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“Cuanto más tardás, peor es el castigo”: el infierno que vivió una menor y una novedosa condena a su acosador

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“Cuanto más tardás, peor es el castigo”: el infierno que vivió una menor y una novedosa condena a su acosador
La jueza Karina Andrade, a cargo del expediente

A comienzos de enero de 2021, una joven porteña de 17 años, estudiante de colegio secundario, se topó con una solicitud de amistad en su cuenta de Instagram. Quien se la enviaba tenía su rostro en la foto de perfil, además de su nombre. La chica lo aceptó y comenzaron una conversación que duró varios días y, poco a poco, subió de tono en términos sexuales. El hombre, cinco años mayor que ella, le envió fotos íntimas y le pidió que hiciera lo mismo. El 24 de enero de ese año, la menor aceptó y le envió tres videos.

En ese momento, la menor no lo sabía, pero acababa de ingresar en un infierno de amenazas, acoso, presiones e, incluso, abusos sexuales.

Luego de recibir ese material, el hombre de 25 años, identificado como V.A. en el expediente, comenzó a exigirle a la menor que le enviara más material. La chica se negó y el hombre enfureció. Ella intentó terminar la breve relación virtual, pero fue imposible. El acosador la amenazó con distribuir los videos entre sus familiares y amigos. En poco tiempo había conseguido mucha información: sabía a qué colegio iba, tenía las redes sociales de sus compañeros de curso, conocía el lugar donde estudiaba danza y había conseguido el teléfono de sus padres.

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La amenaza fue tan clara como cruel desde el principio: “A partir de ahora, me obedecés. Si pasan 10 minutos y no me respondés, castigo. Y ese castigo es que un familiar tuyo se entere. Así vas a aprender a ser una puta obediente, el dolor te va a ayudar”.

El acosador le hizo saber desde el principio que tenía información de ella. Le envió capturas de las cuentas de Instagram de sus amigos y de su familia. La menor tuvo miedo. No supo qué hacer. No quiso contarle a nadie lo que estaba viviendo. Tampoco bloqueó al acosador.

Entonces, no tuvo más remedio que obedecer. Pero, como suele suceder en estos casos, la obediencia no calmó al acosador, sino todo lo contrario.

El 25 de enero de ese 2021, el hombre volvió a contactarse con la menor. Los mensajes eran constantes y dejaron de ser meras amenazas para convertirse en un acoso insoportable y con exigencias aberrantes: “Yo soy bueno y vos sos mala. Ahora quiero buenos videos. Quiero que aparezca esta amiga ( le envía la foto de una compañera de colegio). Quiero que participe ella también. Y me contestas cada vez que te hablo, no me importa lo que estés haciendo. Sos una puta muy mala y voy a castigarte. ¿Ves de lo que soy capaz?. Te voy a hacer la vida imposible. Respondé, puta malagradecida”.

Las amenazas, plasmadas en la resolución de la justicia
Las amenazas, plasmadas en la resolución de la justicia

Mientras esto pasaba en la virtualidad, en la vida real, la menor intentaba disimular como podía el calvario que estaba viviendo. Trataba de no mostrarse angustiada, aunque la situación se volvía cada vez más insostenible. Sobre todo, con lo que sucedió una tarde de finales de enero. El hombre la obligó a tocar sus partes íntimas con un objeto.

“Hacé el video como te dije. Lee bien el chat y seguí las instrucciones o le cuento a tu papá. Toma un peine y chúpalo. Decí y hace lo que te digo. Dejá de dar vueltas. Andá al baño a hacerlo y que se vea todo tu cuerpo desnudo y tu carita. Dale, hacelo con más ganas. Y que los videos permanezcan en el chat, que no desaparezcan. Te quiero en el baño perreando, un perreo bien caliente”.

Finalmente, por la terrible presión del acosador y el miedo a que se difundieran sus videos, la menor aceptó el pedido. Aunque, por suerte, fue el último.

Durante los primeros días de febrero, la menor no soportó más y le contó a sus padres lo que sucedía. Inmediatamente, el papá de la menor hizo la denuncia y comenzó una investigación de la que participó la fiscal Daniela Dupuy, y la jueza Karina Andrade.

La presentación de la familia de la menor incluyó 43 capturas de pantalla y se peritó el celular de la chica para poder llegar hasta el acosador. Finalmente, se logró ubicar al hombre, que vivía con sus padres en un departamento sobre la calle Pichincha, en Constitución.

