Una vez más las miradas del Gobierno Nacional apuntan hacia la Corte Suprema de Justicia. Es que el Ministerio de Defensa, a cargo de Jorge Taiana, busca que el máximo tribunal le habilite la chance de pelear una decisión tomada por la Justicia federal de Bariloche que implica entregar a una comunidad mapuche unas 180 hectáreas en donde funciona la “Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón”. El propio Estado tuvo falencias a la hora de apelar en tiempo y forma esa resolución dispuesta en el 2 de febrero. Y por eso el fallo corre riesgo de quedar firme. Su única chance sería una señal del máximo tribunal.

Mientras tanto, en Comodoro Py, una denuncia puso el foco en las razones de esa demora en la apelación para cuestionar la entrega de las tierras. La oposición, gestora de la presentación judicial, aludió a un “montaje” para entregar esos terrenos de manera solapada. El juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli analizan la documentación secuestrada el viernes pasado en una serie de procedimientos, a través de las llamadas “órdenes de presentación”, para reconstruir cómo se tomaron las decisiones administrativas.

No sería la primera vez que un “olvido” oficial deja en la nada una causa judicial. Ya sucedió en la causa de los “Cuadernos”, en donde está procesada por asociación ilícita la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando se revisó el rol de los empresarios de la firma Techint. En septiembre pasado, Infobae reveló que directivos de Techint quedaron sobreseídos por un olvido del Gobierno, porque la Unidad de Información Financiera no había apelado una decisión dictada por el juez Julián Ercolini. Aquel episodio abrió luego un sumario interno a los abogados de la repartición.

En este caso, no se trata de una causa penal. Pero su futuro tiene repercusiones en otros cientos de reclamos de tierras que son reclamadas por las comunidades indígenas.

Todo se centra en un predio ubicado en la zona de la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nieves y Villa Los Coihues. Este terreno pertenece desde 1937 al Ejército Nacional. Sin embargo, las familias de Millalonco Ranquehue aseguran que habitaban este territorio desde fines de siglo XIX, antes de que se establezcan las tropas militares en el lugar.

El predio ya fue reconocido como territorio de los Ranquehue por el Estado Nacional mediante una resolución del INAI del 2012. Pero estas tierras están en manos de la Escuela Militar de Montaña, fundada en el año 1964, y se usan para perfeccionar a las tropas de Montaña del Ejército Argentino, para preparar a las patrullas para el rescate de andinistas civiles y militares en las situaciones extremas de la alta y media montaña, y también para el pastoreo del ganado.

El caso

La causa comenzó a fines del 2020. En la demanda, se sostuvo que “la pertenencia de la Comunidad Millalonco Ranquehue al pueblo mapuche se encuentra sobradamente comprobada en múltiples informes e instrumentos obrantes en la carpeta técnica ley 26.160″.

Esa ley, sancionada en 2006, ordenó relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional y frenar los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas. En ese contexto, se disponía un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

La comunidad Millalonco dijo en la Justicia que el INAI ya había mensurado sus terrenos en 2011 pero que todavía la comunidad no tenía el título de propiedad comunitaria. Por eso solicitó “la inmediata transferencia directa a la Comunidad”. En el marco de la tramitación del amparo, tanto el Congreso como el Estado Nacional -a través del Ministerio de Defensa- rechazaron el planteo. Lo mismo hizo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Pero la jueza federal de Bariloche hizo lugar al planteo. Según el fallo, la discusión se centra en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el texto de la ley 23.302, como así también el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la ley 24.071, entre otras, en donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

“Teniendo en consideración los fundamentos a los que se ha hecho referencia a lo largo de esta sentencia, entiendo que la cláusula Constitucional del articulo 75 inc. 17 resulta plenamente operativa, y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se encuentra facultado, a través de los mecanismos previstos en el art. 8º de la ley 23.302, para concluir con la inscripción de la propiedad comunitaria de las tierras que posee la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue”, dijo la jueza subrogante de Bariloche María Silvina Domínguez.

