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Chaco

En la Ex Esma, se concretó la quinta audiencia del juicio de la verdad por la Masacre de Napalpí

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La ronda de testimonios orales continuará el jueves 12, en el mismo lugar con declaraciones de investigadores especializados en la reconstrucción de los delitos cometidos contra los pueblos Qom, Moqoit y criollos en 1924. El 19 de mayo serán los Alegatos finales de la Fiscalía y las Querellas en Resistencia.

 

Ayer, con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco como querellante, se llevó a cabo la quinta audiencia por el juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, iniciado el pasado 19 de abril en la Casa de las Culturas de Resistencia. En esta oportunidad, las rondas testimoniales se realizaron en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), en la ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada prestaron su declaración en calidad de testigos los investigadores e investigadoras Marcelo Musante, Nicolás Iñigo Carrera, Jorge Ubertalli, Lena Dávila, Alejandro Covello, Carlos Salamanca, Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaulo, quienes realizaron un abordaje integral y sostenido en basamentos científicos de lo ocurrido en las reducciones indígenas y sus consecuentes secuelas.

El jueves 12 continuará la sexta audiencia con las declaraciones de Silvina Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y de los investigadores e investigadoras Valeria Mapelman, Héctor Trinchero, Mariano Nagy y Diana Lenton. El 19 de mayo serán los Alegatos finales de la Fiscalía y las Querellas en Resistencia.

En ese marco, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez, expresó: “Estamos transcurriendo un proceso de memoria, verdad y justicia el cual fue muy esperado por los pueblos originarios y por toda la comunidad chaqueña y de Latinoamérica”.

“Esta es una deuda que nos tenemos para con nosotros y que tiene que ver con reconocer un crimen de lesa humanidad, un genocidio que se llevó a cabo a través de un plan sistemático por parte del Estado. Napalpí representó explotación laboral y malas condiciones de expropiación de los territorios, por lo que lo principal de este juicio es darle a lo ocurrido la entidad de verdad”, agregó la funcionaria chaqueña.

Desde Nación, el investigador Alejandro Jasinski, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos, remarcó: “Las bases del olvido se dieron en tres etapas, en cómo funcionó el poder Ejecutivo, cómo había funcionado el poder Legislativo y como el Judicial”. “Ha quedado en evidencia cómo a lo largo de la historia se ha intentado evadir el número de la masacre, de las víctimas, tergiversar los hechos”, apuntó en relación a la importancia de llevar adelante un proceso judicial de esta magnitud.

 

Testimonios

Entre los relatos oídos este martes, las voces de las y los investigadores coincidieron en el hecho de que tanto la persecución realizada por el Estado hacia los pueblos originarios, la falta de políticas en torno a los reclamos laborales y los atropellos que sufrieron fueron desencadenantes de más ataques hacia estas comunidades vulneradas, ya que se generó una idea errónea de que el aval del Estado era suficiente para sostener la violencia institucional y estatal.

Marcelo Musante, en su rol de docente e investigador, señaló que la jerarquización que se daba en aquel entonces, el colocar a las etnias en escalafones sociales mucho más bajos y sin garantías ciudadanías, fue un potenciador para que el asesinato de los residentes de Napalpí se concrete: “Las reducciones indígenas fueron indispensables para llevar a cabo la masacre”.

Nicolás Iñigo Carrera, investigador e historiador, aseguró: “Lo sucedido en Napalpí era algo que se conocía, más para quienes estábamos metidos en la investigación del tema pero nadie quería hablar. Los habitantes de la reducción de Napalpí cuando hablaban del tema hacían referencia a unos malos dirigentes que los habían llevado a hacer ese movimiento, haciéndolos rechazar su propia historia. Era un tema que se hablaba en voz baja o directamente no se hablaba”.

La antropóloga Lena Dávila, en su aporte, hizo hincapié en las limitaciones que fueron impuestas en cuanto a la contratación de mano de obra indígena, lo que impedía que los pobladores de las comunidades Qom y Moqoit puedan elegir donde trabajar y los obligaba a ajustarse a los parámetros establecidos por el Estado para la cosecha del algodón. “Esta prohibición de migrar como fuerza de trabajo en busca de mejores condiciones de trabajo afectó a los indígenas de la región, pero además se agregó el hecho de que a quienes vivían en la reducción de Napalpí, la administración de la reducción les exigía que entregaran lo producido en la cosecha de algodón y les prohibía terminantemente venderlo”.

