Política
Kicillof ganó las internas del PJ, asumió la conducción del partido y proyecta un salto nacional, mientras el cristinismo pierde territorio
El mapa del peronismo bonaerense de cara a 2027: Kicillof ganó 10 de 16 internas del PJ, asumió la conducción del partido y proyecta un salto nacional, mientras el cristinismo pierde territorio y La Cámpora resiste en los márgenes.

El peronismo bonaerense llega a 2027 más fracturado que en cualquier otro momento de la última década, pero con una correlación de fuerzas que, por primera vez en mucho tiempo, no favorece al kirchnerismo. El mapa que dejaron las elecciones internas del 15 de marzo en 16 distritos de la provincia de Buenos Aires es el termómetro más preciso disponible: los candidatos de Axel Kicillof ganaron en 10 de esos municipios, los de Cristina Kirchner en cuatro —entre ellos Mar del Plata— y los del massismo en dos. El gobernador, además, asumió la presidencia del PJ bonaerense en reemplazo de Máximo Kirchner y lanzó esta semana el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), su usina de ideas con proyección nacional. Los engranajes de una candidatura presidencial están en movimiento, aunque nadie en el MDF lo confirme todavía públicamente.
Qué tiene Kicillof y qué le falta
El gobernador llegó a este momento con más activos que hace un año. Preside el PJ bonaerense, tiene el respaldo de la mayoría de los intendentes del conurbano y del interior provincial, y construyó un espacio propio —el Movimiento Derecho al Futuro— que operó con estructura y disciplina tanto en el cierre de listas de 2025 como en las internas partidarias de marzo. En su entorno hablan de un «segundo tiempo» político que arrancará en abril, con mayor autonomía respecto de la provincia y un perfil nacional más explícito.
El lanzamiento del CEDAF fue el primer paso concreto en esa dirección. La conducción del centro —a cargo de la exministra de Trabajo Mara Ruiz Malec, el exministro de Infraestructura Agustín Simone y el gerente general de Aubasa Pablo Ceriani— está integrada por cuadros técnicos propios, no por figuras del kirchnerismo. El primer documento del espacio, que refuta en once puntos las afirmaciones del Gobierno nacional, marca el tono: confrontación con Milei con datos, sin recurrir al relato K.
Lo que le falta es igualmente visible. Kicillof no ha construido todavía una base sólida fuera de la provincia de Buenos Aires. Su estrategia de federalización —tender puentes con los gobernadores peronistas del interior como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) o Ricardo Quintela (La Rioja)— está en marcha pero es incipiente. Y en el plano interno, la convivencia con el cristinismo consume energía: cada episodio legislativo, cada designación de autoridades, cada declaración de un funcionario vuelve a exponer la fractura.
Peronismo bonaerense: Qué tiene Cristina y qué perdió de cara al 2027
Cristina Kirchner pierde poder dentro del peronismo bonaerense al mismo tiempo que Kicillof lo gana. Su condena y su detención la aíslan del sistema político y del electorado, y la dirigencia que le responde disminuye. Esa es la fotografía de fondo, aunque la expresidenta sigue siendo un factor de poder que ningún sector del peronismo puede ignorar.
Lo que le queda es sustancial: La Cámpora mantiene estructura territorial en distritos clave, tiene presencia en el Senado bonaerense —donde logró imponer a Mario Ishii como vicepresidente primero, desplazando a la candidata de Kicillof— y conserva el control de cuatro PJ locales tras las internas de marzo, entre ellos el de Mar del Plata. Además, Cristina Kirchner es consciente de que su potencia electoral todavía le permite ocupar un lugar de importancia dentro del círculo de negociaciones del espacio opositor más amplio.
El problema para el cristinismo es de agenda. La Cámpora insiste en poner la consigna «Cristina Libre» en el centro del debate peronista; el kicillofismo, y especialmente los intendentes del MDF, quieren mirar hacia adelante con una propuesta que enfrente a las políticas de Milei. Esa diferencia de prioridades no es táctica: es una divergencia profunda sobre qué es hoy el peronismo y para qué existe.
El Senado bonaerense: el choque más crudo
Si las internas del peronismo fueron el campo de batalla formal de cara al 2027, la designación de autoridades en el Senado bonaerense fue la escaramuza más desnuda. La Cámpora logró imponer a Ishii como vicepresidente primero desplazando a la candidata de Kicillof, Ayelén Durán, acentuando las diferencias internas en el mayor distrito electoral del país. Los cinco senadores del bloque del MDF optaron por no acompañar la votación: Durán, Pedro Borghini, Fernando Coronel, Germán Lago y Jorge Paredi se abstuvieron como señal de protesta. Desde el kirchnerismo, la versión fue radicalmente distinta: sostienen que nunca rompieron ningún acuerdo.
