqueñas y convocó a inversores internacionales a apostar por la provincia. La garantía fiscal constitucional para inversiones sería, en esa lectura, el respaldo institucional de máximo rango a ese discurso.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados del Chaco propone crear el Programa Provincial de Prevención y Abordaje de las Violencias Digitales (PRO-PAD), con el objetivo de garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan estudiar y conectarse en entornos seguros. La iniciativa es de la diputada Analía Flores, del bloque PJ, y surge como respuesta a la creciente preocupación por el impacto de las agresiones en internet en la vida escolar y familiar.

El programa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Educación de la provincia y alcanzará a todas las escuelas, niveles y modalidades del Chaco, desde el nivel inicial hasta la educación secundaria y las modalidades especiales.

Qué entiende el proyecto por violencia digital

El texto define la violencia digital como cualquier acción realizada en internet o redes sociales que cause un daño físico, psicológico, económico o moral. Los problemas que el PRO-PAD busca combatir incluyen la difusión de fotos o videos íntimos sin consentimiento, el acoso y hostigamiento a través de pantallas —conocido como ciberbullying—, el grooming o acoso sexual de adultos a menores en entornos digitales, el robo de datos personales y los discursos de odio. La violencia digital en escuelas del Chaco es el eje central de una iniciativa que busca anticiparse al daño antes de que ocurra, no solo responder cuando ya fue tarde.

Capacitación docente y protocolo obligatorio

El PRO-PAD no apunta exclusivamente a sancionar sino, en primer lugar, a prevenir. Para ello, el proyecto establece formación continua para docentes y directivos, junto con talleres dirigidos a las familias sobre cuidados en internet.

Uno de los puntos centrales es la creación de un protocolo de acción obligatorio para todas las instituciones educativas. Ese documento funcionará como una guía clara para que los docentes puedan detectar situaciones de violencia digital a tiempo, saber cómo denunciar y articular con los Ministerios de Seguridad y Desarrollo Humano y con la Justicia, y acompañar psicológicamente a las víctimas para evitar una revictimización.

Un proyecto alineado con leyes nacionales

«La violencia digital es una problemática urgente que impacta severamente en nuestras infancias y juventudes», señalan los fundamentos del proyecto, que destaca la necesidad de que las escuelas cuenten con herramientas rápidas y eficaces para intervenir y proteger a los estudiantes.

De aprobarse, la iniciativa posicionaría al Chaco entre las provincias con mayor desarrollo normativo en materia de derechos digitales. El proyecto toma como referencia la Ley Olimpia y la Ley Mica Ortega, dos marcos legales nacionales que regulan la difusión no consentida de imágenes íntimas y el acoso digital, y busca trasladar esos principios al ámbito escolar provincial.