Así las cosas, la jueza hizo lugar a la demanda incoada por la Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue y, en consecuencia, ordenó al Poder Ejecutivo Nacional a que en el término de 60 días –a partir de que quede firme esta sentencia-, transfiera a título gratuito, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el dominio de las tierras cuya mensura fue aprobada por Resolución N° 1174 del INAI, a los efectos de su adjudicación —en forma inmediata—, en propiedad a la Comunidad accionante. Además ordenó pagar las costas al Estado.

La polémica

Como en cada causa, una sentencia de primera instancia puede ser apelada. Pero debe hacerse en tiempo y forma. Eso es lo que se discute aquí. El fallo de primera instancia fue notificado al Ministerio de Defensa el 2 de febrero a las 2022 a las 12.11hs, apenas se firmó. El plazo de 48 horas dispuesto para interponer y fundar el recurso de apelación terminaba el 4 de febrero, a la misma hora. La apelación a través de la apoderada del Estado Nacional, Silvia Cristina Vázquez, que depende de la Procuración del Tesoro, llegó el 6 de febrero de 2022 a las 20:25.

“Si bien el Ejército Argentino no es parte en estas actuaciones, la misma le causa un gravamen irreparable a mi mandante, habida cuenta ordena al Poder Ejecutivo Nacional que transfiera a título gratuito al Instituto Nacional de Asuntos Indígena -para su adjudicación a la Comunidad accionante-, un inmueble asignado en uso y administración de la Fuerza que represento”, escribió Vázquez en el escrito al que accedió Infobae.

Vázquez no solo cuestionó la vía del amparo y el agravio a que implicaría a la Defensa Nacional la entrega de las tierras. También dijo que el Ejército no había sido “informado y/o consultado respecto de lo solicitado por la comunidad Mapuche Millalonco – Ranquehue y, por lo tanto, no participó en la conformación del conjunto de datos que resultan relevantes para reconocer a una comunidad aborigen con personería jurídica”.

“Agravia a mi mandante la sentencia, en cuanto ordena al Poder Ejecutivo Nacional transferir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el dominio de las tierras cuya mensura fue aprobada por Resolución INAI Nro. 1174, a los efectos de su adjudicación en propiedad a la Comunidad Mapuche Millalonco – Ranquehue, en contradicción a lo dispuesto por la propia Constitución Nacional. De este modo el juez interviniente omite declarar la necesidad del dictado de una ley del Congreso, a los efectos de que se determine la forma en que se debe instrumentar, en caso de corresponder, dicho título de la propiedad comunitaria mapuche Millanco Ranquehue y, eventualmente de todos los territorios ya relevados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, agregó.

Remarcó: “En otros términos, para la transferencia de inmuebles asignados en uso de un Organismo del Estado Nacional resulta necesario el tratamiento legislativo pertinente, concluyendo, en su caso, con la correspondiente la ley, que habilite al Poder Ejecutivo y a los órganos y entes administrativos que lo secundan en el ejercicio de la función administrativa, a la transferencia de los inmuebles correspondientes. Este procedimiento no puede ser suplantado por una decisión judicial, en tanto la misma carece de la base legal correspondiente, y con ello no se respeta el ordenamiento jurídico. Habrá de entenderse entonces que, en el presente caso, nos encontramos ante la falta por el momento de una ley habilitante de la competencia del Poder Ejecutivo, para suplantar las prerrogativas propias y exclusivas del Poder Legislativo”.

La jueza Domínguez concedió la apelación el 15 de febrero pero al llegar a la Cámara Federal de General Roca se advirtió que la abogada Vázquez no estaba formalmente presentada en el expediente. De inmediato, Marta Ranquehue (werken), representante legal de la Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue, reclamó “rechazar la apelación del Ejercito Argentino por haber sido presentada de manera manifiestamente extemporánea”. “Se advierte que la letrada Silvia Vazquez se presentó a fs.226/230 e invocó la representación del Ejército Argentino lo cual no fue debidamente acreditado, de donde procede remitir los autos al juzgado de origen a efectos de que allí se provea lo pertinente a fin de regularizar la circunstancia antes señalada”, dijo la Cámara de Apelaciones el 24 de febrero.

