La sesión especial convocada por la oposición para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni se cayó este martes en la Cámara de Diputados por falta de quórum. A las 14:31, el presidente del cuerpo, Martín Menem, dio por finalizada la reunión: apenas 117 legisladores estaban sentados en sus bancas, doce menos de los 129 necesarios para abrir el recinto. El PRO, la UCR, el bloque MID y la mayoría de los bloques provinciales dialoguistas no bajaron al recinto, en cumplimiento de un acuerdo político tejido durante las 48 horas previas con el propio Menem. Entre los ausentes estuvieron también los legisladores vinculados al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, que optaron por no participar de la sesión alineándose con los aliados del oficialismo.

La maniobra del Gobierno fue diseñada en dos tiempos. El domingo a la noche, el diputado libertario Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocó formalmente a una reunión de esa comisión para el martes 30 de junio a las 15, donde se tratarán los seis expedientes vinculados al caso Adorni. El lunes, el oficialismo confirmó su propia sesión para el miércoles 24, con el Súper RIGI y el acuerdo de pago a los acreedores Bainbridge y Attestor como temario. La apertura de la comisión funcionó como moneda de cambio: el PRO y la UCR argumentaron que, dado que el tema ya tenía un canal institucional abierto, la sesión de este martes «dejó de tener sentido».

PRO y UCR: críticos de Adorni, pero ausentes del recinto

La postura de los bloques dialoguistas dejó al descubierto una contradicción política de magnitud. En los días previos, tanto el PRO como la UCR habían emitido declaraciones durísimas contra el jefe de Gabinete: el bloque amarillo publicó un comunicado oficial exigiéndole explicaciones por su incremento patrimonial, y referentes de la UCR sostuvieron públicamente que Adorni había mentido al Congreso y no estaba en condiciones de conducir el Estado. Sin embargo, este martes optaron por no presentarse al recinto. El costo político fue inmediato: la oposición dura los acusó de proteger a Adorni pese a haber dicho lo contrario. El diputado radical disidente Pablo Juliano fue uno de los más críticos con sus propios correligionarios: cuestionó que la UCR estuviese condenando a la Argentina a una crisis institucional al priorizar el acuerdo con el Gobierno sobre la exigencia de transparencia.

El debate constitucional de fondo también quedó abierto. La oposición sostiene que el artículo 101 de la Constitución, que regula la moción de censura para el jefe de Gabinete, tiene carácter operativo y que un pedido de interpelación podría votarse directamente en el recinto por mayoría absoluta, sin necesidad de pasar por comisión. El oficialismo rechaza esa interpretación y exige que el trámite cuente con dictamen o sea aprobado sobre tablas con una mayoría de dos tercios, umbral que la oposición está lejos de alcanzar.

El caso sigue vivo: Adorni deberá presentarse en el Senado el 2 de julio

Pese al triunfo táctico del oficialismo, la situación de Adorni dista de estar resuelta. El jefe de Gabinete ya tiene previsto presentarse el 2 de julio en el Senado para brindar su informe de gestión, instancia en la que también deberá responder preguntas de la oposición sobre su patrimonio. En la Cámara alta la discusión avanza con mayor intensidad: semanas atrás, un acuerdo entre bloques habilitó la posibilidad de avanzar con una interpelación sin necesidad de dictamen de comisión, y referentes del PRO en el Senado anticiparon que incluso podrían apoyar una moción de censura para remover a Adorni de su cargo. La oposición que sí bajó al recinto este martes —Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas y legisladores independientes— utilizó el tiempo de minoría para capitalizar políticamente el escándalo y anticipar que volverán a impulsar la interpelación en las próximas semanas.

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, visitó este martes la obra de las 53 viviendas que se construyen en el predio ubicado detrás del Barrio 4 de Octubre en Charata y brindó detalles precisos sobre el cronograma de entrega, los requisitos para postularse y la mecánica del sorteo. Como informó CharataChaco.Net en la nota sobre la recorrida del lunes encabezada por el intendente Rubén Rach, la obra ya se encuentra en etapa de obra gruesa con mampostería a la altura de tímpano. Berecoechea confirmó que la inversión total del gobierno provincial supera los 4.200 millones de pesos y que las obras avanzan a buen ritmo. Lo acompañaron el arquitecto Daniel Monti, vocal del instituto, la senadora nacional Silvana Schneider y el propio intendente Rach.

El presidente del IPDUV explicó que las 53 viviendas se entregarán en dos etapas. Las primeras 22 unidades estarán terminadas en diciembre de 2026, y el sorteo para adjudicarlas está previsto para octubre de este año. Las 31 viviendas restantes se terminarán a mediados de 2027, con un segundo sorteo estimado para el primer trimestre del año que viene. Berecoechea destacó que la obra representa dos años y medio de trabajo institucional para ordenar el organismo y conseguir los recursos financieros necesarios, y subrayó el rol de las gestiones del intendente Rach ante la provincia como factor determinante para que el proyecto se concretara.

