El exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime se presentó este martes ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) en Comodoro Py y negó haber recibido sobornos en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos. En su declaración, rechazó las acusaciones que lo vinculan con el esquema de pagos ilegales que investiga la Justicia desde 2018 y que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Jaime habló durante más de una hora pero anticipó al inicio que no respondería preguntas de los jueces ni de la fiscal Fabiana León, al argumentar que no dispone de «total acceso» al expediente, una estrategia que siguieron la mayoría de los imputados en audiencias previas.

El exfuncionario llegó a Comodoro Py desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena de seis años por la tragedia ferroviaria de Once. El Tribunal había rechazado previamente su pedido de declarar por videoconferencia desde la cárcel.

Cómo armó su defensa: extorsión, fotocopias y un pedido de careo

El eje central de la defensa de Jaime fue cuestionar la legitimidad de los testimonios de los empresarios que declararon como imputados colaboradores. En particular apuntó contra Aldo Roggio, quien confesó haber pagado mensualmente el 5% de los subsidios recibidos por la explotación de Metrovías, y contra Gabriel Romero, quien declaró haber abonado 600.000 dólares a cambio de un decreto que prorrogara la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, señalando a Jaime como interlocutor de esa operación.

Según el exfuncionario, esas acusaciones fueron realizadas «bajo la figura extorsiva utilizada por la instrucción» y calificó los aportes de los colaboradores como «falsedades totales». Negó haber recibido a Roggio en su despacho y afirmó que nunca se reunió con él. También solicitó un careo con los empresarios para confrontar versiones ante el tribunal, aunque no trascendió si el pedido fue admitido.

Sobre las pruebas documentales, Jaime restó validez a las anotaciones del chofer Oscar Centeno, uno de los pilares de la causa, al referirse a ellas como «fotocopias del señor Centeno» y sostener que ese material no tiene la solidez probatoria suficiente. Señaló que el único hecho que aparecería en esas anotaciones vinculado a su persona sería un pago del año 2010 relacionado con la Hidrovía, y lo formuló en potencial: «figuraría», recalcó dos veces.

Al concluir su declaración, Jaime planteó razones de salud —padece un carcinoma— y solicitó al tribunal ser trasladado a una cárcel en la provincia de Córdoba para estar cerca de su familia, además de reiterar su pedido de prisión domiciliaria por edad y enfermedades.

Schiavi siguió la misma línea

En la misma jornada declaró Juan Pablo Schiavi, quien ocupó la Secretaría de Transporte entre 2009 y 2012 como sucesor de Jaime. Siguió una línea defensiva idéntica: negó haber actuado como recaudador, cuestionó la cadena de custodia de los cuadernos originales y calificó las anotaciones de Centeno como «fotocopias inválidas». También rechazó los testimonios de empresarios que lo señalaron como recaudador de retornos vinculados a subsidios estatales, sosteniendo que esas declaraciones fueron obtenidas bajo presión.

Schiavi fue condenado en 2015 por administración fraudulenta y estrago culposo en el marco de la tragedia de Once, con una pena que luego fue reducida. Obtuvo la libertad condicional en 2021 tras permanecer detenido en Ezeiza.

El jueves declara José López

El juicio oral por la causa Cuadernos continúa esta semana. El jueves 30 de abril le tocará el turno a José López, exsecretario de Obras Públicas, quien declarará en calidad de imputado colaborador. A diferencia de Jaime y Schiavi, López confesó ante la Justicia el funcionamiento interno del esquema de recaudación ilegal y señaló directamente a los niveles más altos de la jerarquía gubernamental como organizadores del sistema. Su figura quedó marcada en la memoria pública en 2016, cuando fue detenido en un convento de General Rodríguez mientras intentaba ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares en efectivo.

El intendente de Charata, Rubén Rach, anunció la construcción de 53 viviendas en la ciudad a través del Instituto Provincial de Vivienda del Chaco. El acuerdo se alcanzó luego de gestiones sostenidas del intendente ante el organismo provincial y representa, según sus propias palabras, el número más importante de viviendas que se construirán en la localidad en varios años. La ejecución está prevista en dos etapas: aproximadamente 26 unidades durante 2026 y las restantes 27 en 2027.

Las viviendas se levantarán en el predio ubicado detrás del barrio 4 de Octubre, el mismo terreno que la gestión anterior había destinado a un plan habitacional mediante una ordenanza que cedía el inmueble municipal al Instituto Provincial de Vivienda. Esa ordenanza, aprobada en 2022, tenía un plazo de dos años que venció sin que el proyecto se concretara, por lo que la titularidad del predio volvió automáticamente al municipio.

El Concejo aprobó por unanimidad la prórroga del predio

Para habilitar la nueva etapa, el intendente Rach solicitó al Concejo Deliberante una prórroga de aquella cesión original. El cuerpo deliberativo aprobó la medida por unanimidad y el municipio aguarda que baje la ordenanza para remitirla formalmente al Instituto Provincial de Vivienda y dar inicio al proceso administrativo que permita avanzar en la licitación y construcción.

