El presidente del Concejo Municipal de Charata, Alejandro Barcala, se refirió al tratamiento de una sentencia firme por una demanda judicial iniciada en 2009 contra el Municipio de Charata. El Ejecutivo y el cuerpo legislativo debaten alternativas para poder hacer frente al millonario juicio, que ronda los 320 millones de pesos.

Según explicó Barcala, el embargo ya se encuentra realizado sobre cinco terrenos municipales, pero su remate no alcanzaría a cubrir la totalidad del monto reclamado. Por esa razón, el Municipio debería afrontar de manera adicional entre 120 y 130 millones de pesos para saldar la deuda derivada del juicio, correspondiente a honorarios profesionales.

Un juicio que se arrastra desde 2009

El titular del Concejo remarcó que se trata de una causa que no se originó en la actual gestión, sino en 2009, durante la administración de Tejedor, y que las gestiones posteriores tampoco lograron resolverla. Barcala sostuvo que, más allá de ese origen, la actual gestión asumió la responsabilidad de buscar una salida que permita cuidar esos fondos para la comunidad.

La posibilidad de ceder los terrenos embargados

Según indicó, el Concejo Municipal tiene la autonomía para ceder los cinco terrenos embargados, una facultad que requiere una mayoría absoluta de seis votos y que no necesitaría, en principio, un dictamen previo del Tribunal. Sin embargo, ante el pedido de un informe adicional solicitado por la comisión y por el otro bloque del Concejo, se decidió remitir la consulta al Tribunal, cuya respuesta podría demorar algunos días.

Barcala señaló que existe un plazo acotado, ya que entre el 15 y el 20 de agosto podría iniciarse la instancia judicial que resta para avanzar con el remate, y remarcó que el paso del tiempo incrementa los intereses de la deuda, que pasó de 314 a 326 millones de pesos en las últimas semanas. El funcionario reconoció que afrontar un juicio de esta magnitud no es una situación sencilla para la gestión, en momentos en que el pago mensual de sueldos municipales supera los 500 millones de pesos.

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La concejal Paola Gauna, del bloque Frente Chaqueño, pidió al presidente del Concejo Municipal de Charata, Alejandro Barcala, y al Ejecutivo municipal que intervenga ante los problemas que, según señaló, afectarían a la Residencia de Adultos Mayores (RAM) de la ciudad.

Durante la sesión, Gauna afirmó que el termotanque y el lavarropas del establecimiento no estarían funcionando, que habría poca mercadería disponible y cuestionó la alimentación que reciben las personas alojadas. La edil explicó que, tras recibir versiones sobre la situación, decidió averiguar por su cuenta y que ese mismo día había estado en la residencia y hablado con una familiar de una de las personas alojadas.

Testimonios de familiares

Según relató la concejal, le indicaron que los residentes cuentan con pocas mantas y que la carne no se les estaría ofreciendo con regularidad. Gauna remarcó que, más allá de la situación económica general, el Municipio debe garantizar condiciones dignas para los adultos mayores alojados en la institución, y pidió al presidente del Concejo que traslade el reclamo al Ejecutivo municipal.

Un pedido de intervención

La concejal solicitó que se disponga algún tipo de intervención en el lugar y que, posteriormente, se informe a los concejales sobre lo actuado, además de manifestar su interés en poder visitar a los residentes de la RAM. Hasta el momento, no se conoció una respuesta pública del Ejecutivo municipal sobre el planteo realizado por Gauna en la sesión.

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El Municipio de Charata comenzó la segunda etapa de la instalación de reductores de velocidad, una medida que busca disminuir la velocidad de circulación y prevenir accidentes de tránsito en la ciudad. El intendente Rubén Rach estuvo en el lugar y habló con la prensa sobre los alcances de la obra.

Rach confirmó que se realizó una nueva compra de reductores, que llegó en los últimos días, y explicó que la intersección de calle Juramento y Lavalle fue elegida por tratarse de un cruce peligroso, donde se registraron accidentes recientes, uno de ellos fatal. «La idea y la finalidad es preservar la vida sobre todas las cosas y evitar que tengamos cualquier tipo de accidente», señaló el intendente, quien remarcó que la colocación de reductores no busca complicarle la circulación a nadie, sino cuidar a los vecinos.

Resultados en los primeros 60 días

El intendente indicó que, en los lugares donde ya se colocaron reductores, hace unos 60 días, se notó que la medida da resultado, ya que quienes circulan en auto o en moto deben reducir la velocidad para pasar. Rach explicó que la elección de los lugares no es al azar, sino que se priorizan sectores como frente a instituciones educativas y cruces conflictivos que requieren algún tipo de intervención.

Una solución reversible

El intendente también destacó una particularidad del sistema utilizado: a diferencia de los tradicionales lomos de burro de cemento, los nuevos reductores se colocan con bulones adaptados, lo que permite retirarlos y reutilizarlos en otro lugar si no dan el resultado esperado, sin perder la inversión realizada.

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