Pese a la crisis económica, al reclamo social de reducción del gasto político y la escasa cantidad de leyes sancionadas en los últimos dos años y medio, el Senado tiene hoy 5.175 personas empleadas bajo distintas modalidades en todas sus dependencias. Son 390 menos del total que había en noviembre de 2019, antes de que Cristina Kirchner asumiera la presidencia de la Cámara Alta.

El cálculo se desprende del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre los listados de personal publicados en la web oficial del Senado. Los datos oficiales incluyen desde los empleados que trabajan para cada uno de los senadores y los distintos bloques políticos, hasta el personal de las comisiones, las distintas direcciones, secretarías y áreas administrativas.

Si a los sueldos de estos empleados se suma la remuneración de los senadores y la de los funcionarios políticos de la Cámara alta, el gasto total en personal previsto para 2022 asciende a $23.700 millones. Es el 91% del total del presupuesto proyectado para este año desde la Secretaría Administrativa del organismo, aún no aprobado, ya que se prorrogó el del 2021 con un crédito vigente de $17.200 millones.

Los sueldos más altos son para los senadores: perciben haberes que comienzan en los $350.000 en bruto, pero a esa cifra hay que sumarle otros $100.000 por gastos de representación y el plus por desarraigo para la mayoría que vive en el interior del país, según indica el sitio web oficial.

Cada senador que llega al Palacio Legislativo dispone de 7.338 módulos para designar personal propio, que equivalen a $2,3 millones por mes que pueden distribuir a su criterio para contratar asistentes y asesores entre las categorías A-1, la más alta, con un sueldo que arranca en $260.000 en bruto sin contar adicionales como títulos universitarios o antigüedad; y la A-14, que es la más baja, con un piso de $44.000.

Los representantes de las provincias también pueden optar por contratar personal bajo la modalidad de locación de servicios por seis meses, cuya retribución se “descuenta” del dinero del que dispone equivalente a los módulos asignados. A ese paquete presupuestario se le suma el personal de planta permanente que “heredan”, y que no les consume la cantidad de módulos que reciben.

Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, advirtió que “no todos los senadores tienen la misma cantidad designada”. Y aclaró que “esto depende de algunas variables, como si es autoridad de bloque, o presidente de una Comisión, por ejemplo. Cada senador, entonces, puede armar su propio esquema”.

La polémica por los bloques

Los distintos bloques políticos también disponen de su propio personal, que como los empleados asignados a un despacho particular, se encargan de las tareas legislativas y administrativas de los senadores de una fuerza política.

El bloque de la Unión Cívica Radical – con 18 integrantes – es el que más empleados tiene: 56 contratos activos, 31 en planta permanente y otros 25 en planta transitoria. Así, la principal bancada opositora suma $7,6 millones por mes en salarios. Pero cuando llegó Cristina Kirchner para presidir el Senado, a fines de 2019, ese número ascendía a 117 empleados, según la información de la actual Secretaría Administrativa. A principios de este año, la decisión del kirchnerismo fue recortar más de 40 contratos al principal bloque opositor.

Las explicaciones difieren según las fuentes consultadas. Desde la bancada de la UCR le dijeron a Infobae que una treintena de empleados de planta permanente que trabajan en el bloque “vienen desde hace muchos años”. Y agregaron: “Hacen el seguimiento y el relevamiento del trabajo en las comisiones para todos los senadores del bloque, que funciona con una visión colectiva”.

Desde el radicalismo calificaron la decisión de echar a más de 40 empleados de planta transitoria como una “represalia política” de Cristina Kirchner por su cuestionamiento a la legalidad del quórum cuando se trató la modificaciones al impuesto de Bienes Personales en la última sesión de 2021.

Sin embargo, en el oficialismo descartaron intencionalidad política. “Los dados de baja no venían a trabajar”, aseguraron a Infobae. También señalaron que les habían advertido al principal bloque opositor que estaba “sobredimensionado”, y que “regularizaran” la situación, sin que hubiera habido ninguna respuesta concreta por parte de las autoridades de la UCR.

