Cada vez que la recaudación tributaria nacional cae y compromete la coparticipación federal, el Chaco lo siente antes que casi cualquier otra provincia del país. No es casualidad: el 86,7% de los ingresos provinciales del Chaco proviene de fondos de origen nacional la cuarta dependencia más alta de todo el país, apenas detrás de Formosa, La Rioja y Catamarca. En el nordeste argentino, esa fragilidad es estructural y compartida: Corrientes financia el 86,5% de su presupuesto con transferencias nacionales, Formosa el 90,5% y Misiones se ubica en niveles similares. El NEA es, en conjunto, la región más dependiente del país de la coparticipación federal.

Los números del primer bimestre de 2026 ilustran el problema con precisión. Las provincias argentinas dejaron de percibir $964.619 millones por la caída de la coparticipación federal en ese período. En el NEA, las pérdidas fueron de $45.337 millones para Chaco, $34.726 millones para Corrientes, $32.797 millones para Formosa y $31.832 millones para Misiones. En total, la región acumuló una merma de $144.692 millones en apenas dos meses, una sangría que golpea directamente la capacidad de pago de sueldos públicos, obras y servicios esenciales.

Una ley de 1988 que nadie reformó

El mecanismo que regula todo esto se llama Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, sancionada en 1988 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Nació como régimen transitorio: la reforma constitucional de 1994 estableció en su cláusula transitoria sexta que el Congreso debía aprobar una nueva ley antes de que finalizara 1996. Treinta años después, la norma provisoria sigue vigente sin modificaciones de fondo.

La ley establece una distribución primaria del 42,34% para la Nación y del 54,36% para las provincias, apartando un 2% para la recuperación del nivel relativo de desarrollo de las provincias más atrasadas y un 1% al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esos porcentajes se aplican sobre la masa de impuestos coparticipables, que incluye IVA, Ganancias, Bienes Personales y otros gravámenes nacionales, pero excluye los derechos de exportación e importación y los impuestos con afectación específica.

Cuánto le toca al Chaco de coparticipación federal y cómo se calculó

En la distribución secundaria —el reparto entre provincias— el Chaco recibe el 5% de la masa coparticipable destinada a las jurisdicciones, el quinto coeficiente más alto del país detrás de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Ese porcentaje fue calculado en 1985 a partir de tres variables: la población total de cada provincia, la densidad demográfica y la brecha de desarrollo. El problema es que esos datos tienen cuatro décadas de antigüedad.

No existen criterios demográficos o de extensión territorial actualizados para establecer este reparto. El resultado es un sistema que congela la fotografía de 1985 y la proyecta sobre una Argentina radicalmente distinta. Provincias que crecieron mucho en población y actividad económica desde entonces —como algunas del sur o el centro— reciben coeficientes que no reflejan su peso actual; el nordeste, por su parte, mantiene una participación nominal alta pero que en términos per cápita resulta insuficiente para financiar los servicios que tiene a cargo.

La brecha entre lo que se recauda y lo que se recibe

Uno de los datos más reveladores del sistema es la relación entre lo que cada jurisdicción aporta a la recaudación nacional y lo que recibe de vuelta. La Ciudad de Buenos Aires recibe apenas $11 de cada $100 recaudados en su territorio, lo que la convierte en la principal financiadora neta del sistema. En el extremo opuesto, provincias como Formosa, La Rioja y Chaco reciben varios veces lo que sus economías generan en términos de tributos nacionales.

Ese desequilibrio no es necesariamente injusto —el sistema tiene por mandato constitucional un componente redistributivo orientado a igualar el nivel de desarrollo— pero sí genera una dependencia que, como señaló la consultora Invecq, «hace que muchas provincias tengan pocos incentivos al desarrollo e inversión de la actividad privada, dependiendo exclusivamente de los recursos de la Nación».

El componente discrecional: ATN y fondos extrasistema

Por fuera de la coparticipación automática existe una capa de fondos cuya distribución no es automática sino decidida por el Poder Ejecutivo nacional: los ATN y las transferencias no automáticas por obras y programas específicos. Los ATN forman parte de la Ley 23.548 y se integran con el 1% de los impuestos coparticipables. Su objetivo formal es asistir a las provincias en situaciones de emergencia o desequilibrios financieros. Sin embargo, la normativa vigente establece que su distribución queda bajo la órbita del Gobierno nacional, lo que en la práctica los convierte en un fondo de asignación discrecional.

Esa discrecionalidad convierte a los ATN en un instrumento de negociación política. El reparto de $47.000 millones en marzo de 2026 a once provincias alineadas con el Gobierno nacional es el ejemplo más reciente de cómo ese mecanismo funciona en la práctica. Para el Chaco, que recibió $4.000 millones en esa tanda, los ATN son un complemento necesario pero incierto: llegan cuando el gobierno nacional decide que lleguen, y en los montos que ese mismo gobierno define.

El ajuste de Milei a la coparticipación federal y su impacto en Chaco y el NEA

La política fiscal de la administración de Javier Milei profundizó la presión sobre los ingresos provinciales por una vía indirecta pero de gran impacto: la caída de la recaudación real. El ajuste fiscal en la coparticipación federal representó más del 90% de la pérdida de recursos en términos reales sufrida por las provincias, según Politikon Chaco.

Durante el primer bimestre de 2026, la recaudación total alcanzó $34,56 billones, de los cuales el 37% quedó en la Administración Nacional y el 32% se distribuyó a las provincias. Esa proporción —con la Nación reteniendo más de lo que le correspondería bajo la distribución primaria formal— refleja el peso de los fondos pre-coparticipables que desde 1992 le permiten al Estado central quedarse con recursos antes de que entren al sistema de reparto.

Para el Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, cada punto porcentual de caída en la recaudación nacional se traduce en una pérdida presupuestaria inmediata y sin margen de compensación propia. Con economías que generan recaudación provincial limitada y servicios públicos de alta demanda —salud, educación, infraestructura vial en territorios extensos—, el NEA no tiene con qué amortiguar los golpes que vienen de arriba.