El 3 de marzo, el tribunal volvió a escribir: “Atento lo ordenado por la Cámara Federal de Apelaciones de Gral. Roca el 24/02/2022, intímese a la Dra. Vázquez a acreditar, en el término de dos días de notificada, la representación invocada en el escrito de fecha 6/02/2022, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada”.

El 11 de marzo, los abogados de la comunidad volvieron a presentarse: “Atento a las constancia de autos solicitamos a VS se tenga por no presentada a la Dra. Vásquez y en consecuencia se tenga por desistido el recurso de apelación interpuesto extemporáneamente por el Ejercito Argentino en fecha 6/2/2022″, escribieron.

Según consta en la causa, el Ejército ratificó “lo actuado por la Delegada del Cuerpo de Abogados del Estado, dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación con jurisdicción en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Dra. Silvia Cristina Vázquez” y dispuso “autorizar a dicha profesional, a intervenir en el juicio de referencia a fin de continuar con la tramitación y representación de los intereses del Estado Nacional en juicio con carácter de representante legal del Estado Nacional”. La fecha de esa disposición es del 25 de febrero de 2022 y fue incorporada a la causa el 16 de marzo.

En ese contexto, el 28 de abril, la Cámara de General Roca entendió que no podía conceder los recursos de apelación por extemporáneos. “No se discute que el Ministerio puede asumir por sí la tutela de los intereses particulares de quienes lo integran, como lo hizo en este proceso o delegar ese cometido, inicialmente o durante el transcurso del juicio, en la fuerza respectiva; más no podría sacar una ventaja de esa encomienda para – como aquí quiere hacerse- extender plazos procesales que se encontraban corriendo al momento de la delegación”, dijeron los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego.

Pero “si el Ministerio de Defensa decidió que la instancia recursiva fuese abordada a través del Ejército Argentino –en lo que no se observa mácula- debió hacerlo respetando los plazos procesales que comenzaron a correr a partir del momento en que la sentencia le fue notificada en el domicilio electrónico que su apoderada (la doctora Silvia Vázquez, que es quien ahora actúa en nombre del Ejército) lo constituyó”.

Ahora, el Ejército busca que sea la Corte Suprema la que le permita sortear el escollo de la apelación extemporal, según se anunció. La información fue difundida el lunes pasado en la pagina oficial “Argentina.gob.ar”. “En el escrito se presentan fundamentos categóricos y hechos nuevos –como la falta de convocatoria en el juicio del organismo del estado al que le corresponde la custodia del bien- lo que lleva a una notoria arbitrariedad manifiesta, que hará seguramente, que la Cámara eleve el Recurso Extraordinario y que la Corte Suprema intervenga en este asunto. Esto sin desconocer los derechos que puedan legítimamente esgrimir las comunidades originarias amparadas por la Constitución Nacional en la medida que se comprueben los mismos. La solución debe ser dialogada y razonable, garantizando los derechos a los pueblos indígenas”, se subrayó.

Según se desprende del expediente, aún no había sido cargada la apelación del Estado. El plazo vence mañana, lunes. Esa sería la única alternativa para intentar evitar que se ejecute la sentencia. La orden de primera instancia daba 60 días para ejecutar la entrega de tierras a partir de que el fallo quedara firme.

La denuncia

Mientras tanto, diputados de Juntos por el Cambio a fueron a la justicia penal, en Comodoro Py, para denunciar esta semana a la abogada Vázquez que actuó tardíamente. La acusan de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato”. Pero además plantean que en su actuación no habría estado sola.

Así apuntaron contra “las autoridades de las más altas esferas del Ministerio de Defensa” bajo la sospecha de que “pudieron haber tenido no solo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, sino también haber dado la orden de dejar vencer los plazos y también haber dado la orden de montar una ‘mise en scene’ tendiente a dar apariencia de una mínima diligencia para que el verdadero sentido con el que se actuó -otorgar las tierras por esta vía a la comunidad- apareciera solapado”.

