Chaco integra el grupo de las cinco provincias con mayor déficit de agua potable en el marco de la crisis hídrica de la Argentina, junto a Buenos Aires —particularmente el Gran Buenos Aires—, Santiago del Estero, Formosa y Misiones. El dato surge de un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) publicado a propósito del Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo, y que traza un diagnóstico severo sobre el acceso a servicios hídricos en todo el país.

Según ese relevamiento, a nivel nacional el 16% de los habitantes carece de acceso a agua potable y el 41% no cuenta con servicio de cloacas. En los barrios populares la situación es sustancialmente peor: el acceso formal al agua se reduce al 11,6% y solo el 2,5% de los hogares tiene conexión a una red cloacal.

Crisis hídrica en el Chaco y el NEA entre las regiones más castigadas

La desigualdad geográfica en el acceso al agua tiene un peso específico en el nordeste argentino. En el NEA, el 19% de la población no tiene agua potable y el 62% carece de cloacas. Se trata de los índices más altos del país en materia de saneamiento, en una región que, paradójicamente, concentra algunos de los sistemas fluviales más importantes del continente.

El informe de Camarco describe al NEA como una zona con riqueza hídrica pero con serios problemas de tratamiento y distribución, lo que explica que la abundancia de agua superficial no se traduzca en cobertura domiciliaria. En el extremo opuesto del mapa, CABA, Salta y Tierra del Fuego son las únicas áreas donde el déficit de cloacas no supera el 20%.

El problema no se limita a la ausencia de red. La contaminación del agua subterránea agrava la crisis hídrica en Chaco y en gran parte del norte argentino. El arsénico de origen natural, presente en las napas freáticas, afecta a amplias franjas de la población y provoca el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfermedad que eleva el riesgo de cáncer. A esto se suman los nitratos, que según el relevamiento comprometen incluso al agua envasada en hasta un 30% de los casos relevados.

Infraestructura deteriorada e inversión en caída

El diagnóstico de Camarco no solo describe la brecha actual sino el estado de la infraestructura existente. La red de agua y saneamiento en Argentina está valuada en aproximadamente 156.700 millones de dólares, pero el 61% de ese capital ya fue depreciado. Esto significa que una parte sustancial de los sistemas está en riesgo de falla, con costos crecientes de reposición que se trasladan a los servicios.

Los costos anuales necesarios para mantener operativos esos sistemas alcanzan los 3.260 millones de dólares. Sin inversión sostenida, advierten desde la cámara sectorial, la infraestructura seguirá deteriorándose y las interrupciones de servicio se volverán más frecuentes.

Ese contexto de deterioro se agrava por la caída del financiamiento público. Entre 2024 y 2025, la inversión nacional para obras de agua potable y cloacas cayó a su nivel más bajo en dos décadas, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El recorte golpea especialmente a las provincias del interior, donde la red es más precaria y la dependencia del financiamiento nacional es mayor.

Cinco millones de personas en situación crítica

En total, se estima que cinco millones de personas viven con acceso precario al agua en Argentina, una realidad que se expresa en indicadores sanitarios concretos: cada año se reportan un millón de casos de diarrea aguda, una de las principales causas de mortalidad infantil en el país.

Para los más vulnerables, el impacto es inmediato. Los lactantes son el sector de mayor riesgo ante el consumo de agua contaminada. Iniciativas como el Mapa del Agua, desarrollado por la Fundación Aguas y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), buscan identificar los puntos críticos de contaminación para orientar las soluciones a nivel comunitario.

Desde la industria privada, Miguel García, director de la Asociación Argentina del PVC (AAPVC), subrayó la relación entre materiales de infraestructura y acceso al derecho al agua: «El PVC es mucho más que un material de construcción; es un facilitador de derechos. En un país donde millones de personas aún carecen de acceso a agua segura, el PVC ofrece una solución probada, económica y sostenible.»