La Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH) y la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña alcanzaron un acuerdo que puso fin al proceso judicial que los enfrentaba desde febrero de este año. En el marco de ese entendimiento, la Justicia dispuso la restitución de los fondos que se encontraban afectados por medidas cautelares, dando por cerrado el litigio. La institución informó el resultado mediante un comunicado oficial en el que destacó el diálogo institucional como vía de resolución del conflicto.

El acuerdo llega dos meses después de que el Juzgado Correccional de Sáenz Peña ordenara un embargo preventivo por $1.890.691.105,07 contra la entidad bursátil, en el marco de una acción de amparo promovida por la gestión del intendente Bruno Cipolini. La medida fue dictada por el juez Carlos Augusto De Césare mediante la Resolución N° 15 del 25 de febrero de 2026.

El origen del conflicto: inversiones en el segmento no garantizado

El litigio tuvo su origen en la denuncia municipal que sostenía que la Bolsa de Comercio del Chaco, en su carácter de Agente de Liquidación y Compensación inscripto ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), había invertido fondos públicos en el segmento No Garantizado (NOGA) del Mercado Argentino de Valores (MAV) sin contar con instrucción ni autorización expresa del Municipio. La cuenta operaba bajo el perfil «Inversor Conservador», y la demanda alegaba que la modificación de ese perfil había derivado en la adquisición de cheques de pago diferido que luego no pudieron cobrarse, generando un perjuicio millonario para las arcas municipales.

Para conceder el embargo, el juez De Césare tuvo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado —la existencia de una relación operativa entre las partes desde 2019, la modificación del perfil de cuenta y las inversiones incompatibles con el carácter conservador pactado— y el peligro en la demora, asociado a la existencia paralela de causas penales e investigaciones de la CNV y del Tribunal de Cuentas provincial. El oficio fue librado al Banco Central para localizar y retener activos de la entidad en todo el país.

La Bolsa acató la medida y depositó los fondos a disposición del juzgado incluso antes de recibir formalmente el oficio judicial, aunque calificó la resolución como «infundada, arbitraria e injusta» y anticipó que la recurriría por las vías procesales correspondientes. En paralelo, el gerente general de la entidad, Julio Barrios Cima, compareció ante la Fiscalía Federal de Resistencia a cargo del fiscal Patricio Sabadini y solicitó continuar en libertad durante el proceso, negando irregularidades en las operatorias cuestionadas.

Qué dijo la Bolsa al cerrar el litigio

En el comunicado con el que informó el cierre del proceso judicial, la BCCH sostuvo que el resultado «constituye un paso significativo en la resolución de una situación que, durante su desarrollo, dio lugar a interpretaciones erróneas respecto a operatorias financieras específicas». La institución destacó que el acuerdo «no solo resguarda los recursos de la entidad, sino que también reafirma su accionar en el marco de la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes».

La entidad también señaló que la resolución del litigio le permitirá concentrar sus esfuerzos en el fortalecimiento del mercado de capitales local y regional, promoviendo condiciones de previsibilidad y confianza para todos los actores involucrados. La causa penal vinculada a las operatorias —que incluyó allanamientos en el municipio y en la sede de la Bolsa a comienzos de marzo— sigue su trámite por separado, bajo la órbita federal.

El intendente de Charata, Rubén Rach, anunció la construcción de 53 viviendas en la ciudad a través del Instituto Provincial de Vivienda del Chaco. El acuerdo se alcanzó luego de gestiones sostenidas del intendente ante el organismo provincial y representa, según sus propias palabras, el número más importante de viviendas que se construirán en la localidad en varios años. La ejecución está prevista en dos etapas: aproximadamente 26 unidades durante 2026 y las restantes 27 en 2027.

Las viviendas se levantarán en el predio ubicado detrás del barrio 4 de Octubre, el mismo terreno que la gestión anterior había destinado a un plan habitacional mediante una ordenanza que cedía el inmueble municipal al Instituto Provincial de Vivienda. Esa ordenanza, aprobada en 2022, tenía un plazo de dos años que venció sin que el proyecto se concretara, por lo que la titularidad del predio volvió automáticamente al municipio.