Según los denunciantes, “no sería raro enterarnos que además se interponga ahora un recurso extraordinario para aparentar estar preocupados por el dislate cometido, más ello resultaría creíble si se hubiere apartado a la funcionaria responsable de tamaño daño para el Estado nacional en forma inmediata posterior al hecho, cosa que no ha ocurrido. Es que claro: cómo la van a apartar o sancionar si la habrían mandado a no apelar. Sin dudas que de las resultas de la investigación deberán surgir los verdaderos autores mediatos de esta maniobra que habrían mandado a esta funcionaria a omitir un acto propio de su función en un expediente de semejante importancia”.

La presentación fue hecha por los diputados de JxC Gerardo Millman, Alberto Asseff, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Ricardo López Murphy, Laura Rodríguez Machado y Aníbal Tortoriello. Por lo pronto, la denuncia tuvo impulso fiscal y se ordenó llevar adelante las primeras diligencias para conocer la documentación del Ministerio de Defensa.

Fuera del ámbito judicial, el senador de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, presentó un pedido de informes para solicitar al Gobierno que informe sobre la sentencia que dictamina que el Estado nacional debe transferir a título gratuito hectáreas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se adjudiquen en forma inmediata a la comunidad Millalonco Ranquehue. “No tengo ningún problema en señalar al Ministro de Defensa como al autor intelectual y material de este verdadero acto de entrega de territorio estatal a una agrupación mapuche que no reconoce la soberanía del estado argentino sobre buena parte de la Patagonia y que considera a nuestra Nación como enemiga e invasora”, opinó Blanco.

Durante el gobierno de Cambiemos se puso el foco en los reclamos de la comunidad mapuche, con un papel central del líder Facundo Jones Huala, cuya extradición reclamaba Chile. En ese contexto, se dio la muerte del joven Santiago Maldonado, que apoyaba el reclamo indígena.

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Violencia en Chile: tras el asalto a la casa de la ministra de Defensa, dispararon contra el escolta del presidente Gabriel Boric

La contraofensiva de Alberto Fernández en su entrevista con el diario El País duró poco. Tras el pico de la discusión con Cristina Kirchner a lo largo de los últimos 10 días, el ala moderada del Gobierno retomó, una vez más y al unísono, el pedido de “unidad” del Frente de Todos. En paralelo, envía señales de conciliación al kirchnerismo, mantiene firme el respaldo al Gabinete económico, con Martín Guzmán a la cabeza, y se prepara nuevas embestidas K por el aumento segmentado de tarifas.

Esta estrategia de minimización del conflicto genera irritación en el sector duro, que profundiza las críticas en cada declaración pública pero que, a pesar de la disconformidad, se mantiene dentro de la coalición oficialista.

Mientras el kirchnerismo elabora discursos cada vez más directos, como el de Máximo Kirchner en Lanús, el viernes pasado, mientras Alberto Fernández regresaba de su gira por Europa, en la Casa Rosada se empeñan en bajarle el tono a los cuestionamientos y juran que el Presidente mantendrá a Guzmán, a Claudio Moroni y a Matías Kulfas como ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo. El respaldo de sus respectivas figuras no es, necesariamente, por sus gestiones, cada vez más cuestionadas inclusive puertas adentro de la Casa Rosada, sino para evitarle al Presidente un nuevo desgaste: recuerdan con amargura lo golpeado que resultó después de los cambios en el Gabinete a los que fue obligado después de las PASO y quieren que se mantenga a toda costa alejado de cualquier experiencia similar.

El objetivo del llamado a la unidad, que a esta altura parece repetitivo y demostró ser infructuoso, es “ordenar el quilombo”, describieron cerca del Presidente, pero también es una forma de evitar hacerse cargo de una eventual ruptura. “Los que están disconformes son ellos. Si no les gusta, pueden salir”, dicen cerca de Alberto Fernández. En realidad, cuando ponen la otra mejilla a las críticas, en público, le están hablando al electorado. “Los que recorremos mucho el territorio nos damos cuenta de que no nos quieren ver discutiendo, quieren que resolvamos. Cuando bajamos la confrontación nos acercamos al pueblo y nos aseguramos de que nos van a acompañar. Las cosas no se se resuelven pidiendo la cabeza de dos o tres ministros”, dijo un importante dirigente bonaerense que responde al Presidente.

