La senadora nacional por el Chaco Silvana Schneider, oriunda de Charata, participó este miércoles de la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión del Senado de la Nación, donde se alcanzó el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley que habilita al Estado nacional a cerrar los acuerdos de conciliación con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El monto total comprometido asciende a USD 171 millones.

Se trata de los últimos acreedores con sentencia firme que no ingresaron al canje de deuda cerrado en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri, en el marco del default declarado en 2001. El esquema prevé el desembolso de USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para el grupo Attestor, en forma simultánea a la acreditación y cancelación de los bonos, libres de todo gravamen.

Schneider valoró su participación en el debate con una mirada que apunta al ordenamiento fiscal como condición de desarrollo. «Hoy participé en el Senado de la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión. Estamos analizando con absoluta responsabilidad el proyecto de ley para el acuerdo de conciliación entre el Estado Nacional y los grupos acreedores», señaló la legisladora chaqueña. Y agregó: «Entiendo que gobernar es, ante todo, dar previsibilidad y resolver con firmeza los conflictos que frenan nuestro desarrollo. La transparencia en el manejo de las cuentas públicas no es sólo una meta técnica, es la base de la confianza que todos necesitamos para crecer».

Qué implica el acuerdo y por qué avanzó el dictamen

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde, describió el proyecto como la vía para «extinguir litigios con los dos principales acreedores que quedan hoy en situación de holdout con la República Argentina». En la misma línea, el titular del PRO y de la comisión de Economía Nacional e Inversión, Martín Goerling Lara, sostuvo que el acuerdo representa cerrar «una etapa muy mala de la Argentina» y destacó que elimina la posibilidad de incautación de activos estratégicos del país.

Los fondos aceptan una quita superior al 30% sobre las sumas reconocidas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. El mecanismo adoptado es el formato internacional «Entrega contra Pago» (DVP): los fondos se liberarán de forma simultánea a la cancelación de los bonos, y los acreedores asumirán los costos legales del litigio. Los convenios incluyen además una cláusula de «standstill» que impide nuevas acciones legales o interferencias en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Un dato relevante que surgió durante la reunión fue la ampliación del plazo original. El vencimiento, que el Ejecutivo había fijado inicialmente para el 30 de abril de 2026, fue prorrogado hasta el 31 de mayo, según informó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Eso le da al oficialismo margen para llevar el proyecto al recinto en la primera semana de mayo.

Posición de la oposición y próximos pasos

La sesión no fue unánime. El senador por el Chaco Jorge Capitanich encabezó el dictamen de minoría del bloque justicialista, que no rechaza la negociación con los acreedores en sí, sino que plantea una serie de interrogantes sobre transparencia y condiciones del proceso. En sus palabras, el acuerdo no reduce «los efectos institucionales, fiscales y jurídicos» del conflicto y los acuerdos fueron negociados «individualmente con acreedores litigantes en trato inequitativo».

Con el dictamen de mayoría ya alcanzado, el oficialismo apunta a sancionar la ley en la primera semana de mayo, dentro del nuevo plazo disponible. Para la senadora Schneider, el camino es claro: escuchar cada detalle y trabajar «con la mirada puesta en un futuro ordenado para nuestro país».

El Concejo Municipal de Charata pondrá en marcha el próximo lunes 11 de mayo el programa «Concejo en tu Barrio», una iniciativa que llevará las sesiones ordinarias del cuerpo legislativo fuera del recinto y directamente a los distintos barrios de la ciudad. La primera sede será la Escuela 1005 del barrio Víctor Arrudi, y la frecuencia prevista es de una reunión por mes, siempre los lunes.

La iniciativa es una propuesta del presidente del Concejo, Alejandro Barcala, que viene siendo elaborada desde el año pasado. Su objetivo central es acercar el funcionamiento real del cuerpo legislativo a los vecinos, darles un espacio concreto para plantear sus problemas y generar una respuesta conjunta con el Ejecutivo Municipal en el mismo acto.

Cómo va a funcionar cada sesión

El formato combina dos instancias. En la primera, el Concejo sesionará con su orden del día habitual —notas ingresadas, temas en tratamiento— tal como lo hace en el recinto, pero trasladando esa dinámica al barrio. En la segunda, se abrirá un espacio de entre treinta y cuarenta minutos para que los vecinos tomen la palabra.

En diálogo con CharataChaco.Net, Barcala explicó el espíritu de la iniciativa: «La idea es darle media hora, cuarenta minutos a las personas que hablen, a los vecinos. Aclararles que por ahí lo que escuchamos en esa visita al barrio es problemas del barrio, no personales». El presidente del Concejo mencionó como ejemplos de las consultas esperadas la falta de iluminación, el estado de las calles y otros problemas de infraestructura o servicios que afectan a cada zona.

Para garantizar que la reunión sea ordenada y que todos los vecinos que quieran hablar puedan hacerlo, el Concejo implementará un sistema de inscripción previa: con una semana de anticipación a cada sesión, los vecinos podrán presentar una nota en la sede donde se realice el encuentro para anotarse y tomar la palabra. Quienes se anoten tendrán la palabra garantizada; el orden de las intervenciones se definirá en base a esa lista.