Los empleados del bloque K

El fuego cruzado continuó. Desde la UCR dijeron que “es inviable que el partido que manejó ‘La Casa’ desde 1983 tenga tan poca cantidad de empleados y asesores en el bloque”. Y remataron: “En diciembre tenía 57 empleados, que ahora llamativamente desaparecieron. Y no los echaron, sino que los ocultaron en distintas direcciones administrativas”.

En el Frente de Todos negaron que esa cifra de 57 empleados fuera cierta. Según el listado del personal publicado en el sitio oficial el año pasado – que Infobae descargó en ese momento -, los empleados de la bancada oficialista ascendían a 19. La Secretaría Administrativa – a cargo de María Luz Alonso, mano derecha de Cristina Kirchner- informó a este medio que en la actualidad el personal del bloque suma 15 empleados, de los cuales 10 son de planta transitoria y 5 permanente. La diferencia -precisaron – obedece a que dos fueron dados de baja y otros dos pasaron a la subdirección de Ceremonial y Protocolo.

Hoy, si se suman los dos bloques en que se dividió el Frente de Todos en la Cámara alta para quedarse con el representante de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura, suman 35 integrantes: 21 del Frente Nacional y Popular, y 14 de Unidad Ciudadana.

En el entorno de la actual secretaria administrativa argumentaron que la baja cantidad de personal asignado hoy al bloque del Frente de Todos obedece a que la “administración actual es austera”, y a que la mayoría de los senadores tienen estructura política en sus provincias previa, con gobernadores que son también del oficialismo.

El bloque de la segunda minoría, en manos del PRO, tiene 27 empleados, 16 de planta permanente y 11 transitorios, para 9 senadores.

No solo los bloques parlamentarios tienen la posibilidad de nombrar o disponer de personal. También las designaciones en las comisiones son requeridas por muchos senadores, en especial quienes presiden esos espacios de debate temático que son la previa antes de que los proyectos lleguen al recinto. Las comisiones con más empleados son las comisiones Bicameral Revisora de Cuentas (23), Educación y Cultura (21) y Bicameral Fiscalizadora de los Organismos de Inteligencia (19).

Radiografía del Senado

La mitad del total de 5.175 empleados que hoy tiene el Senado integran la planta permanente, lo que les asegura continuar en sus puestos por tiempo indefinido, más allá de las renovaciones legislativas. Como mucho, les puede tocar cambiar el lugar de trabajo dentro del Palacio, ya que es usual que pasen de un despacho a otro del mismo signo político o la misma provincia. Es lo que se conoce en la jerga política como las “capas políticas” que dejan los senadores cuando se van, y negocian dejar a algunos de los que habían nombrado con un pase a planta, que les garantiza estabilidad laboral.

Otro 40% está integrado por empleados en planta transitoria, que deberían dejar la Cámara cuando los legisladores que los nombraron terminan su mandato, aunque esto no sucede en muchos casos. Incluso, hay empleados en esta situación desde hace más de dos décadas. Quienes defienden la continuidad de los empleados más allá del mandato de cada senador destacan que permite aprovechar la experiencia legislativa de quienes ya vienen trabajando en el Senado.

Además de todos los empleados de planta, la Cámara alta tiene 528 personas con contratos por locación de servicios que suelen renovarse cada semestre, según le informó a Infobae la Secretaría Administrativa del Senado.

Los baches en la información

Mientras que la información publicada en la web del Senado detalla en qué despacho o área cumple funciones cada empleado de planta transitoria o permanente, no sucede lo mismo con los contratados, por lo cual no es posible saber en qué área o despacho se desempeñan. Ante un pedido de esa información realizado por Infobae, desde la Secretaría Administrativa aseguraron que estará disponible online próximamente.

