El senador nacional y exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, participó de un acto en Lanús, provincia de Buenos Aires, en el marco de un debate junto al intendente local, Julián Álvarez, y el dirigente Edgardo Depetri, bajo el título «Movimiento nacional y popular: los desafíos del peronismo».

Durante su intervención, Capitanich sostuvo que la Argentina necesita un presidente que no responda a intereses ajenos al pueblo, y afirmó que «la libertad sin justicia social es la esclavitud de la mayoría». El senador remarcó la necesidad de recuperar la justicia social y de construir, según sus palabras, desde el amor y no desde el odio.

Un llamado a la unidad del peronismo

El senador chaqueño planteó que el peronismo necesita dejar atrás las divisiones internas y construir un programa común, y sostuvo que un gobierno nacional y popular no puede negociar con la inflación, sino que requiere estabilidad monetaria, política industrial, empleo e infraestructura. Capitanich remarcó que hace falta, en sus palabras, «un liderazgo capaz de construir sobre la base de las coincidencias».

Citando al expresidente Juan Domingo Perón, el senador señaló que no se puede lograr la grandeza de la Patria a costa de la felicidad del pueblo, y afirmó que la Argentina necesita un pueblo alegre y feliz para construir soberanía política, independencia económica y justicia social. Capitanich agradeció a Julián Álvarez, a Edgardo Depetri y a los presentes por recibirlo en Lanús.

El presidente del Concejo Municipal de Charata, Alejandro Barcala, respondió a las declaraciones del concejal del Frente Chaqueño, Carlos Fedorchuk, quien había señalado represalias del oficialismo hacia el bloque opositor en medio del tratamiento legislativo de la ejecución de un fallo judicial contra el Municipio. «Esto es parte un poco del juego de su lado», sostuvo Barcala en declaraciones a STC.

La versión sobre los contratos PAM

Barcala explicó que, al asumir la gestión, encontraron 890 contratos PAM vigentes, que se redujeron a entre 530 y 550 durante marzo y abril, tras un proceso de regularización. Luego, ante pedidos de distintas escuelas e instituciones, la cifra volvió a subir a más de 600 contratos, hasta que el intendente pidió achicar nuevamente el número, en el marco de las gestiones vinculadas al juicio millonario que enfrenta el Municipio. Según el edil, la revisión apuntó a contratos que consideraron «compromisos políticos» antes que necesidades institucionales concretas, y negó que la medida esté dirigida específicamente contra el bloque opositor.

La reducción de personal en los bloques

Respecto del personal de los bloques legislativos, Barcala señaló que durante varios años el Concejo funcionó con un secretario por cada bloque, mientras que actualmente el Frente Chaqueño cuenta con cuatro personas de apoyo -entre planta, asesor legal, secretario de bloque y auxiliar- además de los cuatro concejales. El oficialismo, en cambio, sostiene su bloque con una sola secretaria. Barcala recordó un antecedente similar durante la gestión de la entonces intendenta María Luisa Chomiak, en 2016, cuando se redujo el personal de apoyo de ambos bloques a un secretario cada uno, y remarcó que la actual revisión busca ordenar los números del Concejo sin generar déficit.

El estado del dictamen sobre el juicio

Sobre el tratamiento del fallo judicial, Barcala precisó que el oficialismo ya emitió su propio dictamen, en el que contempla la cesión de los cinco terrenos en dación de pago, condicionado al informe que emita el Tribunal de Cuentas. Según explicó, si ese organismo determinara que la cesión no es viable, la decisión volvería a comisión para continuar trabajándose. El edil remarcó que existe un plazo fijado por el abogado de la parte demandante, tras el cual podría iniciarse la instancia de remate, y sostuvo que la oposición, a diferencia del oficialismo, todavía no presentó su propio dictamen sobre el tema.

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La concejal Silvia Oger, del Frente Chaqueño, se pronunció sobre el juicio que enfrenta el Municipio de Charata y fijó su postura respecto a la situación financiera e institucional que atraviesa la comuna, a raíz de una demanda judicial que deberá ser saldada en los próximos días. En sus declaraciones, la edil analizó el impacto económico que tendrá este pago en las arcas municipales y remarcó la importancia de transparentar los procesos para llevar tranquilidad a los vecinos.

Oger explicó que, desde la oposición, solicitaron un informe con dictamen jurídico al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Según señaló, aunque el Municipio cuenta con autonomía para gestionar este tipo de instrumentos legales, esa autonomía no garantiza que el procedimiento se realice correctamente, y remarcó que, si el Tribunal detectara irregularidades en una revisión futura, quienes deberían responder con su patrimonio personal serían los propios concejales que firmen la ordenanza.

Un juicio que arrastra desde 2009

La concejal sostuvo que se trata de un juicio que viene desde el año 2009, con un monto que supera los 300 millones de pesos en concepto de honorarios profesionales. Según indicó, la parte demandante, Kurt-Rach y remarcó que la Municipalidad perdió el juicio y debe afrontar el pago tras años sin resolución.

Oger aclaró que la demora en la definición del bloque no responde a una falta de trabajo, sino a la necesidad de contar con certeza y prudencia antes de firmar un documento de esta magnitud, y remarcó que esa postura también fue conversada con concejales del oficialismo.

Condicionada a la respuesta del Tribunal

Consultada sobre si el bloque acompañaría la decisión en caso de que el Tribunal de Cuentas garantice que no habrá problemas a futuro, Oger respondió que la definición del voto dependerá del informe que llegue desde ese organismo de contralor, encargado de evaluar si el procedimiento resulta correcto tratándose de sumas millonarias.

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