Los integrantes del interbloque del Frente de Todos del Senado de la Nación llegan hoy a La Rioja -se quedarán hasta mañana- en el marco de lo que denominaron “la peña de los senadores”, que son visitas al interior del país con el fin de avanzar en “la agenda de las provincias”.

Estos viajes al interior, que comenzaron con una visita a Tucumán a finales del mes pasado y otra al Complejo Atucha, en Lima, provincia de Buenos Aires, hace una semana, están motorizadas por el presidente del Interbloque y titular del bloque de Frente Nacional y Popular, José Mayans, y por su par del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.

Además, el grupo se termina de conformar con la presencia de Guillermo Andrada, Carlos Espínola, Nora del Valle Gimenez, Eduardo Kuider, Carlos Linares, Sandra Mendoza, José Emilio Neder, Antonio Rodas, Guillermo Snopek, Pablo Yedlin, Marcelo Lewandowski, Lucía Corpacci y Ricardo Guerra.

La única participante del viaje que no forma parte del interbloque, pero que es de especial atención, es la senadora Clara Vega, que al igual que en la visita a Tucumán fue invitada y participa del grupo en una imagen más de la cercanía que hoy tiene la legisladora que llegó a la Cámara alta de la mano de Juntos por el Cambio pero ahora armó un monobloque que suele acompañar al oficialismo.

La presencia de Vega es fundamental para seguir aceitando la relación que existe entre el oficialismo y la senadora riojana. Y en especial para avanzar en la agenda que busca plantear el kirchnerismo en la Cámara alta, tanto desde lo económico como de lo político y judicial.

Tanto es así que en la última sesión fue defendida por la legisladora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti en el intento de la oposición de ocupar el lugar que tiene asignado la riojana en el recinto.

Ese día, Vega se levantó para izar la bandera y dar inicio a la sesión y denunció que la legisladora de Juntos por el Cambio, Gabriela Riollo, de San Luis, le ocupó la banca. Esto fue visto por Fernández Sagasti, quien tuvo un duro discurso contra la actitud de Juntos por el Cambio y, minutos más tarde, la propia Vega señaló que estaba siendo hostigada por los legisladores de la oposición para que deje su lugar, ubicado en la zona reservada para la oposición -a la derecha de la presidencia del Senado.

Desde que decidió, a finales del 2020, romper con el bloque de Juntos por el Cambio, Vega ha sido clave en las últimas votaciones en el recinto ya que, junto al rionegrino Alberto Weretilneck, suelen acompañar las iniciativas del Frente de Todos. Fue el voto fundamental para que el oficialismo pudiera aprobar las modificaciones al impuesto de Bienes Personales. También es una de las legisladoras que presentó un proyecto de ley para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque el proyecto de Vega aboga por la paridad de género más que por la ampliación en el número de miembros de la Corte, en sus palabras en la comisión bicameral de Asuntos Constitucionales y Justicia dejó en claro que apoya una línea del oficialismo respecto al rol del máximo tribunal: “Es necesario un replanteo sobre este organismo y este poder legislativo tiene que zanjar las diferencias para dejar a la Corte que haga lo que le corresponde, que es dictar sentencias como la de jubilados que murieron sin un fallo de su parte”.

En paralelo a las discusiones políticas, los senadores seguirán adelante con el viaje que tiene como objetivo “llevar la agenda de las provincias al senado”. En el programa que se difundió de parte del interbloque se establece que los legisladores llegarán hoy a La Rioja y se alojarán en el Naindo Park Hotel. Sólo tienen establecido para esta noche una cena en la residencia del gobernador Ricardo Quintela.

Para el viernes tienen establecido un acto en donde se va a izar la bandera en la Plaza 25 de Mayo y luego se harán una foto institucional en la explanada de la Casa de Gobierno, ubicada frente a la plaza. Luego, al mediodía, tienen agendada una visita al parque eólico del departamento Arauco, a unos 100 kilómetros, para después trasladarse a al departamento Sanagasta, donde almorzarán.

Por la tarde visitarán en la capital riojana el complejo Internet para Todos y a las 19 serán trasladados al aeropuerto para regresar a sus provincias.

