Política
El Congreso busca prohibir por ley los celulares en las cárceles tras la extorsión organizada desde los penales que llevó al suicidio al soldado Rodrigo Gómez
La diputada Silvana Giudici impulsa un proyecto con más de 50 firmas para modificar la Ley 24.660 y establecer la prohibición total de dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios de todo el país.
El Congreso de la Nación avanza con un proyecto de ley para prohibir de manera total y con rango legal el uso de celulares en las cárceles argentinas. La iniciativa, impulsada por la diputada Silvana Giudici con el respaldo de más de 50 legisladores, propone modificar la Ley 24.660 —que regula las condiciones de detención y el funcionamiento del régimen penitenciario— para cerrar una brecha que, según la autora del proyecto, permitió la expansión del delito organizado desde el interior de los penales. El caso que aceleró el debate fue la extorsión orquestada desde las unidades de Magdalena y Olmos que derivó en el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino.
Qué propone el proyecto de la prohibición de celulares en cárceles
El texto legislativo propone incorporar el artículo 79 bis a la Ley 24.660, que establecería la prohibición de la tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la transmisión de voz, datos o acceso a redes de comunicación por parte de las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios.
La única excepción prevista es el uso de equipamiento informático autorizado expresamente por la autoridad penitenciaria en el marco de programas educativos, laborales o de reinserción social, bajo condiciones de uso controlado. El proyecto también incorpora nuevas faltas graves al régimen penitenciario, como la posesión u ocultamiento de dispositivos no autorizados.
«Los delitos cometidos desde las cárceles deben ser erradicados. Las estructuras del crimen organizado y también las que se dedican a extorsión o estafas digitales se vieron favorecidas por decisiones que, con la excusa de la pandemia, permitieron el uso de celulares en los penales», planteó Giudici.
Cómo se llegó hasta acá: la pandemia como punto de quiebre
Hasta 2019, el régimen penitenciario mantenía un criterio restrictivo respecto al uso de celulares. En 2020, en el marco de la pandemia y durante el gobierno de Alberto Fernández, se habilitó su utilización ante la suspensión de visitas. Según Giudici, esa decisión derivó en un cambio profundo que alteró el sistema de control y generó un crecimiento de estafas, extorsiones, amenazas y delitos organizados desde las cárceles.
El caso de Rodrigo Gómez
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y estaba destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos. Atravesaba una etapa de vulnerabilidad emocional lejos de su familia cuando inició una conversación a través de una aplicación de citas con un perfil femenino que se identificaba como «Julieta», de 19 años. Durante varios días intercambió mensajes, audios y fotos sin advertir señales de peligro. Detrás de ese perfil no había una persona real, sino una organización delictiva que operaba desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos.
El mecanismo de extorsión comenzaba con la aparición de una supuesta «madre alterada» y la difusión de un «audio del terror» en el que se acusaba a la víctima de haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años. Luego, un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires llamaba para informar que existía una denuncia penal en curso y que era necesario realizar pagos urgentes para evitar consecuencias judiciales. Los estafadores usurparon la identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad cuya documentación fue utilizada sin su conocimiento.
Las transferencias de dinero se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo. La presión no cesaba tras los primeros pagos: las víctimas eran sometidas a nuevas exigencias bajo amenazas reiteradas. En el caso de Gómez, la acumulación de deudas y la sensación de no tener salida quedaron reflejadas en la carta que dejó antes de morir.
Celulares en cárceles argentinas
La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias y rastreo de líneas telefónicas, y estableció que el núcleo de la organización funcionaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, donde internos utilizaban celulares ingresados ilegalmente para coordinar perfiles falsos, grabar audios, realizar llamadas y administrar el dinero.
«Lo que pasó con Rodrigo Gómez demuestra hasta dónde puede llegar el delito organizado desde las cárceles cuando no hay controles efectivos. Es necesario acompañar desde el Congreso con una ley nacional que establezca con claridad y jerarquía que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares», sostuvo la diputada, ex presidenta del ENACOM. El proyecto apunta a cerrar el debate sobre si la prohibición debe ser por resolución administrativa —como hasta ahora— o si debe tener rango de ley, con las sanciones y la jerarquía normativa que eso implica.
Política
Rach anunció que se trabaja por el edificio propio del Instituto de Educación Superior
Dos arquitectas del Ministerio de Educación realizaron el relevamiento del terreno identificado para la futura construcción.
Esta mañana, el intendente Rubén Rach estuvo acompañando el inicio de la Expo Joven 2026, una jornada que tiene como objetivo acercar a los estudiantes de Charata distintas herramientas y oportunidades para que puedan pensar y proyectar lo que viene después de terminar el secundario. Rach aprovechó la oportunidad para anunciar que se está trabajando en poder lograr un edificio propio para el Instituto de Educación Superior de Charata.
«Desde hace un tiempo venimos trabajando para poder lograr el edificio propio del Instituto Superior», señaló el intendente, quien detalló que primero se envió, junto a la rectora de la institución, el pedido formal correspondiente.