El episodio graficó con precisión la lógica de la convivencia tensa que atraviesa al peronismo bonaerense: los dos sectores comparten el techo del oficialismo provincial, pero operan como fuerzas separadas con objetivos distintos.
El massismo y el tercer factor
En las internas del PJ bonaerense, el espacio de Sergio Massa se quedó con dos distritos: Junín y Tornquist. Es un número pequeño en términos absolutos, pero el massismo mantiene una función de bisagra que ninguno de los dos sectores principales puede subestimar. Desde el Gobierno provincial destacaron la actitud del Frente Renovador para lograr consensos en la negociación del Presupuesto 2026, lo que implicó un gesto hacia Massa y sus aliados. En el tablero de 2027, el massismo tiene sus propias ambiciones y su propia base electoral —particularmente en el tercer cordón del conurbano—, lo que lo convierte en un actor que difícilmente acepte un rol subalterno en cualquier esquema opositor.
El armado opositor más amplio
La discusión de fondo en el peronismo no es solo quién lidera el espacio: es si ese espacio puede construir una coalición más amplia para 2027. Fuera del kirchnerismo hay una idea cada vez más clara: la propuesta electoral no puede tener a Cristina Kirchner en un lugar preponderante, pero debe contenerla. Los gobernadores peronistas del interior —Jaldo, Jalil, Quintela, Mariano Arcioni en Chubut— no van a sumarse a ningún frente donde el cristinismo marque la agenda. Eso le abre una ventana a Kicillof, pero también lo obliga a un equilibrio delicado: crecer hacia el interior sin terminar de romper con quien todavía tiene el capital simbólico más potente del espacio.
El peronismo bonaerense de cara a 2027 es, en síntesis, un espacio en el que Kicillof tiene más poder formal que nunca pero todavía no tiene candidatura, Cristina tiene menos poder territorial que antes pero todavía tiene veto simbólico, y el massismo espera para ver cuánto pesa en la cancha. La cuenta regresiva para las legislativas de octubre ya empezó, y las definiciones que no se tomaron en 2025 van a tener que tomarse antes de que termine este año.
Política
La diputada charatense Chomiak presentó un proyecto para prohibir vapeadores en las escuelas del Chaco: «Detrás de los sabores hay nicotina y adicción»
La exintendente de Charata y actual legisladora provincial impulsó junto a su interbloque incorporar los cigarrillos electrónicos a la ley de control del tabaco y reforzar la prevención en las instituciones educativas

La diputada provincial María Luisa Chomiak, exintendente de Charata y actual legisladora en la Cámara de Diputados del Chaco, presentó junto a su interbloque un proyecto de ley para incorporar los vapeadores y cigarrillos electrónicos a la normativa provincial de control del tabaco. La iniciativa busca prohibir el uso, la portación y la comercialización de estos dispositivos dentro de los establecimientos educativos del Chaco, y reforzar las campañas de prevención dirigidas a adolescentes y jóvenes.
«Detrás de los sabores, las luces y el marketing, hay nicotina y adicción»
El proyecto nació de una preocupación concreta que Chomiak describió sin rodeos: cada vez más chicos vapean en las escuelas, en las plazas y en espacios públicos, normalizando un hábito que puede tener consecuencias serias sobre su salud. La legisladora señaló que muchos padres desconocen qué contienen los dispositivos que consumen sus hijos, y que gran parte de los adolescentes está convencida de que vapear no hace daño. Esa combinación de desinformación y marketing agresivo —sabores atractivos, diseños llamativos, redes sociales— es, según Chomiak, lo que convierte al vapeo en una adicción que avanza «disfrazada de moda».
La diputada charatense no es la única en advertirlo. La Organización Mundial de la Salud y organismos sanitarios de todo el mundo llevan años alertando sobre los riesgos de los cigarrillos electrónicos en poblaciones jóvenes, en particular por su alto contenido de nicotina y por la presencia de sustancias cuyo impacto a largo plazo todavía se está estudiando.