En el juego de mutuas atribuciones de culpa, los críticos responden: “El Presidente tiene toda la potestad para echar a quien quiera, cuando quiera, y no lo hace”. Se refieren, específicamente, al secretario de Energía, Darío Martínez, y al subsecretario, Federico Basualdo, los principales adalides de Cristina Kirchner en las arremetidas por el porcentaje de aumento de las tarifas públicas.

La segmentación del pago de servicios, admiten en el Gobierno, es la pelea que viene. Los preparativos están en marcha desde hace un año, pero creen que su ejecución, después del acuerdo con el FMI, será “el próximo examen” que tendrá que atravesar Guzmán frente al kirchnerismo. Aunque desde la semana pasada Martínez y Basualdo dejaron que se los corriera de la discusión, en el Gobierno esperan una nueva “embestida del kirchnerismo”, en palabras exactas de un hombre muy cercano al Presidente que no cree que las críticas sean un debate, como planteó Cristina Kirchner.

El equipo económico trabaja fuerte desde hace semanas para bajar al mínimo el margen de error en la aplicación, y evitar que La Cámpora tenga excusas para disparar contra la administración nacional. De cualquier forma, están convencidos de que no podrán evitar las acometidas más fuertes. “Ahora hay que pasar el punto más álgido. Hay que ver cómo sale el examen que le toca a Martín. Ya logró el acuerdo del Parlamento con el acuerdo por la deuda y se logró algo que hace mucho tiempo se estaba gestando abajo. En definitiva, salió fortalecido. Y ahora va a pasar lo mismo”, expresó un funcionario “moderado”. En el Gobierno creen que “va a pasar bien” la prueba, porque “se trabajó mucho y muy duro en las bases de datos” y porque “hay una decisión fuerte de que sólo paguen el aumento fuerte los que tienen altos ingresos”.

La estrategia, puertas afuera, será admitir que existen los cuestionamientos, enviar señales de conciliación a pesar del enojo interno, y “machacar con las buenas noticias”. En distintas entrevistas con medios y en actos políticos en el interior, los ministros Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta, Santiago Cafiero, el ex titular de Defensa Agustín Rossi y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz adoptaron en sus respectivos discursos la palabra que usó la vicepresidenta para describir los descarnados cruces: “debate” y retomaron el pedido de “unidad”. “El Peronismo tiene que transitar unido”, dijo la legisladora nacional, desde Mendoza. El titular de Obra Pública usó una fórmula similar: “Para sacar a Macri, la gente nos pidió que nos unamos. No puede pasar que ellos vuelvan por culpa nuestra”, dijo.

A pesar de la conciencia plena de la discusión, en Balcarce 50 se aferran a las más mínimas señales de conciliación que emanan desde el kirchnerismo para mantener vigente la coalición, inclusive en diálogos off the record. Por caso, un funcionario que suele acompañar al primer mandatario señaló como positivo que Máximo Kirchner “rescatara” la gestión económica durante la pandemia. El problema es que, desde el mismo escenario, el líder de La Cámpora también le dijo a Alberto Fernández que tiene que “saber obedecer” y le preguntó a Guzmán, frente a la militancia, “por qué no funcionan las cosas” a pesar de tener “el apoyo del FMI y de Clarín”.

En el Instituto Patria estos mensajes son interpretados, lisa y llanamente, como cínicos. No se cansan de remarcar que Alberto Fernández hace oídos sordos, desde hace largos meses, a los llamados de atención de la vicepresidenta sobre el rumbo económico. Y deslizan, al mismo tiempo, duros mensajes sobre las capacidades de trabajo del Presidente, con expresiones cada vez más duras, basadas en sus perspectivas sobre la conducción del primer mandatario en el día a día. Lo consideran como es el único responsable de la crisis.