“La explotación a la que eran sometidos los trabajadores de Napalpí fue en aumento y esto evidencia el trato desigual de estos trabajadores respecto de cualquier otro trabajador no indígena, quienes sí podían vender su fuerza de trabajo a quien quisieran y con mejores salarios”, explicó la investigadora.

“Para pensar la violencia, la verdad y la memoria es indispensable pensar los territorios y sus características, en el caso de Napalpí la sobreexplotación de los cuerpos fue igual a la sobreexplotación del territorio”, agregó Salamanca, investigador, a su turno.

 

En su testimonio el investigador Alejandro Covello, aseguró: “El 19 de julio de 1924 se vivió el terror desde el aire, y esto abrió la puerta a la masacre de Rincón Bomba y al 16 de julio de 1955. Necesitamos verdad y justicia para no llegar a lo que llegamos, lo que fueron los vuelos de la muerte”. Así mismo, teniendo en cuenta su análisis como piloto, aseguró respecto a los vuelos que se dieron días previos y durante la masacre: “El avión marca el blanco, la fuerza terrestre mata”.

Eva Nazar Gaulo, archivista e investigadora, participe de la recopilación de datos relevantes para esta causa, declaró: “Los archivos no guardan solo información sobre los próceres, no tienen solo la firma de los personajes célebres, conservan el sedimento del accionar continuado de la organizaciones y por eso tienen una triple función ya que permiten que se escriba la historia, que esos documentos puedan ser memoria de las instituciones productoras, pero fundamentalmente brindan las garantías del acceso a los derechos”.

En consonancia con esto, Alejandra Aragón, también archivista e investigadora, sumó respecto a la reconstrucción histórica por medio de archivos: “Esto sirvió para contrastar lo ocurrido con la idea inicial que había de que ocurrió la masacre porque había existido un malón”.

El juicio

Este proceso, el primero en el país en juzgar un etnocidio como crímenes de lesa humanidad, es posible gracias a la articulación de la lucha de las comunidades indígenas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de derechos humanos, la investigación de historiadores como Juan Chico, la voluntad y trabajo de la Justicia Federal y una decisión política del Estado provincial de estar a la altura de las circunstancias para dar el acompañamiento merecido.

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Nayla Bosch, aseveró: “Sabemos que esto es algo que ocurrió y que tuvo estrecha relación con el Estado y con el sector privado que eran quienes querían hacer uso de las tierras. Estamos hablando de una reducción, podríamos decir que hablamos de un campo de concentración en nuestra provincia del Chaco, entonces lo que hoy estamos juzgando son hechos que fueron negados. Este proceso busca cambiar esas miradas negacionistas, las de quienes niegan lo que sucedió o que entienden que fue un proceso particular, cuando la verdad es que fue una masacre perpetrada por un poder económico con complicidad del Estado nacional en ese momento”.

El objetivo de este proceso es avanzar en una reparación histórica por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en 1924 contra unas 400 personas de las etnias Qom y Moqoit. Se trata de un “juicio por la verdad” debido a que no tiene imputados, y en el que declaran sobrevivientes, descendientes de

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La ministra de Seguridad encabezará en Charata, una asamblea con intendentes de la Región Administrativa N°8

Reunión para coordinar y fortalecer políticas de seguridad con ocho municipios del sudoeste

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Gloria Zalazar

La ministra de Seguridad encabezará en Charata, una asamblea con intendentes de la Región Administrativa N°8.

En Charata, funcionarios del Ministerio de Seguridad se reunirán con los intendentes de Campo Largo, Corzuela, Las Breñas; General Pinedo, General Capdevilla, Gancedo, San Bernardo, Hermoso Campo; y la comuna anfitriona, que conforman la Región N° 8, en el marco del proceso de regionalización y ordenamiento territorial de las políticas públicas.

La ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar encabezará este miércoles en Charata, una asamblea con intendentes de la Región Administrativa N°8; conformada por los Municipios de Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, General Pinedo; General Capdevilla, Gancedo, San Bernardo, Hermoso Campo y la comuna anfitriona; con el objetivo de fortalecer acciones de seguridad, en articulación con los municipios; como parte del proceso de regionalización y ordenamiento territorial de las políticas públicas.

Los encuentros se realizan en forma periódica para presentar el abordaje de la situación delictiva de cada localidad; analizar y buscar soluciones conjuntas a problemáticas específicas.

