Política
El Congreso busca prohibir por ley los celulares en las cárceles tras la extorsión organizada desde los penales que llevó al suicidio al soldado Rodrigo Gómez
La diputada Silvana Giudici impulsa un proyecto con más de 50 firmas para modificar la Ley 24.660 y establecer la prohibición total de dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios de todo el país.

El Congreso de la Nación avanza con un proyecto de ley para prohibir de manera total y con rango legal el uso de celulares en las cárceles argentinas. La iniciativa, impulsada por la diputada Silvana Giudici con el respaldo de más de 50 legisladores, propone modificar la Ley 24.660 —que regula las condiciones de detención y el funcionamiento del régimen penitenciario— para cerrar una brecha que, según la autora del proyecto, permitió la expansión del delito organizado desde el interior de los penales. El caso que aceleró el debate fue la extorsión orquestada desde las unidades de Magdalena y Olmos que derivó en el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino.
Qué propone el proyecto de la prohibición de celulares en cárceles
El texto legislativo propone incorporar el artículo 79 bis a la Ley 24.660, que establecería la prohibición de la tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la transmisión de voz, datos o acceso a redes de comunicación por parte de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios.
La única excepción prevista es el uso de equipamiento informático autorizado expresamente por la autoridad penitenciaria en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones de uso controlado. El proyecto también incorpora nuevas faltas graves al régimen penitenciario, como la posesión u ocultamiento de dispositivos no autorizados.
«Los delitos cometidos desde las cárceles deben ser erradicados. Las estructuras del crimen organizado y también las que se dedican a extorsión o estafas digitales se vieron favorecidas por decisiones que, con la excusa de la pandemia, permitieron el uso de celulares en los penales», planteó Giudici.
Cómo se llegó hasta acá: la pandemia como punto de quiebre
Hasta 2019, el régimen penitenciario mantenía un criterio restrictivo respecto al uso de celulares. En 2020, en el marco de la pandemia y durante el gobierno de Alberto Fernández, se habilitó su utilización ante la suspensión de visitas. Según Giudici, esa decisión derivó en un cambio profundo que alteró el sistema de control y generó un crecimiento de estafas, extorsiones, amenazas y delitos organizados desde las cárceles.
El caso de Rodrigo Gómez
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y estaba destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos. Atravesaba una etapa de vulnerabilidad emocional lejos de su familia cuando inició una conversación a través de una aplicación de citas con un perfil femenino que se identificaba como «Julieta», de 19 años. Durante varios días intercambió mensajes, audios y fotos sin advertir señales de peligro. Detrás de ese perfil no había una persona real, sino una organización delictiva que operaba desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos.
El mecanismo de extorsión comenzaba con la aparición de una supuesta «madre alterada» y la difusión de un «audio del terror» en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años. Luego, un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires llamaba para informar que existía una denuncia penal en curso y que era necesario realizar pagos urgentes para evitar consecuencias judiciales. Los estafadores usurparon la identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad cuya documentación fue utilizada sin su conocimiento.
Las transferencias de dinero se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo. La presión no cesaba tras los primeros pagos: las víctimas eran sometidas a nuevas exigencias bajo amenazas reiteradas. En el caso de Gómez, la acumulación de deudas y la sensación de no tener salida quedaron reflejadas en la carta que dejó antes de morir.
Celulares en cárceles argentinas
La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias y rastreo de líneas telefónicas, y estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.
«Lo que pasó con Rodrigo Gómez demuestra hasta dónde puede llegar el delito organizado desde las cárceles cuando no hay controles efectivos. Es necesario acompañar desde el Congreso con una ley nacional que establezca con claridad y jerarquía que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares», sostuvo la diputada, ex presidenta del ENACOM. El proyecto apunta a cerrar el debate sobre si la prohibición debe ser por resolución administrativa —como hasta ahora— o si debe tener rango de ley, con las sanciones y la jerarquía normativa que eso implica.