Ya se realizó el relevamiento del terreno
Rach explicó que, luego de identificar el lugar donde se pretende construir el edificio, el día anterior estuvieron dos arquitectas del Ministerio de Educación realizando el relevamiento del predio. El intendente remarcó que ya se conversó con funcionarios del Gobierno provincial para avanzar en la factibilidad de la construcción, que consideró muy necesaria para el nivel superior en la ciudad.
«Vamos a trabajar hasta poder conseguirlo», concluyó Rach.
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Política
La FIA archivó la denuncia contra Chomiak, extitular de la Intendencia de Charata
El Dictamen N.° 262/26 concluyó que no se configuró un conflicto de intereses en las obras adjudicadas a INTMEC SRL, la empresa integrada por Pablo Melino, esposo de la diputada y exintendenta de Charata.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) del Chaco archivó la denuncia presentada contra María Luisa Chomiak por un presunto conflicto de intereses relacionado con obras públicas adjudicadas a INTMEC SRL, empresa integrada por su esposo, Pablo Melino. La decisión quedó plasmada en el Dictamen N.° 262/26, firmado el 2 de septiembre por el fiscal general Gustavo Leguizamón.
La denuncia había sido presentada en plena campaña electoral de 2025 por Francisco Romero Castelán, entonces diputado provincial de la UCR y actualmente subsecretario de Trabajo, Capacitación y Empleo del Gobierno chaqueño. El planteo sostenía que podían existir irregularidades en distintas contrataciones y una eventual violación del régimen de ética pública y del artículo 67 de la Constitución provincial, que prohíbe a los funcionarios y sus parientes hasta segundo grado intervenir como oferentes en contrataciones estatales.
Qué encontró la Fiscalía
El dictamen reconoce la existencia del vínculo conyugal entre Chomiak y Melino, contraído en mayo de 2018, y que INTMEC SRL era oferente del Registro Provincial de Constructores. Sin embargo, la FIA determinó que las obras cuestionadas no fueron contratadas por la Municipalidad de Charata, sino por organismos provinciales y Lotería Chaqueña, y que fueron tramitadas durante el período en que Chomiak se encontraba de licencia sin goce de haberes de la Intendencia para ejercer como diputada nacional.
Otro punto central del dictamen es que no surgieron pruebas de una intervención directa de Chomiak en esas contrataciones, ni de una disposición de fondos municipales en beneficio de la empresa. El Tribunal de Cuentas informó además que no registraba observaciones sobre las obras analizadas, y la FIA señaló que tampoco aparecieron elementos que indicaran que los trabajos no se hubieran ejecutado.
«No se dan los extremos legales» de un conflicto de intereses
Con esos elementos, el organismo concluyó que «no se dan los extremos legales previstos por la Ley 1341-A de Ética y Transparencia Pública que indiquen la presencia de conflicto de interés en el caso», y dispuso cerrar y archivar las actuaciones. Durante la investigación, Chomiak había negado las irregularidades denunciadas.
El dato tiene especial repercusión en Charata, donde Chomiak fue intendenta durante varios años y donde se centró buena parte de la discusión pública que acompañó la denuncia.
Política
Capitanich propone unificar las elecciones nacionales y provinciales en 2027
La propuesta busca eliminar la restricción del artículo 133 de la Constitución provincial, que exige separar ambos comicios.
El senador Jorge Capitanich sostuvo que es necesario unificar las elecciones nacionales y provinciales en 2027 en la provincia del Chaco, y anticipó que impulsará una enmienda constitucional para eliminar las restricciones que actualmente impiden realizar los comicios de manera simultánea.
La iniciativa busca recoger el mismo criterio que el oficialismo invoca para impulsar la eliminación de las PASO: reducir los costos y evitar la realización de elecciones por separado. «Vamos a pedir elecciones provinciales junto a las nacionales. Si el argumento para eliminar las PASO es el ahorro, esta propuesta va en el mismo sentido y permite profundizar ese objetivo», manifestó Capitanich.
Una propuesta ligada al debate sobre las PASO
«Vamos a presentar una enmienda constitucional, porque resulta ser que el oficialismo planteó la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias respecto del ahorro. Entonces nosotros queremos avanzar en una propuesta que también permita reducir los costos y evitar la realización de elecciones separadas», sostuvo el exgobernador.
Consultado puntualmente sobre el artículo que regula la separación de los comicios, Capitanich respondió: «Queremos que se elimine la restricción del artículo 133 respecto del tema de las elecciones por separado y que se unifiquen las elecciones nacionales con las provinciales. Si el oficialismo plantea eliminar las PASO con el argumento de que de ese modo se ahorra una elección, estamos proponiendo una alternativa que profundiza ese mismo criterio».
Una iniciativa a cargo del bloque
El senador remarcó que, de avanzar esa discusión, su bloque legislativo presentará formalmente la iniciativa, al considerarla de relevancia para el debate electoral provincial. La propuesta será impulsada mediante una enmienda constitucional y plantea modificar el esquema vigente para permitir que las elecciones provinciales y nacionales puedan realizarse de manera simultánea en 2027.
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