En una jornada marcada por intensos debates y cruces políticos, el plenario de comisiones del Senado de la Nación dio un paso decisivo este jueves al firmar el dictamen de mayoría para el proyecto de ley que establece la baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca reformar el sistema de justicia penal juvenil vigente y reducir la edad de responsabilidad penal de los 16 a los 14 años para todos los delitos tipificados en el Código Penal.

La medida obtuvo el respaldo necesario en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda. Con este avance institucional, el oficialismo queda a un paso de tratar el proyecto en el recinto de la Cámara Alta, donde se espera una votación reñida pero con un escenario favorable para el Gobierno de Javier Milei.

El camino parlamentario hacia la baja de la edad de imputabilidad

El dictamen de mayoría no fue unánime, lo que refleja la polarización que genera la temática en el arco político argentino. El proyecto que contempla la baja de la edad de imputabilidad a 14 años ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, por lo cual, de no sufrir modificaciones en el Senado, se convertirá finalmente en ley.

Durante las exposiciones en el plenario, los legisladores del oficialismo y bloques aliados defendieron la necesidad de actualizar una normativa que data de la última dictadura militar. Argumentaron que el sistema actual no ofrece respuestas ni a las víctimas de delitos cometidos por menores ni a los propios jóvenes involucrados en el sistema criminal. Por su parte, sectores de la oposición presentaron dictámenes de minoría o plantearon disidencias parciales, centradas principalmente en el enfoque punitivo y la falta de inversión en políticas de prevención.

Detalles técnicos del nuevo régimen penal juvenil

La reforma propuesta no se limita exclusivamente a la baja de la edad de imputabilidad, sino que plantea la creación de un sistema procesal específico para adolescentes. El texto dictaminado establece que la privación de la libertad será una medida de último recurso y por el tiempo más breve posible, aunque habilita penas máximas de hasta 20 años para delitos gravísimos como homicidios o violaciones.

Entre los puntos más destacados del proyecto se encuentran:

• Especialización judicial: La creación de juzgados y fiscalías especializadas en materia penal juvenil.

• Programas de resocialización: El establecimiento de establecimientos de alojamiento diferenciados de las cárceles de adultos, con un fuerte componente educativo y de formación laboral.

• Medidas alternativas: La posibilidad de aplicar sanciones no privativas de la libertad, como la reparación del daño o servicios a la comunidad, para delitos menores o de baja escala de violencia.

El Gobierno sostiene que esta ley dotará a la Justicia de herramientas más eficaces para intervenir tempranamente. Según la mirada oficial, la impunidad actual en el segmento de 14 y 15 años funciona como un incentivo para que las organizaciones criminales utilicen a menores como «mano de obra» para el delito.

Impacto político y reacciones en el Congreso

La firma del dictamen representa un triunfo político para los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quienes han sido los principales arquitectos y defensores de la baja de la edad de imputabilidad en el debate público. Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que esta reforma responde a un reclamo histórico de la sociedad argentina frente a la inseguridad.

Sin embargo, desde las filas de Unión por la Patria y algunos sectores del radicalismo, las críticas se centraron en que la mera reducción de la edad penal no solucionará el problema de fondo. Algunos senadores advirtieron sobre el riesgo de saturar el sistema judicial sin contar con la infraestructura necesaria para los centros de alojamiento especializados que el proyecto menciona.

El escenario económico y presupuestario de la reforma

Uno de los puntos de fricción durante el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda fue el financiamiento de la reforma. La implementación de un nuevo régimen penal juvenil requiere una inversión significativa por parte del Estado Nacional y las provincias para la construcción de nuevos centros de detención y la contratación de personal especializado.

A pesar de las restricciones presupuestarias vigentes, el oficialismo aseguró que los fondos necesarios estarán garantizados mediante la reasignación de partidas y el apoyo técnico de la Nación a las jurisdicciones provinciales. La sostenibilidad económica del sistema será clave para evitar que la ley se convierta en una «letra muerta» o que termine agravando la situación de hacinamiento en las comisarías.

Próximos pasos y horizonte legislativo

Con el dictamen ya firmado, la Cámara de Senadores deberá convocar a una sesión especial para convertir el proyecto en ley. Se estima que el tratamiento en el recinto podría ocurrir en las próximas dos semanas. El Gobierno confía en que cuenta con los votos de La Libertad Avanza, el PRO y un sector importante del radicalismo y de los bloques federales vinculados a los gobernadores.

De aprobarse, Argentina se sumará al grupo de países de la región que han adecuado su edad de responsabilidad penal a los estándares internacionales, aunque la controversia sobre la eficacia de estas medidas para reducir el delito continuará en el centro del debate social.

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