De la información publicada en la web del Senado, llama la atención que la Presidencia sólo tenga asignados cuatro empleados. Ante la consulta de Infobae confirmaron que los datos eran correctos. El número no incluye las designaciones de funcionarios de la Cámara alta designados por Cristina Kirchner, como la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos.

¿Cómo se procesaron los datos?

La Unidad de Datos de Infobae descargó los listados de personal del repositorio Web del Senado, donde además de los empleados permanentes, figuran en distintas pestañas los transitorios y los contratos de locación. También se accedió a la escala salarial vigente y al presupuesto 2022 de la Cámara Alta. También se revisaron los informes de gestión, y consultaron fuentes de la Secretaría Administrativa del Senado, actual y de la gestión anterior.

Datos de años anteriores fueron recuperados mediante la herramienta Archive

Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo, con sus correspondientes pestañas, siga este enlace

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

Carga de datos: Desiré Santander

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En la provincia de Buenos Aires conviven 78 programas sociales destinados a asistir a los sectores más vulnerables. Son administrados por cinco ministerios. Están agrupados bajo la clasificación de Promoción y Asistencia Social. El año pasado tuvieron una ejecución presupuestaria record: $94.682 millones, un 119,5% respecto a los $43.128 millones de 2020.

El incremento duplica largamente la inflación de 50,9% que se registró en el país en 2021. La inversión que realizó Axel Kicillof para contener la compleja situación social de la provincia estuvo marcada por las consecuencias económicas derivada de la pandemia del COVID-19 y las políticas de aislamiento y de parálisis económica. También por los alarmantes niveles de pobreza e indigencia que cruzan al país, pero, sobre todo, a los grandes conglomerados urbanos, como en el Gran Buenos Aires. En esos municipios, la pobreza en 2021, según los datos del INDEC, alcanzó el 42,3%, contra una media nacional del 37,3%.

Los principales Programas Sociales

Los millonarios giros de partidas presupuestarias fueron destinadas a los 78 programas de asistencia social que dependen de cinco ministerios: Desarrollo de la Comunidad (44); Trabajo (5); Justicia y Derechos Humanos (3); Salud (18) y Mujer, Políticas de Género y Diversidad Sexual (8). Cada uno de esto programas están descriptos en la “Guía de Programas Sociales” de la provincia de Buenos Aires.

El programa al que la administración provincial le destinó más dinero fue el Servicio Alimentario Escolar (SAE): $55.521 millones. Ese plan creció casi un 500% entre 2019 y 2021. Fue uno de los servicios que debió adaptarse al contexto de pandemia y amplió la cobertura para universalizar los almuerzos, y mejorar la calidad alimentaria. En abril de 2022, el gobernador decidió institucionalizarlo y pasó a llamarse Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) bonaerense.

Según le explicaron a Infobae funcionarios a cargo de ese programa, “es la política alimentaria más importante de la provincia y alcanza a más de 2 millones de niños y niñas” que asisten a las escuelas públicas.

La fabulosa inversión en alimentos para los jóvenes en edad escolar está basada en el diagnóstico realizado por los funcionarios del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque.

“En la provincia de Buenos Aires existe un segmento de la población en situación de riesgo y vulnerabilidad social, como así también con necesidades nutricionales insatisfechas. Gran parte de este segmento son niñas, niños y adolescentes que asisten a instituciones educativas de gestión pública estatal, en los tres niveles de enseñanza obligatoria, que necesitan del acompañamiento y presencia del Estado para poder solucionar dichas carencias y así poder garantizar su acceso a alimentos saludables y nutritivos, brindando un marco de equidad e igualdad para su aprendizaje y crecimiento”, se lee en la guía de programas sociales.

Con 44 programas a su cargo, Larroque es el que mayor presupuesto destinó para atender, según las palabras de un colaborador de Kicillof, “la compleja situación social de la provincia”.