Luego de una investigación de casi dos años, la fiscalía pactó un juicio abreviado en el que el acusado aceptó su culpabilidad y accedió a ser condenado a un año de prisión por grooming.

Sin embargo, cuando ese juicio abreviado llegó a manos de la jueza Andrade para su homologación, se produjo un cambio sustancial e innovador. La magistrada consideró que la calificación no era la de grooming, sino la de abuso sexual simple bajo modalidad coactiva.

Es decir, como el hombre obligó a la chica a tocarse en contra de su voluntad, la jueza consideró la situación como abuso sexual, a pesar de que no existió un contacto físico entre ellos.

Andrade lo explicó así en su fallo, al que Infobae accedió en forma completa: “Considero que el suceso analizado involucró al uso de coacciones por parte de V.A. para que la damnificada realizara material con contenido sexual, involucrando diversos tocamientos en sus partes íntimas, más allá de que en la conducta aludida intervinieron medios de comunicación electrónicos, lo que no obsta a la configuración del tipo penal”.

Sin embargo, la jueza sí mantuvo la pena de un año en suspenso, sin que V.A vaya a la cárcel. También especificó la obligación para el condenado a que se presente en el juzgado cuando se lo requiera, que haga un curso sobre el delito que cometió y no pueda acercarse a su víctima ni a su familia de ninguna manera.

Por último, según informó la Oficina de Información Judicial del Consejo de la Magistratura CABA, la Justicia ordenó que al hombre se le extraiga material genético y se lo incluya en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con Delitos contra la Integridad Sexual.

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(Vía Infobae)

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Un estudio determinó que la política ambiental de la Argentina es insuficiente

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Un estudio determinó que la política ambiental de la Argentina es insuficiente

Un reciente estudio elaborado por investigadores de distintos países le asignó “muy baja credibilidad a la política climática de la Argentina”. En rigor, el informe, publicado en la revista científica Science, señala que “hay una gran diferencia entre el objetivo de descarbonización que el país presentó ante las Naciones Unidas y las medidas concretas para reducir los gases que calientan la atmósfera”.

Los autores del artículo provenientes de Inglaterra, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y Brasil evaluaron la credibilidad de los planes de emisiones netas cero y los objetivos a largo plazo de 16 países y del bloque de la Unión Europea. A partir de los datos recolectados, la Argentina ingresó en la lista de los 22 primeros países emisores de gases que causan el cambio climático.

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En concreto, se evaluaron tres características de los objetivos individuales de cero emisiones netas: si el objetivo es legalmente vinculante, si existe un plan de política creíble que guíe su implementación y si las políticas a corto plazo de un país ya reducen las emisiones en la próxima década. A cada objetivo se le asigna una puntuación de confianza más alta, más baja o mucho más baja.

Por ejemplo, la Unión Europea tiene un objetivo legalmente vinculante acompañado de un plan de implementación creíble y sus emisiones proyectadas para 2030 son inferiores a los niveles de 2020. Por lo tanto, a su objetivo cero se le asigna una puntuación de confianza más alta.

El planeta necesita prácticas concretas para reducir las emisiones contaminantes. (Foto: AdobeStock)

Así, la publicación establece una tabla de calificaciones que va de “muy baja confianza” a “mayor confianza”. La mayoría de los estados sacaron una mala nota. Ya son más de cien los países que están considerando o han presentado planes de emisiones neta cero a 2050 ante la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC).

El problema es que parecen ser solo dibujos en el papel. Por esta distancia entre lo prometido y la realidad, “es muy posible que terminemos con un aumento de temperatura de 2,4 °C para 2100″, señala el estudio.

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La importancia de analizar la credibilidad en materia ambiental

El estudio evidencia un importante problema que acecha a las distintas investigaciones que pretenden medir el panorama del cambio climático. “Muchos informes sobre el calentamiento global generan confusión. Hay análisis que consideran las políticas actuales y su impacto en las emisiones a mediano plazo, y proyectan un aumento de temperatura entre 2,5 °C y 3 °C para el año 2100″

Por otro lado, hay análisis que toman en cuenta los compromisos internacionales y las promesas a largo plazo, incluso si no son muy creíbles, y sugieren que la temperatura se estabilizará entre 1,5 °C y 2 °C, e incluso que podría revertirse gradualmente al final del siglo”, advierten los autores del texto.

la Argentina ingresó en la lista de los 22 primeros países emisores de gases que causan el cambio climático. (Foto: AdobeStock)

la Argentina ingresó en la lista de los 22 primeros países emisores de gases que causan el cambio climático. (Foto: AdobeStock)

Es que, en rigor, estos dos resultados son muy diferentes: uno muestra un mundo donde el cambio climático sigue avanzando y amenaza el desarrollo sostenible, mientras que el otro muestra un mundo donde las pérdidas y los daños podrían ser manejables. Todo depende del tipo de compromiso y acción climática que se lleve adelante en las próximas décadas.

