El bloque de legisladores de La Libertad Avanza presentó formalmente un proyecto para expulsar a Florencia Carignano de la Cámara de Diputados, argumentando una presunta «inhabilidad moral» para ejercer su cargo. La iniciativa, que ingresó este viernes al Palacio Legislativo, surge a raíz de las denuncias por irregularidades durante su gestión al frente de la Dirección Nacional de Migraciones. El oficialismo, respaldado por sectores aliados, sostiene que la actual diputada kirchnerista debe ser removida bajo los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional debido a la gravedad de los hechos investigados.

La embestida contra la exfuncionaria de Alberto Fernández marca un nuevo pico de tensión en la Cámara Baja. Para el bloque libertario, la permanencia de la legisladora en su banca resulta incompatible con los estándares de transparencia que busca imponer la gestión de Javier Milei. La presentación del proyecto generó una respuesta inmediata del bloque de Unión por la Patria, que denunció una «persecución política» destinada a silenciar a las voces críticas del Parlamento.

Fundamentos del pedido para expulsar a Florencia Carignano

La base técnica del pedido de remoción se centra en las investigaciones judiciales que pesan sobre la administración de Migraciones entre 2019 y 2023. Los legisladores oficialistas argumentan que para expulsar a Florencia Carignano existen pruebas contundentes de desvíos administrativos y decisiones que habrían perjudicado los intereses del Estado nacional. Según el texto del proyecto, el comportamiento de la legisladora antes de asumir su banca constituye una falta ética que amerita la máxima sanción parlamentaria prevista en el reglamento interno del cuerpo.

Desde La Libertad Avanza insisten en que la Cámara tiene la facultad autónoma de corregir a sus miembros e incluso excluirlos cuando su conducta afecta el prestigio de la institución. En este sentido, señalan que las imputaciones por presuntas irregularidades en el otorgamiento de residencias y el manejo de bases de datos sensibles durante la pandemia son motivos suficientes. El oficialismo busca llevar este debate al recinto lo antes posible, apelando a la necesidad de «limpiar» las instituciones de figuras cuestionadas por la Justicia.

El contexto político y la tensión en el Congreso

La decisión de avanzar con el pedido para expulsar a Florencia Carignano no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la fuerte disputa entre el Poder Ejecutivo y el kirchnerismo duro. Martín Menem, presidente de la Cámara, deberá ahora dar curso a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para que analice la viabilidad del reclamo. La jugada del oficialismo pretende no solo una sanción legal, sino también un impacto político que debilite la cohesión de la bancada opositora en medio de discusiones clave por reformas económicas.

Para los analistas parlamentarios, este movimiento de La Libertad Avanza pone a prueba la solidez de sus alianzas con el PRO y sectores del radicalismo. Para alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para una expulsión, el Gobierno necesita un consenso amplio que hoy no parece garantizado. Sin embargo, la sola instalación del debate permite al oficialismo retomar la bandera de la lucha contra la corrupción, un eje central de su narrativa pública desde el inicio de la presidencia de Milei.

Impacto legislativo y el reglamento de la Cámara

La aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional para expulsar a Florencia Carignano requiere un proceso institucional riguroso. La norma establece que la Cámara puede «excluir a cualquiera de sus miembros por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación». No obstante, la jurisprudencia en Argentina es restrictiva sobre el uso de esta facultad, exigiendo mayorías calificadas que protejan la representación democrática frente a mayorías circunstanciales.

El oficialismo argumenta que la «inhabilidad moral» es clara debido a la naturaleza de los delitos que se investigan. Por su parte, la defensa de la diputada sostiene que no existe una condena firme y que la expulsión violaría el principio de presunción de inocencia. Esta puja reglamentaria promete paralizar otras agendas del Congreso, ya que la oposición ha advertido que no facilitará el tratamiento de otros proyectos si se persiste en lo que consideran una «caza de brujas» contra sus integrantes.

Reacciones de la oposición y de Unión por la Patria

Desde el bloque de Unión por la Patria, la respuesta fue unívoca en rechazo al proyecto para expulsar a Florencia Carignano. Germán Martínez, jefe de la bancada kirchnerista, calificó la iniciativa como un «atentado contra la voluntad popular» y un intento de amedrentar a quienes denuncian las políticas de ajuste del Gobierno. Carignano, por su parte, se manifestó a través de sus redes sociales asegurando que todas sus acciones en Migraciones fueron transparentes y que no tiene miedo a los ataques del oficialismo.

La oposición acusa a La Libertad Avanza de utilizar al Congreso como un «tribunal inquisidor» para desviar la atención de los problemas económicos que atraviesa la República Argentina. Argumentan que, si se aplicara el mismo criterio a todos los legisladores con causas judiciales abiertas, muchos miembros de la coalición gobernante y de sus aliados también deberían ser removidos. Este argumento de la «doble vara» es el que utilizará el peronismo para intentar bloquear el avance del expediente en las comisiones de trabajo.

Escenario futuro y próximos pasos institucionales

El destino del proyecto para expulsar a Florencia Carignano dependerá de la temperatura política de las próximas semanas. Si el oficialismo logra emitir un dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el tema llegará al recinto en una sesión que promete ser histórica por el nivel de confrontación que desatará. En este escenario, el rol de los bloques del medio, como el bloque pichettista y el radicalismo no alineado, será fundamental para definir si se alcanzan o no los 172 votos requeridos.

Más allá del resultado final, la iniciativa marca el inicio de una etapa de mayor hostilidad en el trato parlamentario. El Gobierno nacional parece decidido a utilizar todas las herramientas a su alcance para confrontar con el pasado reciente de la gestión pública. En tanto, la Cámara de Diputados se encamina a un periodo de parálisis legislativa si la disputa por la banca de Carignano termina por dinamitar los pocos puentes de diálogo que quedaban en pie entre el oficialismo y la principal minoría opositora.

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