Personas con discapacidad, familias y prestadores de servicios se concentraron el martes 18 de marzo frente a la Casa Rosada y protestaron el pago de deudas acumuladas desde octubre de 2025 y la actualización de aranceles, en una movilización que derivó en forcejeos con la Policía Federal cuando los agentes desarmaron por la fuerza el gazebo que los manifestantes intentaban instalar. La situación más grave ocurrió cuando un oficial empujó la silla de ruedas de Marisa Woites, una joven con discapacidad que participaba de la protesta junto a su padre, Raúl Woites, titular de un centro de día. «Uno de los policías estaba empujando la silla de mi hija y se empezaba a tambalear como para caerse. Yo ahí ya perdí los estribos», relató el hombre. El Gobierno no recibió a ningún representante del sector.

Familias y prestadores de discapacidad protestaron: «Desde octubre no pagan»

El reclamo central de los manifestantes no es nuevo pero se agravó en los últimos meses. Woites fue preciso sobre la cronología: «Nos movilizamos no solamente por el tema de que no se adecuaron los aranceles, sino que además, directamente como represalia, el Gobierno dejó de pagar. Desde octubre del 2025 que no paga». El objetivo de la movilización era instalar una carpa frente a la Casa de Gobierno hasta obtener una respuesta oficial o una audiencia con el presidente. Ninguna de las dos cosas ocurrió.

La deuda tiene dos componentes que el sector describe como igualmente urgentes. El primero es el atraso en los pagos de prestaciones ya reconocidas —centros de día, terapias, cuidadores, transporte especializado— que llevan cinco meses sin liquidarse. El segundo es el congelamiento de los aranceles, que no se actualizaron al ritmo de la inflación y que dejaron a muchos prestadores trabajando con costos reales que superan ampliamente lo que el Estado transfiere.

La Ley de Emergencia en Discapacidad: una victoria judicial que el Gobierno resistió

El contexto legislativo de la protesta es clave para entender por qué el sector se siente doblemente defraudado. La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad —Ley 27.793— fue aprobada por el Congreso en septiembre de 2025. El Gobierno intentó vetarla argumentando falta de financiamiento, la Cámara de Diputados insistió en su promulgación y la ley entró en vigor, aunque el Ejecutivo suspendió su aplicación hasta que se definiera la fuente de financiamiento.

En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana —a partir de un amparo colectivo presentado por un padre en representación de sus hijos— declaró inválida esa suspensión y ordenó la aplicación inmediata de la norma, con plazo límite al 4 de febrero de 2026. El Gobierno publicó el Decreto 84/2026 sobre la fecha límite, reglamentando el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, centralizando la política en el Ministerio de Salud y convocando al Consejo Federal de Discapacidad para definir los criterios de evaluación socioeconómica. Para los prestadores y las familias presentes en la protesta, esa reglamentación no resolvió el problema real: los pagos siguen sin llegar.

Cuando protestaron, el forcejeo y la silla de ruedas fue el momento que concentró la indignación de familias y prestadores de discapacidad

La tensión escaló cuando la Policía Federal desarmó el gazebo que los manifestantes intentaban instalar. Woites describió la secuencia: «La policía hizo un cordón primero, luego se metió otro cordón en el medio y de golpe empezaron a romper todo, a tironear». En ese momento, un oficial empujó la silla de ruedas de su hija Marisa. «Se empieza a tambalear como para caerse», dijo el padre. Su reacción fue inmediata: «‘¿No te das cuenta que hay una silla de ruedas ahí o no? Tené un poquito de corazón’, le dije».

Marisa terminó la jornada llorando. «Se la pasó llorando luego el resto del tiempo que estuvimos. Es angustia. No es una situación para nada placentera para ella», relató Woites. También denunció que durante la movilización varios policías se rieron en la cara de su hija mientras él recorría el cordón mostrando un cartel con la leyenda: «La discapacidad no es lo que hace difícil la vida, sino el desinterés de los demás». «Se hacían los distraídos, miraban para otro lado», describió.

Los manifestantes aclararon que la protesta fue pacífica y que contaban con autorización del Gobierno de la Ciudad y de la Policía para estar en el lugar. El propio jefe del operativo policial confirmó la autorización pero justificó el desalojo del gazebo argumentando que «no querían una carpa». Woites interpretó el gesto en clave simbólica: «Creo que figurativamente es como que quieren que nos convirtamos en palitos, en estacas para no vernos, para seguir haciéndose los sordos».

El futuro del sector: prestadores al borde del cierre

Más allá del episodio puntual de la protesta, Woites planteó un diagnóstico estructural que fue compartido por otros manifestantes. «Hoy una persona que tiene discapacidad y su familia viven con esta angustia permanente de no saber qué va a pasar mañana», dijo. Sobre los prestadores, fue directo: «Sabemos que es muy corto el tiempo que les queda de subsistencia». Sin pagos desde octubre, muchos centros de día, servicios de apoyo y organizaciones especializadas están usando reservas propias o endeudándose para sostener la atención de sus usuarios.

El dato más revelador de su relato fue el que trasciende la gestión actual: «Lamentablemente el panorama que vemos es un abandono total. Creo que lo único que le falta a los gobiernos, porque no es solo el nacional y no importa si es Milei, Cristina o el que sea, porque todos tienen las mismas políticas de invisibilizar y de tomar nada más que como un gasto a las personas con discapacidad». La frase es una denuncia que apunta más allá del gobierno de turno y señala una política de Estado que, según Woites, nunca priorizó genuinamente a este sector.

Para los aproximadamente 1,2 millones de personas con certificado único de discapacidad que dependen de las prestaciones financiadas por el sistema nacional, la protesta del 18 de marzo no fue un episodio aislado. Es el resultado visible de meses de acumulación silenciosa de una crisis que el Gobierno reglamentó en papel pero no resolvió en la práctica.