El presidente del Concejo Municipal de Charata, Alejandro Barcala, respondió a las declaraciones del concejal del Frente Chaqueño, Carlos Fedorchuk, quien había señalado represalias del oficialismo hacia el bloque opositor en medio del tratamiento legislativo de la ejecución de un fallo judicial contra el Municipio. «Esto es parte un poco del juego de su lado», sostuvo Barcala en declaraciones a STC.

La versión sobre los contratos PAM

Barcala explicó que, al asumir la gestión, encontraron 890 contratos PAM vigentes, que se redujeron a entre 530 y 550 durante marzo y abril, tras un proceso de regularización. Luego, ante pedidos de distintas escuelas e instituciones, la cifra volvió a subir a más de 600 contratos, hasta que el intendente pidió achicar nuevamente el número, en el marco de las gestiones vinculadas al juicio millonario que enfrenta el Municipio. Según el edil, la revisión apuntó a contratos que consideraron «compromisos políticos» antes que necesidades institucionales concretas, y negó que la medida esté dirigida específicamente contra el bloque opositor.

La reducción de personal en los bloques

Respecto del personal de los bloques legislativos, Barcala señaló que durante varios años el Concejo funcionó con un secretario por cada bloque, mientras que actualmente el Frente Chaqueño cuenta con cuatro personas de apoyo -entre planta, asesor legal, secretario de bloque y auxiliar- además de los cuatro concejales. El oficialismo, en cambio, sostiene su bloque con una sola secretaria. Barcala recordó un antecedente similar durante la gestión de la entonces intendenta María Luisa Chomiak, en 2016, cuando se redujo el personal de apoyo de ambos bloques a un secretario cada uno, y remarcó que la actual revisión busca ordenar los números del Concejo sin generar déficit.

El estado del dictamen sobre el juicio

Sobre el tratamiento del fallo judicial, Barcala precisó que el oficialismo ya emitió su propio dictamen, en el que contempla la cesión de los cinco terrenos en dación de pago, condicionado al informe que emita el Tribunal de Cuentas. Según explicó, si ese organismo determinara que la cesión no es viable, la decisión volvería a comisión para continuar trabajándose. El edil remarcó que existe un plazo fijado por el abogado de la parte demandante, tras el cual podría iniciarse la instancia de remate, y sostuvo que la oposición, a diferencia del oficialismo, todavía no presentó su propio dictamen sobre el tema.

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La concejal Silvia Oger, del Frente Chaqueño, se pronunció sobre el juicio que enfrenta el Municipio de Charata y fijó su postura respecto a la situación financiera e institucional que atraviesa la comuna, a raíz de una demanda judicial que deberá ser saldada en los próximos días. En sus declaraciones, la edil analizó el impacto económico que tendrá este pago en las arcas municipales y remarcó la importancia de transparentar los procesos para llevar tranquilidad a los vecinos.

Oger explicó que, desde la oposición, solicitaron un informe con dictamen jurídico al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Según señaló, aunque el Municipio cuenta con autonomía para gestionar este tipo de instrumentos legales, esa autonomía no garantiza que el procedimiento se realice correctamente, y remarcó que, si el Tribunal detectara irregularidades en una revisión futura, quienes deberían responder con su patrimonio personal serían los propios concejales que firmen la ordenanza.

Un juicio que arrastra desde 2009

La concejal sostuvo que se trata de un juicio que viene desde el año 2009, con un monto que supera los 300 millones de pesos en concepto de honorarios profesionales. Según indicó, la parte demandante, Kurt-Rach y remarcó que la Municipalidad perdió el juicio y debe afrontar el pago tras años sin resolución.

Oger aclaró que la demora en la definición del bloque no responde a una falta de trabajo, sino a la necesidad de contar con certeza y prudencia antes de firmar un documento de esta magnitud, y remarcó que esa postura también fue conversada con concejales del oficialismo.

Condicionada a la respuesta del Tribunal

Consultada sobre si el bloque acompañaría la decisión en caso de que el Tribunal de Cuentas garantice que no habrá problemas a futuro, Oger respondió que la definición del voto dependerá del informe que llegue desde ese organismo de contralor, encargado de evaluar si el procedimiento resulta correcto tratándose de sumas millonarias.

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El concejal del Frente Chaqueño, Carlos Fedorchuk, habló del tratamiento de la sentencia contra el Municipio de Charata por el juicio de la Quinta Kurt Rach. El edil se refirió al conflicto por la demanda millonaria que enfrenta el Municipio y sostuvo que la oposición no acompañará una decisión «a ciegas» sin contar antes con garantías jurídicas.

Según relató Fedorchuk, el juicio tiene sentencia firme desde 2014 y no pudo resolverse durante las gestiones que se sucedieron desde entonces. El concejal afirmó que, hace aproximadamente un año y medio, el intendente Rubén Rach y su equipo de asesores tuvieron la posibilidad de depositar judicialmente el monto adeudado para cerrar un acuerdo entre partes, y consideró que no haberlo hecho en ese momento fue un error que derivó en la actual sentencia de remate por 320 millones de pesos.

El pedido de garantías al Tribunal de Cuentas

El edil explicó que su bloque espera un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la posibilidad de entregar cinco terrenos como parte del acuerdo, antes de definir su voto. «Queremos tener la seguridad de que lo que vamos a firmar está bien», señaló, y remarcó que los concejales buscan una garantía formal de que no se verá afectado su patrimonio personal en caso de aprobar la dación de los terrenos, que se encuentran ubicados a pocos metros del centro de la ciudad.

Críticas a la relación con el Ejecutivo

Fedorchuk también lanzó críticas al Ejecutivo municipal. «La metodología que están utilizando no es la adecuada», afirmó, y agregó que su bloque se siente «apretado» en la negociación. Según el concejal, en las últimas semanas se dieron de baja contratos del Programa de Asistencia (PAN/PAM) vinculados a personas relacionadas con su bloque, que se desempeñaban como porteros en escuelas y asistentes en iglesias, y también se estarían analizando recortes de asesores. «Tanta casualidad que sea gente vinculada a nuestro bloque me parece que no es la vía», expresó.

El edil mencionó además una serie de proyectos impulsados por la oposición que, según sostuvo, no avanzaron o no fueron ejecutados, entre ellos la Guitarreada de Octubre e iniciativas vinculadas a calles, murales y reconocimientos culturales. «No hay diálogo, no hay consenso, no hay apertura», cuestionó, y reclamó una instancia de conversación directa con el Ejecutivo antes de resolver una cuestión que consideró sensible para las finanzas municipales.

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