Cómo inscribirse: online, desde el celular y en pocos minutos

La inscripción para acceder a las viviendas ya está disponible de manera online a través de la aplicación Tu Gobierno Digital. Berecoechea explicó que el trámite demanda apenas uno o dos minutos desde un celular: quienes ya están inscriptos en el IPDUV ingresan con su número de inscripción y actualizan la documentación; quienes se anotan por primera vez lo hacen con su número de documento y cargan los datos del grupo familiar. El presidente del organismo aclaró que, previo al sorteo, habrá una ventana de una semana a diez días específicamente habilitada para la actualización de datos y la incorporación de nuevas solicitudes, de modo que nadie quede fuera por no haber actualizado su legajo.

Los requisitos establecidos por el IPDUV para participar del sorteo son tres. En primer lugar, acreditar residencia en Charata durante al menos los dos últimos años contados desde la fecha del sorteo. En segundo lugar, demostrar ingresos suficientes del grupo familiar: Berecoechea estimó que el monto mínimo requerido para Charata rondará los 900.000 pesos mensuales, un valor que el organismo adapta a la realidad económica de cada localidad. En tercer lugar, no ser propietario de una vivienda privada, no ser propietario de un terreno baldío al cien por ciento y no haber recibido previamente ninguna ayuda habitacional por parte del Estado.

El sorteo: bolillero público, escribanos y verificación administrativa

Berecoechea describió en detalle cómo funcionará el sorteo. Se realizará de manera pública, con la participación de vecinos como testigos que se pararán al lado del bolillero, y con la presencia de escribanos del Instituto. El proceso se filmará en tiempo real y los datos de cada familia sorteada se cargarán automáticamente en pantalla a medida que salgan las bolillas. Una vez definidas las 22 familias ganadoras del primer sorteo, el IPDUV iniciará un proceso de verificación administrativa que incluye pedidos de informes al Registro de la Propiedad Inmueble, a Catastro de la provincia, al Municipio de Charata y a los propios registros del organismo. Solo quienes cumplan todos los requisitos verificados recibirán el apto y el gobernador Leandro Zdero les entregará la vivienda en el acto de ocupación. Las familias interesadas del Departamento Chacabuco pueden iniciar su inscripción desde ya en Tu Gobierno Digital sin necesidad de esperar la apertura del período de actualización.

El Concejo Deliberante de Charata celebró este lunes la Sesión Ordinaria N.º 84, en la que la concejal Paola Gauna, del bloque Frente Chaqueño, puso sobre la mesa la situación que atraviesan las personas con discapacidad afiliadas al INSSSeP en la ciudad. Gauna solicitó la intervención del presidente del cuerpo, Alejandro Barcala, ante la suspensión de prestaciones esenciales que afecta a uno de los sectores más vulnerables de la comunidad charatense.

La problemática que llevó Gauna al recinto tiene un trasfondo provincial de larga data. El Consejo de Instituciones de Atención a la Discapacidad del NEA (CIADNEA) había anunciado días atrás que suspendería la atención a afiliados del INSSSeP a partir de este lunes 22 de junio, tras dos años sin actualización de aranceles y con atrasos sistemáticos en los pagos por parte de la obra social estatal. Si bien el jueves 19 de junio las prestadoras depusieron la medida luego de una reunión con autoridades del INSSSeP y del IPRODICH, la situación de fondo permanece sin resolución definitiva y mantiene en estado de alerta a las familias que dependen de esas prestaciones en toda la provincia, incluyendo Charata.

Falta de medicamentos para afiliados al INSSSeP

La concejal planteó además dos problemáticas que se suman a la crisis asistencial: la falta de medicamentos para afiliados al INSSSeP y la escasez de profesionales de la salud en la ciudad. Ambas situaciones impactan directamente sobre la atención de quienes más dependen del sistema público y de la obra social provincial para acceder a tratamientos, controles y medicación.

El reclamo en el Concejo busca que las autoridades competentes —tanto del INSSSeP como del gobierno provincial— brinden respuestas concretas y urgentes. La solicitud de intervención del presidente del cuerpo abre la posibilidad de que el Concejo emita una comunicación formal dirigida al organismo provincial para exigir la regularización de los pagos a prestadores, la actualización de los aranceles y la garantía de continuidad en los tratamientos para las personas con discapacidad de Charata y el Departamento Chacabuco.

El acceso a la salud y a las prestaciones por discapacidad es un derecho garantizado por ley, y su interrupción —aunque sea temporaria— genera consecuencias directas sobre la calidad de vida de quienes no pueden discontinuar sus terapias, traslados o medicación sin poner en riesgo su bienestar. La intervención legislativa local se suma así a los reclamos que ya se registran en otros municipios chaqueños ante la misma problemática.