Es el ministro de mayor perfil del gabinete de Kicillof. Referente de la organización política La Cámpora, que tiene como líder al diputado nacional Máximo Kirchner, es una espada de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El pasado 3 de mayo, y en medio de las tensiones internas dentro del Frente de Todos, Larroque disparó: “Nosotros constituimos esta fuerza, lo convocamos a Alberto (Fernández) y ganamos las elecciones, tampoco es que Alberto se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz, eso sería incorrecto. El Gobierno es nuestro”.

A las palabras no se las llevó el viento. Rápido de reflejos, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, respondió: “Al Presidente no lo van a apretar con declaraciones estúpidas”, dijo sin medias tintas.

Frases aparte, el funcionario más kirchnerista de Kicillof está a cargo de los programas sociales más sensibles de la administración bonaerense. Además del Servicio Alimentario Escolar (SAE), se destacan: Atención Alimentaria en la Emergencia, $6.355,5; Asistencia Crítica en la Emergencia, $4.305,2 millones. Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Vaso de Leche, $3.097,6 millones; programa Envión, $2.232,5 millones; programa Niñez, $1.217,6 millones; Cuidado y Promoción de Personas con Discapacidad, $466,4 millones; Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios, $455,4 millones; Deportes, $389,5 millones; Apoyo y Capacitación para la Reinserción Laboral, $320,1 millones; Protección Alimentaria – Requerimientos Nutricionales Especiales-, $318,3 millones; y Políticas para las Juventudes, $311,4 millones.

El listado es mucho más amplio y contiene programas como Barrios Bonaerenses, Emergencia Habitacional, Programa de Regularización Dominial y el Registro público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios de la Provincia de Buenos Aires, entre otros, que también dependen de Larroque.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad utilizó alguno de estos -entre otros- para descomprimir situaciones de extrema conflictividad en las múltiples tomas de tierras, como lo fue en Guernica, que derivó en un desalojo violento por orden judicial y encabezado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni; o el de el ex Club de Planeadores, en la ciudad platense de Los Hornos, lugar dónde se evitó el desalojo y se prometió la urbanización de parte de las 163 hectáreas usurpadas en 2020.

El segundo ministerio con más programas asistenciales (18) es Salud, a cargo de Nicolás Kreplak, el reemplazante del actual diputado Daniel Gollan. Uno de ellos es el Programa para el cuidado de personas con celiaquía. El sistema que se utiliza en este caso es similar al de la Tarjeta Alimentar. A los beneficiarios se le entrega de una Tarjeta Magnética Recargable, emitida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, exclusivamente para la compra de alimentos.

El Programa REMEDIAR también está a cargo de Kreplak, pero tiene la particularidad que la fuente de financiamiento llega de Nación. En este caso la modalidad es que el ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, envía botiquines a los Centros de Salud de los 135 municipios y las autoridades provinciales se encargan de realizar las tareas de gestión administrativa y seguimiento. Otro de los programas es para el control de tuberculosis y lepra. En este caso, el financiamiento es mixto.

El ministerio de Mujer, Políticas de Género y Diversidad Sexual, a cargo de Estela Elvira Díaz, tiene 8 programas a su cargo. Entre ellos, el Programa de abordaje integral ante femicidios, travesticidios y transfemicidios (Paif). El año pasado contó con un presupuesto de $10.000.000. Otro de los programas es el de “comunidades sin violencias y fortalecimiento de la gestión municipal”. Su presupuesto fue de 500.000.000 pesos.

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio Alak, maneja tres programa. El de rescate y acompañamiento a víctimas damnificadas por el delito de trata; el de Centros de Acceso a la Justicia y el de Centro de Protección de los Derechos a las Víctimas.

Los beneficiarios de algunos de los 78 programas sociales bonaerenses no se contraponen o compiten con la asistencia que brinda el gobierno nacional como dos de los más importantes que administra el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta: la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo.