Polémica decisión

La llegada de los senadores a La Rioja se da en medio de una polémica decisión del gobernador Quintela. El titular del Ejecutivo es acusado por el senador nacional de su provincia Julio Martínez (UCR-Juntos por el Cambio) por impulsar una ley en la Legislatura por la que recibirá una pensión de por vida, aunque cobre por otras funciones públicas. “Nuestros diputados votaron en contra, pero el oficialismo impuso su mayoría automática”, aclaró en un hilo que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

“El art. 1° de la Ley N°6267 establecía una pensión mensual no remunerativa y no sujeta a aportes, para los ex-gobernadores, vicegobernadores y presidentes del Tribunal Superior de Justicia, pero supeditaba dicho beneficio a la ‘ausencia de percepción de otros emolumentos’. El proyecto de ley aprobado modifica el citado artículo, eliminando esta restricción. De ahora en más, cualquiera de los ex mandatarios podrá percibir de forma simultánea la pensión vitalicia y cualquier otro haber de carácter público”, explicó Martínez en la red social.

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La interna del Frente de Todos continúa al rojo vivo y este viernes por la noche fue el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien buscó bajarle el tono a las críticas que había hecho más temprano Máximo Kirchner al sostener que, “en términos futboleros, hay cosas que se tienen que discutir en el vestuario”.

De esta manera, el funcionario volvió a respaldar al presidente Alberto Fernández y le contestó al diputado oficialista, quien durante un acto en el club Podestá, en el partido bonaerense de Lanús, cuestionó nuevamente las políticas económicas de la actual gestión y advirtió que ”cuando uno quiere conducir, debe saber obedecer”.

“Vemos dirigentes de monopatín en los medios, que van con el monopatín, de medio en medio, y logran que los traten bien. No sé las concesiones que harán”, deslizó con sarcasmo el hijo de la vicepresidenta, en referencia a algunos ministros nacionales que durante los últimos días respaldaron al Gobierno en distintas entrevistas.

Unas horas más tarde llegó la respuesta de Zabaleta: “En términos futboleros, yo creo en el vestuario. Me parece que hay cosas que se tienen que discutir en el vestuario. Hay una realidad cotidiana que nos invade, que es la realidad que viven los argentino. Tenemos problemas, la plata no alcanza, los precios no paran de subir”, remarcó.

Al participar del programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino en el canal América, el ex intendente de Hurlingham aclaró que a él no le “asusta discutir”, pero está “convencido de que el Frente de Todos no le puede fallar a los argentinos”.

“Hay discusiones (dentro de la coalición) que son profundas y públicas, pero tratemos de entender esto y de poner los problemas de la gente por encima. Yo soy ministro de Desarrollo Social, uno de los que tiene mayor territorialidad, lo que hay que hacer es gestionar, ir para adelante, hacer, y de vez en cuando, cuando pongo el freno, reflexiono con mis compañeros, pero si ahora me preguntan por el 2023 no les voy a responder”, señaló.

Sin nombrar directamente a Cristina Kirchner, Zabaleta aseguró que él tiene comunicación “con todo el Gobierno, aunque con algunos más y con otros menos”, y aseguró que Alberto Fernández también “habla con todos” los integrantes de su Gabinete.

“También, cuando salgamos del vestuario tenemos que hacerlo con 5 estrategias claras para ganar el partido. ¿En el Frente de Todos coincidimos en mejorar el salario?, absolutamente; ¿en aumentar las prestaciones alimentarias?, absolutamente; ¿en subir el mínimo no imponible?, obvio. Bueno, estos son los puntos comunes”, destacó.

Estas declaraciones van en sintonía con la posición que viene demostrando tener el funcionario, cercano al Presidente, y que quedó plasmada durante una entrevista que brindó días atrás a Infobae, en la que consideró que “sería mucho mejor” que el oficialismo pudiera dejar de lados sus diferencias y “trabajar para poder coincidir en muchos temas”, porque “hay coincidencias”.

“Hay ejemplos concretos de las últimas horas: un proyecto de resolución del diputado Máximo Kirchner pidiendo adelantar el Salario Mínimo Vital y Móvil que impacta directamente en uno de los programas del Ministerio que es el Potenciar Trabajo. Y ahí estuvo el Gobierno dando automáticamente una respuesta. Ahí tenemos un tema que es del Frente de Todos en el que coincidimos que hay que mejorar los salarios. Estamos avanzando y a mí me parece que es buena la propuesta y es bueno que inmediatamente el Gobierno de respuesta en este sentido”, agregó en aquella oportunidad, en tono conciliador.

