Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que el 37,5% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina —casi 4 de cada 10— no pudo acceder a ropa o calzado nuevo por falta de dinero durante el último año. El dato expone una dimensión de la pobreza infantil que va más allá del acceso a los alimentos y la vivienda.

El reporte expuso que la vestimenta se consolidó como la privación con la mayor brecha de desigualdad socioeconómica del país: afecta al 58,3% de los chicos de sectores muy bajos, una cifra que triplica el 17,8% registrado en los niveles medios-altos, una diferencia de más de 40 puntos porcentuales.

Impacto en el aprendizaje y la salud emocional

El estudio también relevó otras tres dimensiones de privación material. El 36,8% de los chicos presentó dificultades en el aprendizaje escolar, el 27,3% tuvo problemas para hacer amigos y el 18,1% atravesó situaciones de malestar emocional, lo que muestra que las carencias económicas también repercuten en la socialización y el bienestar de niños y adolescentes.

El rol de las transferencias estatales

El informe destacó que prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar explican más del 90% de la reducción de la pobreza infantil atribuible a las transferencias de ingresos, y entre el 97% y el 98% de la contención de la indigencia extrema. En la primera infancia, de 0 a 3 años, programas específicos como el Plan 1.000 Días contribuyeron a que ese grupo registre sistemáticamente la menor tasa de pobreza de la serie analizada.

Según el ODSA, en 2026 la cobertura de la canasta alimentaria por parte de estas ayudas se recuperó y se ubicó entre el 39% y el 62%, por encima de los niveles de entre el 12% y el 28% registrados en 2024. Aun así, el estudio calculó que, sin esa red de protección estatal, la indigencia infantil pasaría del 9,5% al 16,4%, y la pobreza subiría del 42,5% al 47,8%.

Una pobreza infantil que persiste

El informe señaló que la pobreza infantil alcanzó su máximo histórico en 2024, al ubicarse en 70,4%, y que, si bien descendió, en 2026 todavía alcanza a más de 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (42,5%), mientras que la indigencia afecta a 1 de cada 10 (9,5%). El ODSA remarcó además que creció la «infantilización de la pobreza», ya que los hogares con niños registran de manera sistemática tasas de pobreza más altas que los hogares sin niños, con mayor incidencia en los hogares monomarentales y en la región del NEA. Por su parte, UNICEF proyecta que la pobreza infantil podría ubicarse en el 44,4% durante el primer semestre de 2026, con una indigencia del 10,8%.

El Gobierno nacional asegura que está cerca de conseguir los votos para suspender las PASO y buscará darle media sanción en septiembre. En La Libertad Avanza calculan un piso de unos 35 votos en la Cámara Alta y creen que con dos apoyos adicionales pueden consolidar una mayoría, en un Senado donde la reforma electoral quedó frenada desde abril.

La estrategia oficialista se concentra en acuerdos con el PRO y la UCR en distintos distritos, y contempla negociaciones con gobernadores por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y obras públicas. Según trascendió, la conducción de La Libertad Avanza trabaja sobre entendimientos en CABA, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut y Santa Fe.

Suspensión antes que eliminación definitiva

Ante la dificultad de reunir la mayoría especial necesaria para eliminar las PASO de manera definitiva, el oficialismo evalúa repetir la fórmula aplicada en 2025 y avanzar únicamente con una suspensión transitoria para el turno electoral de 2027. La eliminación de las primarias requiere una mayoría absoluta de 37 votos sobre los 72 senadores que integran la Cámara Alta, un número que hasta el momento el oficialismo no logró garantizar de manera definitiva.

Entre los gobernadores que se mostraron más abiertos a discutir la propuesta figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), aunque ninguno selló hasta el momento un acuerdo formal con la Casa Rosada que garantice los votos de sus legisladores en el Senado.

Una agenda ligada al Presupuesto 2027

La discusión por las PASO se da en paralelo a la negociación por el Presupuesto 2027, que el Presidente deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre, y que el oficialismo evalúa utilizar como parte de un esquema más amplio de acuerdos con los gobernadores. Desde el Gobierno buscan evitar convocar a sesiones extraordinarias y concentrar todo el trámite legislativo antes de que termine noviembre.

El Gobierno nacional reglamentó el cobro de la atención médica a extranjeros sin residencia permanente en los hospitales administrados por el Estado nacional. La medida se oficializó mediante la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, firmada por el ministro Mario Lugones y publicada este martes en el Boletín Oficial, y comenzará a regir a partir del 12 de agosto.

La normativa reglamenta las modificaciones que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025 había introducido en el artículo 8 de la Ley de Migraciones, y establece un procedimiento operativo único para todos los establecimientos sanitarios dependientes del Estado nacional, con el objetivo declarado de unificar los criterios de atención y de recuperación de costos.

Cómo funcionará el sistema de cobro

Según la resolución, las personas extranjeras que residan de manera permanente en el país continuarán recibiendo la misma atención que los ciudadanos argentinos, acreditando su condición mediante la presentación del DNI. Para quienes no tengan residencia permanente, la normativa fija dos mecanismos posibles: si la persona cuenta con un seguro de salud, el hospital podrá facturar directamente a la compañía aseguradora; si no tiene cobertura, deberá abonar el servicio de manera previa, de acuerdo con los mecanismos que establezca cada establecimiento.

Las emergencias quedan exceptuadas

La reglamentación deja expresamente fuera del nuevo régimen todas las situaciones de emergencia. Esto significa que ninguna persona extranjera, independientemente de su situación migratoria, podrá ver negada o demorada la atención cuando exista un riesgo cierto e inminente para la vida, un órgano o una función vital, como paros cardiorrespiratorios, infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves o intoxicaciones, entre otros cuadros contemplados.

Un antecedente en Salta

La medida se suma a experiencias ya implementadas a nivel provincial, como la de Salta, que desde 2024 aplica el cobro de la atención médica a extranjeros sin residencia en sus hospitales públicos. La reglamentación nacional forma parte de un conjunto de iniciativas que el Gobierno viene impulsando en materia migratoria desde mediados de 2025, y que ya había generado la exclusión, semanas atrás, de un capítulo similar en el debate por la Ley de Propiedad Privada en el Senado.