El propio intendente explicó el recorrido de las gestiones: «Las veces que tengo que ir a Resistencia por agenda, muchas de esas veces pasé por el instituto justamente para poder avanzar. Hemos llegado ya hace unos días atrás a un consenso y se van a realizar en principio 53 viviendas para nuestra ciudad, que creo que es un número muy importante, dado a que hace varios años no se construyeron viviendas o por lo menos un número importante dentro de nuestra localidad.»

Rach también contextualizó el anuncio dentro del escenario económico actual: «En un contexto económico adverso, que esa es la realidad, venimos trabajando», subrayando que el avance del proyecto es resultado de una gestión persistente ante el organismo provincial desde el inicio de su mandato.

Un predio con historia y un proyecto que retoma impulso

El terreno detrás del 4 de Octubre ya tenía antecedentes como posible localización de un plan habitacional, pero la iniciativa previa no prosperó dentro del plazo que fijaba la ordenanza de cesión. Con la prórroga aprobada por el Concejo, el proyecto retoma impulso bajo una nueva coordinación entre el municipio y el IPDUV, con plazos de ejecución definidos y un cronograma que distribuye la construcción en dos años consecutivos.

El anuncio de las 53 viviendas es el primero de esta escala en Charata en un período prolongado, lo que le otorga peso político y social al acuerdo alcanzado. Para los municipios del interior chaqueño, el acceso a financiamiento habitacional del instituto provincial es uno de los canales más directos para ampliar la oferta de vivienda social, especialmente en contextos donde el crédito privado resulta inaccesible para gran parte de la población.

El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores de las nacionales a presentar un plan de contingencia para garantizar el dictado de clases, en medio de una semana de paro docente y nodocente que mantiene sin actividad a la mayoría de las casas de estudio del país. En el Chaco, la medida afecta directamente a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y a la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ambas adheridas al plan de lucha nacional.

La intimación llega mientras el Gobierno lleva cinco meses incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso en noviembre de 2025 y promulgada por el propio Ejecutivo. La norma obliga a actualizar los fondos para salarios docentes y nodocentes, gastos de funcionamiento y becas, pero la transferencia nunca se realizó.

Capital Humano apunta a rectores y gremios

Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello indicaron que observan «con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica» que se registra en universidades de todo el país. El ministerio pidió a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan recuperar el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que los estudiantes no pierdan la regularidad ni las mesas de examen.

A ese comunicado de Pettovello se sumó una circular del Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en la que se intima a los rectores a cumplir con el dictado de clases bajo condición de apercibimiento y con advertencia de revisión de los recursos que actualmente se envían a las casas de estudios superiores destinados al sostenimiento pedagógico.

La respuesta universitaria no tardó en llegar. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, señaló que con la intimación el Ejecutivo reconoce por primera vez que el derecho a la educación no está garantizado en el país, e insistió en que las universidades permanecen abiertas gracias al esfuerzo de docentes y nodocentes. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, fue más directo: «No pueden intimar porque no conocen la autonomía universitaria», afirmó.

Qué incumple el Gobierno y cuánto le debe al sistema

El plan de lucha acumula cerca de 15 jornadas de paro docente y 10 días del sector nodocente. Las universidades atraviesan un ajuste del 45% de sus fondos, y los docentes y nodocentes acumulan una pérdida salarial equivalente a no haber cobrado siete sueldos en los últimos dos años, con 141 puntos perdidos contra la inflación en 28 meses.

Los gremios nacionales Conadu y Conadu Histórica rechazaron la propuesta oficial de un aumento del 12% en cuotas hasta octubre de 2026. Desde la Asociación Gremial Docente señalaron que el salario real se encuentra en su mínimo histórico, un 35,6% por debajo de noviembre de 2023, y que para cumplir con la Ley de Financiamiento el incremento debería ser del 55,4%.

Ante la resistencia judicial, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, luego de que la justicia exigiera el cumplimiento inmediato de esos puntos. La estrategia del Ejecutivo combina el frente judicial con gestiones parlamentarias para modificar la norma y reducir el monto que está obligado a transferir.

La UNNE y la UNCAUS, en paro esta semana en el Chaco

La protesta de esta semana afecta a la mayoría de las casas de estudios del país, entre ellas la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la del Chaco Austral (UNCAUS). Ambas instituciones sostienen el plan de lucha nacional que exige la plena aplicación de la ley sancionada por el Congreso.

El sector universitario ya tiene fecha para su próxima demostración de fuerza: el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con la Federación Universitaria Argentina y el Frente Gremial, convocaron a una marcha federal para el 12 de mayo bajo el eje del reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento sancionada por el Congreso. Será la cuarta movilización del sector desde que arrancó el conflicto en la actual gestión.