El Congreso de la Nación avanza con un proyecto de ley para prohibir de manera total y con rango legal el uso de celulares en las cárceles argentinas. La iniciativa, impulsada por la diputada Silvana Giudici con el respaldo de más de 50 legisladores, propone modificar la Ley 24.660 —que regula las condiciones de detención y el funcionamiento del régimen penitenciario— para cerrar una brecha que, según la autora del proyecto, permitió la expansión del delito organizado desde el interior de los penales. El caso que aceleró el debate fue la extorsión orquestada desde las unidades de Magdalena y Olmos que derivó en el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino.

Qué propone el proyecto de la prohibición de celulares en cárceles

El texto legislativo propone incorporar el artículo 79 bis a la Ley 24.660, que establecería la prohibición de la tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la transmisión de voz, datos o acceso a redes de comunicación por parte de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios.

La única excepción prevista es el uso de equipamiento informático autorizado expresamente por la autoridad penitenciaria en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones de uso controlado. El proyecto también incorpora nuevas faltas graves al régimen penitenciario, como la posesión u ocultamiento de dispositivos no autorizados.

«Los delitos cometidos desde las cárceles deben ser erradicados. Las estructuras del crimen organizado y también las que se dedican a extorsión o estafas digitales se vieron favorecidas por decisiones que, con la excusa de la pandemia, permitieron el uso de celulares en los penales», planteó Giudici.

Cómo se llegó hasta acá: la pandemia como punto de quiebre

Hasta 2019, el régimen penitenciario mantenía un criterio restrictivo respecto al uso de celulares. En 2020, en el marco de la pandemia y durante el gobierno de Alberto Fernández, se habilitó su utilización ante la suspensión de visitas. Según Giudici, esa decisión derivó en un cambio profundo que alteró el sistema de control y generó un crecimiento de estafas, extorsiones, amenazas y delitos organizados desde las cárceles.

El caso de Rodrigo Gómez

Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y estaba destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos. Atravesaba una etapa de vulnerabilidad emocional lejos de su familia cuando inició una conversación a través de una aplicación de citas con un perfil femenino que se identificaba como «Julieta», de 19 años. Durante varios días intercambió mensajes, audios y fotos sin advertir señales de peligro. Detrás de ese perfil no había una persona real, sino una organización delictiva que operaba desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos.

El mecanismo de extorsión comenzaba con la aparición de una supuesta «madre alterada» y la difusión de un «audio del terror» en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años. Luego, un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires llamaba para informar que existía una denuncia penal en curso y que era necesario realizar pagos urgentes para evitar consecuencias judiciales. Los estafadores usurparon la identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad cuya documentación fue utilizada sin su conocimiento.

Las transferencias de dinero se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo. La presión no cesaba tras los primeros pagos: las víctimas eran sometidas a nuevas exigencias bajo amenazas reiteradas. En el caso de Gómez, la acumulación de deudas y la sensación de no tener salida quedaron reflejadas en la carta que dejó antes de morir.

Celulares en cárceles argentinas

La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias y rastreo de líneas telefónicas, y estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.

«Lo que pasó con Rodrigo Gómez demuestra hasta dónde puede llegar el delito organizado desde las cárceles cuando no hay controles efectivos. Es necesario acompañar desde el Congreso con una ley nacional que establezca con claridad y jerarquía que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares», sostuvo la diputada, ex presidenta del ENACOM. El proyecto apunta a cerrar el debate sobre si la prohibición debe ser por resolución administrativa —como hasta ahora— o si debe tener rango de ley, con las sanciones y la jerarquía normativa que eso implica.