En 2021, la ejecución presupuestaria en Servicios Sociales, incluyendo a las Pensiones no Contributivas, ascendió a $1.346.314 millones (un billón trescientos cuarenta y seis mil trescientos catorce pesos). La enorme cifra representó un 59,1% más respecto a los $845.980 millones destinados en 2020.

El presupuesto en la totalidad de asistencia social que Kicillof destinó -y destina- como ayuda directa a los sectores más desprotegidos toma mayor envergadura si se recuerda que la legislatura bonaerense le aprobó al gobernador para el año 2021 de casi dos billones de pesos (exactamente $1.910.032.077.779). Es decir que más de la mitad fue utilizado, en palabras de los funcionarios del mandatario provincial, “para mitigar los efectos de la pandemia”. “Además de las múltiples medidas de apoyo extraordinario a la producción, el trabajo, a fortalecer el sistema de salud y a asistir financieramente a los 135 municipios, se reforzaron los programas sociales haciendo foco, de esa manera, en los sectores más vulnerables”, explicó.

Los mismos voceros del mandatario que dialogaron con este medio aseguran que “a partir de este año, el presupuesto pone el eje en la reconstrucción y la integración de la provincia de Buenos Aires, contemplando importantes inversiones para consolidar la reactivación económica y productiva maximizando la inclusión social”.

Para 2022, la ley de leyes prevé un gasto de 3.100 billones de pesos y una inversión en programas sociales similar a la del año pasado.

El Gobierno espera un fallo de la Corte Suprema que legitime la quita de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Se terminó el plazo para encontrar una salida negociada, tras siete reuniones fallidas entre las partes, y la decisión política la tomarán los supremos, que recibió esta semana un duro reclamo -en formato de solicitada- de 17 gobernadores afines al Frente de Todos. El tono del reproche hacia la cabeza del Poder Judicial tuvo sus costos tácticos: dos provincias aliadas, que habían acompañado a Alberto Fernández en la disputa, tomaron distancia de la ofensiva.

Los ausentes que, esta vez, evitaron poner la firma fueron los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, y Arabela Carreras, de Río Negro. Los mandatarios patagónicos coinciden con la medida de fondo del Poder Ejecutivo para quitarle los puntos de coparticipación a la CABA y restituirlos hacia el interior. Pero la aparición de la Corte como un adversario más de la contienda puso una cuña en un frente federal que, por fuera de los gobernadores de Juntos por el Cambio, parecía homogéneo.

“Les hacía ruido, el comunicado contra la Corte tenía un tono muy fuerte”, señalaron desde el ministerio del Interior sobre las ausencias de Carreras y Gutiérrez. Río Negro y Neuquén tampoco adhirieron al amicus curiae, al igual que San Juan y San Luis, con la diferencia de que éstas últimas sí apoyaron el texto político dirigido hacia los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosencrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La Provincia de Buenos Aires, Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe suscribieron al duro comunicado que afirmaba un “injerencismo” de la Corte Suprema por habilitar el planteo de inconstitucionalidad del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Alentaron la hipótesis de un “fallo inminente” contrario a los intereses del reclamo del Poder Ejecutivo y los goberandores del interior. “Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”, advirtieron tras reunirse en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un ente que aglutina a las 24 provincias y al Poder Ejecutivo.

La beligerancia del reproche hizo recalcular y medir los pasos de algunos compañeros de ruta del interior. En el caso de Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras acompañó en su momento y apoya el reclamo original, pero decidió despegarse del conflicto en la etapa de definiciones ya no solo por el comunicado en sí, al que califican como “más de lo mismo”, sino que la disputa quedó encasillada “en una pelea entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia”. “Río Negro está pidiendo una distribución federal de la coparticipación y hasta ahora esto no ha entrado en agenda ni se ha tenido en cuenta”, plantearon desde el entorno de Carreras.