Qué propone el proyecto
La iniciativa presentada ante la Legislatura Chaqueña tiene dos ejes. El primero es normativo: incorporar los vapeadores y cigarrillos electrónicos a la ley provincial de control del tabaco, extendiendo a estos dispositivos las mismas restricciones que ya aplican al cigarrillo convencional en espacios educativos. Eso implica prohibir su uso, su portación y su venta dentro de las escuelas del Chaco. El segundo eje es preventivo: reforzar las campañas de información y concientización dirigidas a estudiantes, docentes y familias, para que la prohibición vaya acompañada de educación y no quede solo en papel.
Para Chomiak, mirar para otro lado no es una opción. «Cuidar a nuestros chicos también es animarnos a hablar de estos temas», sostuvo la legisladora, que desde su paso por la intendencia de Charata tiene un vínculo directo con las problemáticas del Departamento Chacabuco y sus comunidades educativas.
Política
Chomiak presentó un proyecto para proteger a los chicos del Chaco de la violencia digital: grooming, ciberbullying y deepfakes
El proyecto propone un Programa Provincial de Prevención y Abordaje de la Violencia Digital, un protocolo para escuelas, clubes e instituciones, y un observatorio para medir casos y evaluar políticas públicas.

La diputada provincial María Luisa Chomiak, ex intendente de Charata, presentó en la Legislatura del Chaco un proyecto de ley para crear un Programa Provincial de Prevención, Detección y Abordaje de la Violencia Digital dirigido a niñas, niños y adolescentes. La iniciativa apunta a que el Estado chaqueño intervenga antes de que el daño ocurra, con prevención, protocolos claros y herramientas concretas para actuar a tiempo en escuelas, clubes e instituciones de toda la provincia.
«Hoy las infancias y adolescencias no solo viven en la escuela, en el club o en la calle. También viven en el mundo digital. Y ahí también hay violencia», planteó Chomiak al presentar el proyecto.
Qué formas de violencia digital busca abordar el proyecto
El programa propuesto cubre un espectro amplio de situaciones que ya están afectando a familias chaqueñas: ciberbullying, grooming, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, sextorsión, suplantación de identidad, hackeos, doxing y deepfakes generados con inteligencia artificial. Cada una de estas modalidades tiene características distintas, pero todas comparten un rasgo: ocurren en entornos digitales donde el Estado provincial no tiene hoy presencia ni herramientas formales de intervención.
La inclusión de los deepfakes e IA en el proyecto no es menor. La manipulación de imágenes y videos con inteligencia artificial para crear contenido falso o comprometedor de menores es una amenaza relativamente nueva que la legislación argentina todavía no regula con especificidad, y que ya aparece en casos reales en distintas provincias del país.
Cómo funcionaría: protocolo provincial para escuelas y clubes
El proyecto contempla la creación de un Protocolo Provincial que sería aplicado en escuelas, clubes e instituciones de toda la provincia. El protocolo tendría cuatro objetivos operativos: detectar casos temprano, intervenir correctamente, preservar pruebas digitales y evitar la revictimización de las víctimas.
Este último punto —la revictimización— es uno de los problemas más documentados en el abordaje de casos de violencia digital: cuando una institución no sabe cómo actuar, puede exponer a la víctima, difundir el contenido dañino o invalidar pruebas que luego serían necesarias en una denuncia penal. Un protocolo estandarizado busca evitar exactamente eso.
El observatorio: medir para poder actuar
Además del programa y el protocolo, el proyecto propone la creación de un observatorio y registro provincial con tres funciones: medir la cantidad de casos de violencia digital en el Chaco, generar estadísticas sobre el fenómeno y evaluar la efectividad de las políticas públicas implementadas.
Hoy no existe en la provincia un sistema de registro sistemático de este tipo de situaciones. Sin datos, es imposible saber si el problema crece o decrece, qué modalidades son más frecuentes, en qué franjas etarias se concentra o qué zonas de la provincia tienen mayor incidencia. El observatorio apunta a cerrar esa brecha de información.
El contexto: chicos que crecen en entornos digitales sin red de protección
«No podemos mirar para otro lado mientras nuestros chicos crecen en entornos digitales cada vez más complejos. La protección de derechos también tiene que existir en internet», señaló Chomiak.
El proyecto se inscribe en un debate que viene creciendo en todo el país: la legislación argentina en materia de violencia digital es fragmentaria, y las provincias que avanzan con normativa propia están construyendo un piso de protección que la ley nacional todavía no garantiza de forma integral. Para el Chaco, con escuelas y comunidades distribuidas en un territorio extenso y con conectividad creciente en los últimos años, la regulación de estos entornos es una necesidad que se vuelve más urgente cada ciclo lectivo.