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El gobierno de Alberto Fernández le prohibió el ingreso al país a la diputada venezolana María Iris Varela Rangel, sobre quien pesan graves denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos en su país.

La ex funcionaria chavista, ahora diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional venezolana, tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Brasil con la intención de aterrizar en la Argentina pero no pudo hacerlo ya que se encuentra en la lista de personas que tienen prohibición de ingreso y tránsito a nuestro país por un acuerdo firmado por la Cancillería durante la presidencia de Mauricio Macri. Además, su nombre está en la lista de los sancionados por la OEA.

“La prohibición surge del listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC.30/RES.1/19 rev. I, aprobada por la Trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores actuando como Órgano de Consulta en Aplicación del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR)”, dice el comunicado de Migraciones.

Varela Rangel aparece en el lugar 26 de un listado de 29 personas. El último en la lista es Alex Saab, el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, preso en Miami desde octubre de 2021.

La resolución, aprobada por los Ministros de Relaciones Exteriores en diciembre de 2019, en la ciudad de Bogotá, instaba a los países miembros a “activar los mecanismos de cooperación, medidas de debida diligencia y demás procedimientos necesarios, de acuerdo con las legislaciones nacionales y los mecanismos existentes de cooperación en materia de inteligencia financiera, con miras a dar cumplimiento al mandato contenido en los numerales 1 y 2 de la resolución RC.30/RES. 1/19 rev. 1, del 23 de septiembre de 2019, sobre la base de la lista inicial anexa, de personas asociadas al régimen de Nicolás Maduro”.

Su vida política empezó cuando era joven: tenía apenas 13 años cuando se inscribió en el Partido Comunista Venezolano (PCV)

Más tarde fue directora nacional y coordinadora por el estado de Táchira del Movimiento Quinta República, partido fundado por Hugo Chávez, con el cual el entonces teniente coronel ganó las elecciones presidenciales de 1998.

Fue elegida como constituyente a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999, la cual tenía como objetivo principal la redacción de una nueva constitución que refundaría el Estado. A partir de entonces, fue elegida diputada a la nueva Asamblea Nacional por el estado de Táchira en tres períodos consecutivos: 2000-2005, 2006-2011 y finalmente 2011-2016.

En julio de 2011 fue designada Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Dos años después, el 21 de abril de 2013, en cadena nacional, fue reafirmada como Ministra de Servicios Penitenciarios para el régimen de Nicolás Maduro, pero fue relevada en junio de 2017 para ingresar en la Asamblea Nacional Constituyente.

Dos años después, la polémica funcionaria lideró el ataque a los camiones con ayuda humanitaria que pretendían ingresar a Venezuela desde Colombia. Las fuerzas venezolanas, con la ayuda de los colectivos chavistas, evitaron el ingreso por medio de la violencia y produjeron disturbios en medio de los cuales uno de los camiones fue incendiado.

Hugo Chávez llamó a Iris Varela “fosforito” y “Santa Iris de los Desposeídos” y desde que la nombró Ministra de Asuntos Penitenciarios ella impuso su propia ley y decidió por encima de jueces y fiscales la libertad, los beneficios y los traslados de miles de presos, incluyendo narcotraficantes.

Actualmente, desde la Asamblea Nacional, sigue decidiendo el destino de los presos en Venezuela y se dedicó a construir su ejército de grupos armados, con la excusa de defender la revolución y lo consiguió reclutando a los mismos presidiarios a los que concede beneficios.

Varela fue señalada por el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, después de la Operación Libertad del 30 de abril 2019, de haberle solicitado al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, 30 mil rifles para armar su ejército privado del que formaban parte prisioneros que “tenía entrenados” y “de la cual ella era su comandante”.

La liberación de presos le ha servido a Varela para bajar el hacinamiento. Y las medidas sanitarias contra el Covid-19 le dieron la excusa perfecta para sacar a cientos de privados de libertad de las cárceles.

Las alarmas se encendieron cuando en abril de 2020 la liberación de presos fue masiva. Fueron 382 los excarcelados del Centro Penitenciario de Tocuyito en el estado de Carabobo. Varela se escudó en el Régimen de Confianza Tutelado, establecido en el Código Orgánico Penitenciario.

En 2020, además, amenazó con encarcelar al presidente interino y líder de la oposición, Juan Guaidó, en el Centro Penitenciario de Occidente.

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