Por eso, el informe hace hincapié en la necesidad de aportar calidad y, sobre todo, credibilidad: “Es importante que los tomadores de decisiones y el público comprendan en qué punto nos encontramos y a qué mundo nos está llevando la política actual a corto y largo plazo. Desafortunadamente, los análisis actuales no ofrecen esa claridad”.

“Proyectar trayectorias de emisiones hacia el futuro es un ejercicio incierto. Sin embargo, esta incertidumbre se puede aclarar evaluando la confiabilidad y la calidad de cada objetivo, y ajustando las emisiones de GEI y las temperaturas globales proyectadas en función de la credibilidad de cada país”, concluyen.

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Sobrepoblación y hacinamiento: cómo viven hoy los presos argentinos y en qué estado están las cárceles

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Sobrepoblación y hacinamiento: cómo viven hoy los presos argentinos y en qué estado están las cárceles

No es una novedad que las cárceles de la Argentina están en estado de sobrepoblación, ya que es una problemática que viene arrastrándose desde hace décadas. Sin embargo, un reciente informe oficial confirmó que la cantidad de personas detenidas en unidades penitenciarias federales va en aumento. A eso se le suma una gran número de denuncias de hacinamiento, malos tratos y muertes.

Según describió la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), para fines del 2022 había detenidas 11.349 personas, a pesar de que el cupo declarado por las autoridades fue de 10.932. De ese total, la mayoría de los presos se encuentran en el AMBA, más específicamente en Marcos Paz y Ezeiza, los dos complejos con más capacidad.

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En tanto, en comisarías de la Ciudad hubo una ocupación de un 104%. Estas sedes policiales, desde el principio de la pandemia, cumplieron la función de alcaldías judiciales y contuvieron a los detenidos al máximo de su capacidad, generando una situación de “colapso”.

La Unidad Penal 29 de CABA, en estado de sobrepoblación. (Foto: El Grito del Sur)

Hacinamiento y hambre: así viven los presos

El informe de la Procuración relevó distintas denuncias que se hicieron en el último año sobre la alimentación deficiente que padecen los presos en las cárceles federales, la falta de salud, abusos y torturas, pero además por la “alarmante situación de hacinamiento”.

Según describieron, las personas detenidas en celdas colectivas equivalen al 73 por ciento de la población carcelaria, mientras que solo el 27% está en una celda individual. Esto refleja que muchas personas viven amontonadas en los calabozos, incluso en climas de extremo calor. Muchas de las celdas no cuentan con ventilación, ni le llega la luz del sol.

Una de las celdas inspeccionadas donde hay más personas que la capacidad permitida (Foto: Sistema Interinstitucional de Control Judicial de Cárceles)

Una de las celdas inspeccionadas donde hay más personas que la capacidad permitida (Foto: Sistema Interinstitucional de Control Judicial de Cárceles)

En relación a las condiciones materiales de los pabellones colectivos, en general no tienen separación entre la zona dormitorio y la zona comedor, o directamente carecen de un espacio de comedor. Las mesas y sillas están ubicadas al lado de las camas cuchetas y se usan tanto con funciones de escritorio como para preparar alimentos y comer. En algunos espacios de alojamiento está todo tan apretado que, según identificaron, en el 54% de los pabellones colectivos relevados no había espacio libre para circular.

Además, manifestaron que los colchones están deteriorados, algunos de ellos ya son solo tela de tanto uso. Incluso, en varios casos se detectaron personas durmiendo en cartones.

Según el informe, las condiciones de alojamiento son las siguientes: “encierro de 24 horas de 3 o 4 personas en una celda individual o de 11 o 13 personas en celdas pensadas para 4, en celdas secas –es decir, sin agua, ni bacha ni inodoro–, conviviendo con botellas de orina y materia fecal, sin ventanas y consecuentemente, sin luz natural y sin ventilación, y mucho menos privacidad”.

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Con estos datos, se deja ver que existe un alojamiento en “condiciones inhumanas de detención”. “Es usual que el Servicio Penitenciario Federal duplique el cupo carcelario mediante el solo hecho de agregar camas en un espacio determinado, pero sin modificar la infraestructura que hace al acceso a derechos fundamentales de las personas detenidas”, informaron desde la Procuración.