Sin embargo, evitan emitir a viva voz los juicios más duros sobre Alberto Fernández. Es para preservar la institucionalidad, aseguran. Apuntan, en cambio, contra Guzmán. Además del fuerte discurso de Kirchner, que el viernes nombró al ministro directamente, entre ironías, La Cámpora festejó el pedido por la suba del piso de Ganancias que le hizo el titular del Frente Renovador, Sergio Massa. “No se podía hacer el sota ad eternum. Está mostrando por qué lado viene la solución. Guzmán se tiene que ir, es insostenible, y es básicamente el centro de la grieta, independientemente de los modos y las posturas irresponsables de ambos lados”, dijo un funcionario camporista.

En las filas de Máximo Kirchner leyeron la petición massista como una forma de apoyo a su postura crítica. Después de todo, el kirchnerismo viene haciendo jugadas similares desde el Congreso, por ejemplo, con el pedido de adelanto del aumento del salario mínimo vital y móvil y la suba de las jubilaciones en el contexto de alta inflación. Cerca del presidente de la Cámara de Diputados buscaron desdibujar el cariz político de la movida. “Massa planteó, plantea y va a seguir planteando Ganancias cada vez que venza”, dijeron. Sin embargo, no dudaron en evidenciar el enojo con Guzmán, quien le respondió a Massa, también en público, que el planteo era “obvio”. “Salió como un toro de una manera desubicada”, lanzaron en el Frente Renovador, y dejaron trascender, sin tapujos, que Alberto Fernández se comunicó con el tigrense por teléfono para, directamente, “desautorizar” al titular de Hacienda en la discusión.

Por ahora, tras su regreso de Europa, Alberto Fernández no tiene una agenda definida para los próximos días. Pero en su entorno aseguran que su principal preocupación apunta a junio, la fecha límite para los aumentos de tarifas energéticas según las exigencias del acuerdo con el FMI. Con el fracaso en la pelea contra la inflación a cuestas, mes a mes, el albertismo admite que se juega buena parte de su diezmado capital político en la aplicación de la segmentación. Mientras se prepara para ejecutarla sin fisuras, también se alista para dar pelea frente ante las críticas que sobrevendrán de parte del ala dura, decidida a continuar con los cuestionamientos hasta que se haga caso a sus exigencias de cambio de rumbo en el área económica.

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Antes de subirse al avión que lo llevó a Europa, Alberto Fernández habló con sus abogados y activó la estrategia para cerrar la causa judicial por la Fiesta en Olivos: ofreció donar $1.600.000 para el sistema de salud público. La decisión estaba tomada hace mucho tiempo: faltaba elegir el momento y pulir la cifra final. Si no hay sorpresas, en pocos días deberá transferir el dinero a una cuenta bancaria. A eso habría que sumarle la donación ofrecida por Fabiola Yañez, que no tiene ingresos como Primera Dama. En total son $3 millones para un presidente que declaró tener un patrimonio de poco más de $5 millones. ¿De dónde saldrá el dinero? Según pudo saber Infobae, el Presidente evalúa pedir un crédito, aunque no es la única opción.

La causa judicial arrancó en Comodoro Py pero al poco tiempo saltó a la Justicia federal de San Isidro, donde hubo un tironeo entre dos jueces. Para ese entonces, Alberto Fernández ya había recibido su primera imputación como Presidente por violar los decretos que él mismo había firmado. Fue el 26 de agosto del año pasado. Ese mismo día, en una jugada sincronizada, el Presidente se presentó en la causa y pidió su sobreseimiento por “inexistencia de delito”. La estrategia fracasó rotundamente.

A partir de ese momento, el objetivo de los abogados que asesoran al Presidente fue esquivar su indagatoria y la de la primera dama. El plan comenzó a gestarse antes de fines del año pasado. Luego de la feria judicial, la estilista de Yañez, Carolina Marafioti, a través de su abogado, Alejandro Rúa, ofreció una donación de $200 mil pesos. El “globo de ensayo” tuvo el acuerdo del fiscal Fernando Dominguez y abrió la puerta para la segunda etapa del plan.