El Concejo aprobó por unanimidad la prórroga del predio

Para habilitar la nueva etapa, el intendente Rach solicitó al Concejo Deliberante una prórroga de aquella cesión original. El cuerpo deliberativo aprobó la medida por unanimidad y el municipio aguarda que baje la ordenanza para remitirla formalmente al Instituto Provincial de Vivienda y dar inicio al proceso administrativo que permita avanzar en la licitación y construcción.

El propio intendente explicó el recorrido de las gestiones: «Las veces que tengo que ir a Resistencia por agenda, muchas de esas veces pasé por el instituto justamente para poder avanzar. Hemos llegado ya hace unos días atrás a un consenso y se van a realizar en principio 53 viviendas para nuestra ciudad, que creo que es un número muy importante, dado a que hace varios años no se construyeron viviendas o por lo menos un número importante dentro de nuestra localidad.»

Rach también contextualizó el anuncio dentro del escenario económico actual: «En un contexto económico adverso, que esa es la realidad, venimos trabajando», subrayando que el avance del proyecto es resultado de una gestión persistente ante el organismo provincial desde el inicio de su mandato.

Un predio con historia y un proyecto que retoma impulso

El terreno detrás del 4 de Octubre ya tenía antecedentes como posible localización de un plan habitacional, pero la iniciativa previa no prosperó dentro del plazo que fijaba la ordenanza de cesión. Con la prórroga aprobada por el Concejo, el proyecto retoma impulso bajo una nueva coordinación entre el municipio y el IPDUV, con plazos de ejecución definidos y un cronograma que distribuye la construcción en dos años consecutivos.

El anuncio de las 53 viviendas es el primero de esta escala en Charata en un período prolongado, lo que le otorga peso político y social al acuerdo alcanzado. Para los municipios del interior chaqueño, el acceso a financiamiento habitacional del instituto provincial es uno de los canales más directos para ampliar la oferta de vivienda social, especialmente en contextos donde el crédito privado resulta inaccesible para gran parte de la población.

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó este martes el proceso de privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. a través de una normativa que establece la venta del material rodante y la concesión de la infraestructura ferroviaria. La medida, enmarcada en el plan de reforma del Estado, busca transferir la totalidad de la operación comercial y el mantenimiento de las redes a manos del sector privado para reducir el déficit operativo de la firma estatal.

En el primer párrafo del decreto se especifica que el proceso incluirá la enajenación de locomotoras y vagones, así como la transferencia del personal necesario para la continuidad del servicio. La decisión se fundamenta en la necesidad de modernizar el sistema de transporte de cargas y atraer inversiones que permitan mejorar la conectividad logística en el norte argentino, donde el Belgrano Cargas cumple un rol estratégico para la economía regional.

Venta de activos y esquema de concesión

El nuevo esquema diseñado por el Ministerio de Economía contempla que la infraestructura de vías permanezca bajo titularidad estatal, pero su administración y explotación queden sujetas a un sistema de concesión de acceso abierto. Bajo este modelo, el operador privado deberá abonar un canon al Estado por el uso de la ruta ferroviaria, mientras que la responsabilidad de las inversiones en seguridad y mantenimiento recaerá plenamente en los adjudicatarios.

Los pliegos de licitación, que se publicarán en las próximas semanas, priorizarán a aquellas empresas que presenten planes de inversión sostenibles a largo plazo. Desde el sector oficial señalan que el objetivo es alcanzar un estándar de eficiencia similar al de los países vecinos, permitiendo que la producción agroindustrial llegue a los puertos con menores costos logísticos, impactando positivamente en el Puerto de Barranqueras y otras terminales exportadoras.

Impacto en el personal y plazos previstos

Respecto a la situación laboral, las autoridades indicaron que los contratos de trabajo vigentes serán evaluados según los requerimientos operativos de las nuevas concesionarias. El Gobierno estima que la transición completa hacia la gestión privada demandará aproximadamente seis meses, periodo durante el cual se mantendrá un esquema de operación mínima garantizada por la actual estructura de la empresa.

Analistas del sector advierten que el éxito de la privatización del Belgrano Cargas dependerá de la estabilidad de las reglas de juego y de la capacidad de los nuevos operadores para rehabilitar ramales que hoy se encuentran fuera de servicio. Se espera que este cambio estructural dinamice el transporte de granos y minerales, sectores clave para el ingreso de divisas y la reactivación de las economías regionales del NEA y NOA.