El objetivo de estas reuniones que se desarrollarán en el resto de las regiones a lo largo del año; es enriquecer la planificación de políticas públicas y optimizar los recursos.

En el último mes se realizaron en Villa Berthet y Resistencia con intendentes de las regiones 9 y 10, respectivamente. Al igual que en esas ocasiones, participarán representantes de la cúpula policial, funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia, y autoridades municipales.

La ministra de Seguridad encabezará en Charata, una asamblea con intendentes de la Región Administrativa N°8

Para la asamblea de este martes, están invitados los intendentes de Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Charata; General Pinedo, General Capdevilla, Gancedo, San Bernardo y Hermoso Campo.

El Ministerio de Seguridad presentará el mapa que indica dónde tiene incidencia cada tipo de delito; con el abordaje que se realiza desde la Jefatura de Policía y las diferentes subsecretarías.

Intendentes de municipios que ya asistieron a dichas reuniones han destacado la convocatoria; porque permiten evaluar la realidad de cada localidad; y conocer las acciones en materia de prevención y persecución del delito que realiza el Poder Ejecutivo provincial.

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Vialidad Provincial ejecuta trabajos de pavimento urbano en Corzuela

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Vialidad Provincial ejecuta trabajos de pavimento urbano en Corzuela

Vialidad Provincial ejecuta trabajos de pavimento urbano en Corzuela. La Dirección de Vialidad Provincial (DVP ejecuta a buen ritmo las tareas correspondientes a la obra de pavimento urbano en Corzuela.

La misma comprende 13 nuevas cuadras en dos frentes de trabajo, uno de ellos en el tramo que va desde la calle Misiones, entre ruta nacional 89 y calle Moreno, mientras que el otro corresponde al tramo de la calle Salta entre avenida 25 de Mayo y calle Tucumán.

Con una inversión de $77.221.695,06 la obra es ejecutada Vialidad Urbana, bajo la inspección de Anahí Navarro, la misma lleva a la fecha un avance del 16%.

El administrador general Hugo Varela, indicó que el proyecto implica la construcción de calzadas de hormigón con cordón integral y desagües pluviales, el mismo permitirá mejorar la  transitabilidad de las calles mencionadas con anterioridad, optimizando así la calidad de vida de los ciudadanos, y permitiendo además abaratar los costos de mantenimiento de las calles para el Municipio de Corzuela, a partir del confort, limpieza y mejoras del tránsito que ofrece el pavimento urbano.

Vialidad Provincial ejecuta trabajos de pavimento urbano en Corzuela

La obra se ejecuta por administración, en la cual Dirección de Vialidad Provincial está a cargo tanto de la ejecución; como de la provisión de los materiales necesarios para su ejecución.

A su vez el objetivo principal de la obra radica en mejorar sustancialmente la transitabilidad vehicular y peatonal; pasando de la actual situación de calzadas de tierra con cunetas a cielo abierto, a calzadas pavimentadas. De esta manera se mejorará la calidad ambiental y se cerrará una importante malla circulatoria.

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Inició juicio por jurados en causa por abuso sexual gravemente ultrajante

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Inició juicio por jurados en causa por abuso sexual gravemente ultrajante

Inició juicio por jurados en causa por abuso sexual gravemente ultrajante. En la mañana del lunes comenzó el vigésimo juicio por jurados que tiene como jueza técnica la camarista Dolly Roxana Fernández.

Durante las audiencias, en las que está prevista la declaración de doce testigos en la causa N° 34.683/18-1 que tiene como acusado a J.R.T. por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia” y las agregadas por cuerda: N° 24.761/19-1 y N° 30.734/19-1.

Las partes que intervienen son el fiscal de Cámara N° 1, Jorge Gómez y la defensa particular a cargo de Juan Pablo Rivarola y Raúl Vicentino.

Inició juicio por jurados en causa por abuso sexual gravemente ultrajante

La jornada comenzó con la audiencia de selección de jurados, luego la jueza leyó las instrucciones iniciales y, posteriormente, se desarrollaron los alegatos de apertura.

Después declararon los primeros testigos y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes a las 8 para continuar con la producción de la prueba.

Las instancias públicas del juicio (instrucciones iniciales, alegatos de apertura, alegatos de clausura, instrucciones finales y veredicto); son transmitidas a través del canal de Youtube de la Oficina Judicial Central de Juicio por Jurados: http://cutt.ly/JuicioPorJuradosChaco

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