Política
El Concejo de Charata inició reuniones en comisión por el Presupuesto 2027 y el cobro electrónico
Encabezadas por Alejandro Barcala, las jornadas técnicas convocan a secretarios municipales para defender las ordenanzas impositiva, tributaria y de pagos digitales.

Desde las 8:30 de este jueves, el cuerpo deliberante local puso en marcha una intensa agenda de reuniones de Concejo en Comisión para abordar el paquete financiero enviado por el intendente Rubén Rach, en un debate atravesado por el análisis técnico del Presupuesto 2027 en Charata y una ajustada correlación de fuerzas políticas dentro del recinto.
La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución de Presidencia N° 56/2026, firmada por el titular del cuerpo, Alejandro Barcala, luego de que los expedientes obtuvieran estado parlamentario y pase unánime en la última sesión ordinaria.
Los cuatro expedientes clave bajo análisis técnico
En el arranque de las jornadas deliberativas, los ediles comenzaron a desglosar los cuatro proyectos estructurales remitidos por el Departamento Ejecutivo:
Proyecto de Ordenanza N° 11.360: Autorización para incorporar medios electrónicos de pago en las dependencias recaudadoras del municipio.
Proyecto de Ordenanza N° 11.361: Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2027.
Proyectos bajo el N° 11.362: Ordenanza General Impositiva y Ordenanza General Tributaria para el próximo período fiscal.
Para evacuar dudas técnicas sobre la asignación de partidas, ya fueron citados los responsables de las distintas secretarías y áreas comunales, quienes deberán exponer los lineamientos de cada carpeta y responder las consultas de los bloques.
Aritmética parlamentaria y el voto decisivo de Carabajal
Más allá del trámite administrativo, la discusión está condicionada por la nueva aritmética del recinto. De acuerdo con el Reglamento Interno y la Ley Orgánica de Municipios N° 854-P, el oficialismo requiere reunir un piso mínimo de cinco votos para sancionar estas normativas.
Sin embargo, tras la reciente desvinculación de René Carabajal de la presidencia y estructura de Juntos por el Cambio, el bloque oficialista quedó reducido a cuatro concejales, quedando obligado a tejer acuerdos fuera de su bancada. En este tablero, Carabajal emerge como una pieza determinante: aunque comparte criterios con la gestión, advirtió que acompañará las iniciativas únicamente si los fundamentos técnicos logran convencerlo tanto a él como a su partido, Acción Chaqueña.
Reclamo opositor y negociación de partidas
En paralelo, los cuatro concejales de la oposición llegan a la instancia de comisión con un planteo enfocado en la transparencia y la rendición de cuentas. Desde ese espacio exigieron que el intendente Rach y sus funcionarios respalden con claridad la ejecución del presupuesto vigente antes de definir el destino de los recursos del año entrante.
De este modo, el eje de la negociación pasará por las eventuales modificaciones en las partidas que proponga el Poder Legislativo, instancia en la que el Ejecutivo deberá evaluar montos alternativos para destrabar los despachos favorables en el Municipio de Charata y garantizar la operatividad institucional.
Estas instancias de negociación presupuestaria reflejan los desafíos de gobernabilidad que atraviesan los distintos municipios del Chaco de cara al próximo ejercicio fiscal.
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Política
René Carabajal renunció a la presidencia del bloque de Juntos por el Cambio
El concejal René Carabajal dejó la titularidad de la bancada para abocarse a Acción Chaqueña. Este jueves comenzará en comisión el análisis de las ordenanzas impositivas y tributarias.

En el marco de la Sesión Ordinaria N° 100 celebrada en la noche de este lunes, el Concejo Municipal de Charata dio estado parlamentario a un paquete de proyectos financieros enviados por el Departamento Ejecutivo y formalizó modificaciones en la conducción interna de la bancada de Juntos por el Cambio.
Como novedad institucional de la jornada, se comunicó la renuncia del edil René Carabajal a la presidencia del bloque de Juntos por el Cambio. Según se precisó en el recinto, la dimisión obedece a motivos personales y a la decisión de dedicar mayor tiempo y actividad política a su espacio partidario, Acción Chaqueña, fuerza por la cual accedió a su banca al inicio del mandato.