El proyecto de Chomiak está en la Legislatura a la espera de su tratamiento en comisión. Para seguir la política del Chaco y todas las noticias de Charata, seguí CharataChaco.Net.
Política
Sin paritarias hace dos años y medio, la UPCP junta firmas en Charata para pedir condonación de deudas bancarias de los trabajadores del Estado
Vanessa Maldonado, de la comisión directiva de la UPCP, explicó que los trabajadores cobran entre $700.000 y $800.000 de bolsillo mientras la canasta básica supera el millón y medio de pesos.

La Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) inició en Charata una recolección de firmas para respaldar el pedido de tratamiento urgente en la Cámara de Diputados del Chaco de un proyecto de ley de condonación de deudas bancarias para trabajadores del Estado provincial. La medida surge, según el gremio, de la imposibilidad de avanzar por la vía natural: hace dos años y medio que el sindicato no se sienta a negociar en paritarias con el Ejecutivo Provincial.
Vanessa Maldonado, integrante de la comisión directiva de la UPCP, habló con CharataChaco.Net y explicó el contexto y el alcance de la iniciativa.
Dos años y medio sin paritarias: por qué el gremio fue a la Legislatura
El camino hacia la Cámara de Diputados no fue una primera opción sino una salida ante la falta de respuesta del Ejecutivo. «Hace ya dos años y medio aproximadamente, como sindicato mayoritario de la provincia, no hemos tenido respuesta a lo que es paritaria. O sea que no nos sentamos a dialogar con el Ejecutivo por el tema de sueldo, las condiciones en las cuales los compañeros están trabajando en sus lugares de trabajo», explicó Maldonado.
Ante ese bloqueo, la UPCP optó por presentar proyectos de ley directamente en la Legislatura. Uno de ellos es el que ahora motiva la recolección de firmas: un proyecto denominado de «emergencia, alivio y reestructuración de deuda», que plantea la condonación total o parcial de las deudas que los trabajadores tienen con entidades bancarias.
Qué propone el proyecto de condonación
El mecanismo que propone la UPCP contempla dos modalidades. En la condonación total, se cancelaría el saldo completo de la deuda bancaria del trabajador. En la parcial, se congelaría o cancelaría una parte de esa deuda. La definición de qué porcentaje y bajo qué criterios correspondería a cada caso quedaría a cargo de la reglamentación del proyecto, en caso de ser aprobado.
«Las firmas son una prueba de fe de que todos los compañeros estamos en una crisis económica enorme», dijo Maldonado, y pidió a los legisladores chaqueños que el proyecto «se trate con urgencia y, obviamente, favorable para los trabajadores».
Los números que explican la urgencia
La dirigente de la UPCP fue concreta al describir la situación económica de los trabajadores del Estado chaqueño. «Hay compañeros que no pueden cubrir la canasta básica. La canasta básica está en un millón quinientos mil pesos, y un trabajador está cobrando a lo sumo setecientos u ochocientos mil pesos de bolsillo», señaló.
Como informó CharataChaco.Net en la nota sobre la canasta básica de abril de 2026 en el Chaco, la brecha entre ingresos y costo de vida no es solo pobreza: es indigencia. «Estamos por debajo de la línea no solo de la pobreza, sino de la indigencia», afirmó Maldonado, en una descripción que coincide con los datos del INDEC para el NEA, donde el poder de compra del salario viene cayendo de forma sostenida frente a una inflación regional que no cede.
El endeudamiento bancario de los trabajadores estatales en ese contexto no es una decisión financiera sino una consecuencia directa de la insuficiencia salarial: cuando el sueldo no llega a fin de mes, el crédito cubre la diferencia, y la deuda se acumula.
El pedido a los legisladores
La recolección de firmas apunta a que los diputados provinciales perciban el respaldo masivo de los trabajadores detrás del proyecto antes de la sesión en que se trate. La UPCP no precisó una fecha concreta de tratamiento, pero pidió que sea con carácter urgente.
El gremio es, según sus propias palabras, el sindicato mayoritario de los trabajadores del Estado chaqueño. Su peso numérico es el argumento implícito detrás de la campaña de firmas: a más respaldo visible, mayor presión sobre la Legislatura para que el proyecto no quede cajoneado.
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