Malos tratos, tortura y muerte

Por otro lado, señalaron que los detenidos denunciaron en los últimos años que sufrieron agresiones físicas, amenazas, requisa personal vejatoria, robo o daño de pertenencias. Pero lo más grave es que se registraron muchas muertes violentas.

Durante el 2022, se investigaron 316 casos de torturas y malos tratos por parte del personal penitenciario hacia los presos, y en más de la mitad de los casos las víctimas decidieron denunciar.

Hasta la fecha, están imputados 265 agentes penitenciarios (35 condenados, 130 procesados, 100 llamados a indagatoria o formalmente imputados) por denuncias de torturas o malos tratos.

A la fecha están imputados 265 agentes penitenciarios (35 condenados, 130 procesados, 100 llamados a indagatoria o formalmente imputados) por denuncias de torturas o malos tratos.

A la fecha están imputados 265 agentes penitenciarios (35 condenados, 130 procesados, 100 llamados a indagatoria o formalmente imputados) por denuncias de torturas o malos tratos.

“Este informe muestra que las prácticas de tortura y las muertes en custodia de personas jóvenes por problemas de salud o por diversas circunstancias violentas, aún se extienden a lo largo de las unidades penitenciarias federales”, se dejó asentado en el informe.

Por otro lado, informaron que se produjeron 41 muertes bajo custodia del SPF, 13 registradas como violentas y 28 por enfermedades. También hubo 18 muertes de personas detenidas por la Justicia nacional o federal en distintas jurisdicciones del país que se encontraban bajo custodia de fuerzas de seguridad.

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Para realizar este diagnóstico, la Procuración visitó entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 todas las unidades carcelarias. En cada una, tomaron una muestra de una cantidad de pabellones y realizaron las mediciones específicas de las condiciones materiales de detención. Además, hicieron recorridas y registros en los espacios comunes, y conversaron con las personas privadas de libertad y personal penitenciario.

El estado de las cárceles en cifras

  • El 74% de las personas detenidas son varones
  • El 26% son mujeres
  • Solo el 0,2% son personas travestis o trans
  • El 88% de los detenidos no terminó la escuela
  • El 95% son ciudadanos argentinos
  • La población carcelaria aumentó un 54% en 9 años
  • Argentina se ubica en el 6° puesto de Latinoamérica con más presos

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Un productor agropecuario murió aplastado por un tractor mientras llenaba el tanque de agua de su chacra

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Un productor agropecuario murió aplastado por un tractor mientras llenaba el tanque de agua de su chacra

Un hombre de 49 años murió aplastado por su tractor el miércoles en la noche, cuando llenaba el tanque de agua de su casa en la zona rural de Villa Regina, Río Negro. El trágico accidente ocurrió alrededor de las 20:00 en la chacra 126.

El productor fallecido fue identificado como Alberto Fabic, quien realizaba esta tarea con su tractor en medio de la oscuridad. Las fuentes judiciales indicaron que el vehículo estaba sobre una pendiente, se deslizó hacia donde estaba el hombre y lo arrolló con las ruedas traseras y la máquina que llevaba de acoplado.

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Según consignó el diario Río Negro, Fabic murió al instante. Su hija de 12 años estaba en la casa en el momento del accidente y, luego de escuchar el ruido, les avisó a sus familiares.

Fabic nació y creció en las chacras, según contó uno de sus familiares. (Foto: Gentileza Río Negro)

La Fiscalía Descentralizada de Villa Regina descartó un caso de homicidio, ya que no hay ningún tipo de evidencia que sustente esa hipótesis, y confirmó que se trató de una muerte accidental.

El fiscal Juan Carlos Luppi, efectivos de la Comisaría 35 y personal de salud se presentaron en la chacra. Los especialistas constataron que el hombre había sufrido una “muerte por aplastamiento”.

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Los allegados de Fabic le dieron el último adiós este jueves. Andrés Dalsasso, uno de los parientes, describió a “Beto” como una persona “familiera”, que nació en Villa Regina y se crio en las chacras.

“Siempre fue productor. Trabajó en el área de empaque frío y desde que nacimos empezamos a andar en los tractores”, contó Dalsasso al diario local. Fue una persona “buena y amigable”, “siempre dispuesta a ayudar, muy querida por sus colegas”.

Además de ponerle todo su empeño al trabajo en las chacras, Fabic disfrutaba de la pesca en su tiempo libre.

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