En su reemplazo, la conducción de la bancada oficialista quedó formalmente a cargo de la concejal Dra. Luciana Guilañá.
Inicio del debate por el Presupuesto 2027 y modernización de cobros
Durante el desarrollo de la sesión, el cuerpo deliberante acordó el cronograma de trabajo en comisiones que se iniciará este mismo jueves. El eje central de la agenda estará puesto en el análisis de las herramientas económicas y financieras remitidas por el Ejecutivo comunal para el próximo ejercicio:
Presupuesto General de Gastos 2027: Previsión de recursos y partidas destinadas a obras, servicios y funcionamiento administrativo.
Ordenanza General Impositiva y Tributaria 2027: Esquema de tasas, contribuciones y alícuotas municipales para el próximo año.
Medios electrónicos de pago: Evaluación de una autorización normativa para ampliar las herramientas digitales de recaudación y cobro en las dependencias comunales.
Peticiones ciudadanas y nomenclatura urbana
En el tramo destinado a los asuntos particulares, tomó estado parlamentario una nota presentada por padres de estudiantes de 5to año de la U.E.P. N° 57, mediante la cual solicitan una audiencia conjunta con el Intendente municipal, el Presidente del Concejo y la Jueza de Faltas para abordar temáticas vinculadas al alumnado.
Finalmente, los concejales giraron a comisión diversos proyectos orientados a la imposición de nombres oficiales a arterias de la ciudad que actualmente carecen de denominación.
Impacto institucional en la comunidad
El tratamiento de las ordenanzas económicas y la reorganización legislativa marcan el tramo final del año parlamentario en el Municipio de Charata, definiendo las pautas de gestión y servicios para los vecinos de nuestra ciudad.
De este modo, el cuerpo deliberante local avanza en la actualización normativa y administrativa en sintonía con los procesos presupuestarios del Municipio.
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Política
El IPDUV extendió hasta este viernes el plazo de inscripción para el sorteo de 22 viviendas en Charata
La inscripción y actualización de datos es 100% digital a través de Tu Gobierno Digital y requiere acreditar ingresos familiares mínimos de $1.200.000.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) anunció la extensión del plazo para completar el trámite de inscripción y actualización de datos destinado a las familias interesadas en participar del próximo sorteo de viviendas en Charata, en el cual se adjudicarán 22 unidades habitacionales ejecutadas en la localidad.
De acuerdo con el cronograma actualizado por el organismo provincial, la prórroga regirá hasta este viernes 13 de noviembre, otorgando una instancia adicional para que los grupos familiares regularicen sus legajos digitales.
Modalidad de inscripción y requisitos financieros
Desde el organismo habitacional recordaron que la gestión se realiza de manera íntegramente online y gratuita a través del portal oficial del instituto (ipduv.chaco.gob.ar) o mediante la plataforma Tu Gobierno Digital (TGD).
Para quedar habilitados en el padrón definitivo del sorteo público —cuya fecha de realización será comunicada oportunamente—, los postulantes deben cumplir con los siguientes parámetros:
Ingresos comprobables: Acreditar ingresos mínimos mensuales del grupo familiar por un monto de $1.200.000.
Actualización de legajo: Verificar y validar todos los datos personales, laborales y de composición del núcleo familiar en el sistema digital.
Políticas habitacionales en el sudoeste chaqueño
El avance de estas operatorias de adjudicación transparente fortalece el acceso a la vivienda propia para los vecinos de Charata y el Departamento Chacabuco.
Asimismo, este esquema de inscripción digital forma parte del programa de regularización y transparencia habitacional que el IPDUV implementa en la provincia del Chaco.
Para consultar más información sobre programas habitacionales, obras públicas y avisos oficiales para los vecinos, podés ingresar a la sección de las noticias de Charata.










