El Ejecutivo, en la misma sala

Uno de los elementos más significativos del programa es la presencia del Ejecutivo Municipal en cada sesión barrial. Según confirmó Barcala, en los encuentros participarán el Intendente, la Secretaria de Gobierno y los secretarios de Servicio y Obras Públicas. La lógica es que los problemas que surjan de la escucha vecinal encuentren una respuesta directa en la misma reunión, sin necesidad de trasladar los reclamos por vías intermedias.

«Ya van a estar los Secretarios, el Intendente… la idea es escuchar y tratar de ser intermediario con el Ejecutivo de problemáticas en general de los vecinos», señaló el presidente del Concejo Municipal. La convocatoria a instituciones barriales —escuelas, iglesias, clubes— que puedan prestar o facilitar el espacio para cada encuentro es parte del esquema que el cuerpo legislativo está terminando de organizar esta semana.

La primera sesión del ciclo está confirmada para el lunes 11 de mayo en la Escuela 1005 del barrio Víctor Arrudi. En los próximos días el Concejo habilitará el sistema de inscripción para que los vecinos del barrio que quieran participar y hacer uso de la palabra puedan anotarse con anticipación.

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECH) presentó el 24 de abril ante la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados provincial un rechazo categórico al Proyecto de Ley N° 303/2026 del Poder Ejecutivo, que propone que las licencias gremiales de los empleados estatales —incluidos los docentes— pasen a ser sin goce de haberes. El documento, firmado por la secretaria general Rosa M. Petrovich y el secretario adjunto primero Raúl A. Collazo, fue ingresado formalmente al cuerpo legislativo a través de Mesa de Entradas.

El proyecto oficial, presentado en marzo por el ministro de Gobierno Julio Ferro junto al bloque Chaco Puede, plantea que las licencias para representantes sindicales sean sin goce de haberes, de manera que el Estado deje de asumir el pago del 100% del salario mientras dure la licencia, con un ahorro estimado de 200 millones de pesos mensuales para las arcas provinciales. Ferro lo definió como «una medida razonable» bajo el argumento de que «no hay que pagar a quien no trabaja».

Los argumentos de ATECH contra el proyecto

El comunicado de ATECH identifica el PL 303/2026 como una iniciativa que se inscribe en una lógica de desfinanciamiento sindical, no de racionalización del gasto. El gremio sostiene que el proyecto busca debilitar a las organizaciones que nuclean a los empleados del Estado provincial, quitándoles a los representantes gremiales los aportes jubilatorios y la cobertura de la Obra Social provincial durante el período de la licencia, lo que generaría una diferenciación con el resto de los afiliados y vulneraría el principio de igualdad consagrado en el estatuto sindical.

En términos jurídicos, ATECH argumenta que la iniciativa contradice los artículos 30° y 32° de la Constitución Provincial del Chaco, que reconocen los derechos sindicales y las licencias gremiales con goce de haberes, así como las leyes 645 A y 647 E —Estatuto del Docente— que regulan específicamente esas licencias en el ámbito educativo. El gremio también señala el artículo 87 del Estatuto del Docente, incorporado a la Constitución Provincial en 1994 a propuesta de la propia ATECH, como respaldo normativo directo.

Sobre los cinco fundamentos que el Ejecutivo provincial incluyó en el proyecto para justificarlo, ATECH los rebate uno por uno. Sostiene que los salarios son inversiones y no deben considerarse «gastos»; que no existe conflictividad laboral vinculada al régimen actual que justifique la reforma; que lejos de consolidar derechos, el proyecto los vulnera; que las relaciones laborales no se estabilizan suprimiendo derechos sino garantizándolos; y que la previsibilidad jurídica, de aprobarse la norma, empeoraría y no mejoraría.

El antecedente de los aportes retenidos

Uno de los párrafos más duros del comunicado introduce un antecedente que el gremio considera una prueba de la intención real del Ejecutivo: ATECH denuncia que el propio Estado Provincial ya retuvo de forma indebida los aportes sindicales del sector pasivo durante seis y siete meses, utilizando esos fondos financieramente durante ese lapso, en lo que califica como una violación directa del artículo 32 de la Constitución Provincial. El episodio, según el gremio, anticipa el tipo de consecuencias que tendría la aprobación del proyecto.

El pedido al cuerpo legislativo

En el cierre del documento, ATECH invita a los legisladores chaqueños a repasar los debates parlamentarios de los años 90 y 91 que culminaron en la sanción unánime de la Ley 3529 —actual Estatuto del Docente, Ley 647 E—, donde se garantizaron las licencias gremiales con goce de haberes como parte del fortalecimiento de la democracia. El gremio se pone a disposición de la comisión para ampliar los fundamentos del rechazo y confirma que el documento fue presentado en conjunto con el arco gremial docente y otras organizaciones sindicales de trabajadores estatales, tal como había ocurrido ya en la presentación realizada ante todos los bloques legislativos el 7 de marzo de 2026.

El PL 303/2026 forma parte de un paquete legislativo más amplio que el bloque Chaco Puede buscó avanzar en la Legislatura provincial, junto a un proyecto de recupero de gastos en salud para extranjeros sin residencia legal y la denominada Ley de Reiterancia, vinculada a la política de seguridad provincial.