Por estas horas, cientos de trabajadores estatales esperan definiciones sobre su futuro laboral. Es que el 31 de marzo, la fecha límite establecida por Javier Milei para pasar la motosierra en la Administración Pública Nacional (APN) está próxima y por ende, el futuro de varios empleados está en juego. En medio de la incertidumbre, el presidente habló sobre el tema en el IEFA Latam Forum, un foro económico con presencia de empresarios, y confirmó que se darán de baja 70 mil contratos.

Milei se refirió al tema mientras se refería a la baja del gasto público: “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”, indicó el mandatario.

Y destacó: “Eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas. No solo eso, sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas, básicamente tuvieran un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio. Es decir, también tuvimos una fuerte perspectiva social en lo que estamos haciendo”.

Por la tarde, fuentes de Gobierno habían revelaron ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas que no se renovarán “entre el 15 y el 20%” de los más de 71.000 contratos de trabajadores estatales observados, aunque evitaron convertirlo en un número concreto al argumentar que se conocerá durante el mes de abril, con las liquidaciones.

“No es el despido, es la no renovación, no es lo mismo”, intentan aclarar por los pasillos de Balcarce 50. Sin indicación específica, cada área le da su impronta a la hora de no comunicar a sus empleados las cesantías para cumplir con el recorte ordenado por el mandatario.

Las bajas responden al decreto 84/2023 publicado en el Boletín Oficial el pasado 23 de diciembre, a través del cual el Poder Ejecutivo estableció renovaciones por un período de tres meses a los trabajadores contratados, mientras, en paralelo, llevó adelante auditorias para relevar cada área y establecer el estado de situación de cada cartera.

Al respecto, Rodolfo Aguiar, secretario general ATE Nacional planteó en conversación con esta agencia que si la administración libertaria no renueva el porcentaje que promete implicará el despido de “entre 14.000 y 21.000” trabajadores. Además, detalló que de los 71.000 empleados estatales en observación, 65.000 corresponden a vínculos laborales de los denominados Artículo 9 de la APN, y otros 6.000 de los conocidos como 1.109.

El titular de ATE prometió “profundizar el plan de lucha” y alertó sobre el creciente escenario del escenario de conflictividad social que calificó de “inevitable”. “El Gobierno ha instalado una campaña de desprestigio con verdadero éxito.

Caputo justifica los despidos diciendo que la gente espera que en el Estado quienes prestan servicio estén por vocación de servir. Según él, muchos están para hacer negocios… no vaya a ser cosa que el echado por la movilización popular sea él”, completó el dirigente sindical.

“Nadie debe dudar acerca de que vamos a resistir cualquier posibilidad de que el Estado aparezca como garante del saqueo de todos nuestros recursos naturales, como pretende el Gobierno”, anticipó Aguiar, y reveló que la CTA Autónoma, central de la que forma parte, pelea por un nuevo paro general.

Por último, afirmó que “son tiempos de resistir pero también de tener propuestas”, por lo que prometió “seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en el Estado”.

Cierres y recortes

Desde el viernes pasado, en algunas Unidades De Atención Integral (UDAI), dependencias de ANSES para atención del público, se inició un proceso de despidos en varias provincias del país e incluso cerraron algunas sedes.

A los despidos en el Gran Buenos Aires y en la localidad balnearia de Mar del Plata se sumaron las provincias de Chaco, Río Negro, Santa Fe y Jujuy. De manera definitiva, en Chaco cerraron las oficinas de Machagai, General Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras; en Río Negro hubo 18 bajas y desafectaron las sedes de Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán; en Santa Fe clausuraron las oficinas de Vera y Villa Ocampo y en ANSES Jujuy hubo 11 despidos.

La motosierra también llegó al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), con el despido de más del 30% de la planta de 400 empleados. Las bajas forman parte de la etapa inicial del plan de “adecuación” del organismo.

Tal y como anticipó NA, el Gobierno rescindió además contratos de 135 personas en la Agencia Nacional de Discapacidad, a través de una nota del titular, Diego Spagnuolo, y los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) esperan alrededor de 50 despidos

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