En lo que respecta a Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez representa al Movimiento Popular Neuquino (MPN), un partido que se presenta por fuera del Frente de Todos, pero que ha sabido cultivar alianzas legislativas y apoyar a las distintas gestiones del peronismo en el poder. El gobierno de Alberto Fernández no fue la excepción. Desde la Casa Rosada se avalaron los intentos para que Gutiérrez sea uno de los articuladores del bloque de gobernadores de la Patagonia, como parte de la impronta federal que intentó darle a la gestión en sus comienzos. Su ausencia en la firma del texto es más que llamativa.

En el Gobierno minimizan que las dos provincias patagónicas no se hayan pronunciado en la proclama contra la Corte Suprema. Sostienen que lo central es el argumento de fondo que fue presentado por el CFI, donde un dictamen técnico del pasado 5 de mayo valuó la transferencia de la policía federal a la Ciudad de Buenos Aires en 2016. El documento favorece al planteo de Nación y cuenta con una legitimidad que el oficialismo destaca: el CFI es un órgano federal y los cálculos que elaboró tiene el apoyo de 21 distritos, incluidas Río Negro, Neuquén y dos provincias opositoras como Córdoba y Jujuy.

En números, el documento del CFI determinó que el traspaso del servicio de la Policía representaba unos $43.867 millones a valores de 2021 y que, por lo tanto, el gobierno porteño tiene que ajustarse a ese monto y no solicitar una suma superior. De lo contrario, “generaría un enriquecimiento sin causa en detrimento de las demás jurisdicciones”, señalan los gobernadores peronistas.

El conflicto arrancó en septiembre de 2020 cuando, por decreto, el presidente Alberto Fernández decidió recortarle a la Ciudad puntos de la coparticipación, en medio de una rebelión policial en la provincia de Buenos Aires, y luego aprobó ese reparto a través de la ley 27606, que mandataba a la CFI a elaborar la opinión técnica para calcular el traspaso del servicio de seguridad. Con la gestión de Mauricio Macri, el líder del PRO había aumentado los recursos federales que recibe la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75%, apenas asumió en 2015.

En el marco de las negociaciones ante la Corte, la propuesta de Nación consistió en ofrecer $40.821 millones, pero la Ciudad aspira a retener el 2,1% de la coparticipación, que implica unos 112 mil millones de pesos junto a una compensación de otros 100 mil millones por lo que dejó de percibir entre 2020 y 2021.

Ante la caída de las negociaciones, los gobernadores del peronismo respondieron con una ofensiva hacia la Corte. Acudieron al llamado ante la falta de respuesta a las presentaciones que realizaron en calidad de provincias afectadas. Uno de los argumentos de fondo es que a la CABA le dan el tratamiento de una “provincia” más, y que señalan como antecedente el fallo de la apertura de las escuelas durante la emergencia de coronavirus.

“El hecho que unas 15 provincias nos presentamos pidiendo ser amicus curiae y ni siquiera nos hayan respondido ni citado a la audiencia, más la celeridad que le están dando al trámite -nunca fue igual con otros casos similares reclamados a otras provincias-, nos da la pauta que la Corte sacaría un fallo o cautelar inminente a favor de la ciudad más rica del país y en contra del resto, que es el federalismo mismo”, sostuvo a Infobae el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. “El federalismo está en la Constitución nacional y no se puede modificar, ni siquiera con una reforma constitucional y mucho menos por un fallo judicial”, sentenció.

En el campamento de Juntos por el Cambio, la interna entre el PRO y la UCR tuvo un impasse. Rodríguez Larreta viajó a Corrientes y se mostró con los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy) para firmar un acuerdo federal de promoción turística. El jefe de Gobierno porteño habló en contra del país “unitario” y responsabilizó a Néstor Kirchner por la concentración de recursos en el AMBA. La actividad quedó en fotos y declaraciones, y apoyos tácitos. Ninguno de los gobernadores de la UCR hizo un pronunciamiento enfático en la puja de CABA por la coparticipación.

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