El mes pasado se sumaron otros tres protagonistas del cumpleaños de Yañez: el actor y modelo Fernando Consagra junto a su pareja Emmanuel López ofrecieron $150 mil cada uno para ser sobreseídos, y Santiago Basavilbaso, que se fue a vivir a Barcelona (España), propuso donar $220 mil. Inesperadamente, el fiscal rechazó los montos ofrecidos.

A partir de ese momento, varios de los abogados que figuran en la causa desfilaron por su despacho para intentar llegar a un acuerdo. En representación del Presidente, fueron los dos abogados designados, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso.

El monto de la donación se fue modificando hasta llegar a $1,6 millón, muy por encima del primer ofrecimiento que había hecho el Presidente en agosto del año pasado, cuando propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. “El Ahora 4″, lo bautizó el abogado Mauricio D’Alessandro, que defiende a una de las imputadas. En ese momento, representaban unos $630 mil. Ahora, sería casi $1 millón tomando un sueldo aproximado de $470 mil.

Como el Código Penal no prevé ningún parámetro, se tuvo como referencia un informe del Ministerio de Salud de la Nación sobre el costo de los respiradores contra el COVID-19. “La cifra variaba entre 6 mil y 11 mil dólares”, explicó una fuente judicial.

La donación en realidad es una reparación económica prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. De esa manera, se evita la indagatoria por violar las restricciones a la circulación que él mismo había firmado.

“La mayoría de las causas que tramitaron en San Isidro por el artículo 205 terminaron de esa manera. No hay ningún privilegio para el Presidente ni para la primera dama. Es lo que contempla la ley”, respondió esta semana en una entrevista radial Juan Pablo Fioribello, que defiende a Yañez junto a su socio Mariano Lizardo.

En el caso de la Primera Dama, el monto de la reparación fue más complejo porque no cobra un sueldo fijo. Se llegó a un acuerdo para avanzar con 1,4 millón, un escalón por debajo del Presidente. ¿Quién la pagará?. La presentación ante el fiscal Dominguez solo habla de una “ayuda económica familiar”. En los hechos, deberá hacerse cargo el Presidente.

De esa manera, se trata de una donación total de $3 millones. Aunque se llegue a un acuerdo para pagarlo en cuotas, se trata de una suma que debe estar justificada en el patrimonio de Alberto Fernández.

Según su última declaración jurada, correspondiente al 2020, el Presidente tenía un patrimonio total de $5,7 millones, sumando todos sus bienes. Sin mayores ahorros, declaró apenas $13.362 de dinero en efectivo y bienes del hogar por $223.360.

La donaciones ofrecidas esta semana representan casi la mitad de ese patrimonio declarado. Por eso surgió la posibilidad de conseguir un crédito. Otra opción sería vender algún bien a su nombre, pero eso llevaría mucho más tiempo. En la presentación que hizo ante el fiscal, según pudo saber Infobae, el Presidente se comprometió a depositar la donación dentro de los diez días hábiles posteriores a la homologación del acuerdo.

Con las presentaciones realizadas esta semana, ahora la decisión está en manos del fiscal. Al final de esta semana, el abogado Alejandro Sarubbi Benitez, el mismo que denunció la Fiesta en Olivos ante la Justicia de San Isidro, le pidió al fiscal que rechace el acuerdo. “El ofrecido es dinero obtenido de la función pública, y resulta por demás irrazonable que se ofrezcan a reparar económicamente sus delitos con dinero obtenido del bolsillo de los propios damnificados”, sostuvo.

Sin embargo, ya hubo un acuerdo de palabra con los abogados y el desenlace estaría sellado.

Con la aprobación del fiscal, solo restaría que el juez Lino Mirabelli homologue el acuerdo y decida qué hospital público recibirá el dinero. Unas horas después, el Presidente y la primera dama quedarán sobreseídos por unos de los mayores escándalos de su gestión.

En el caso de Consagra, Emmanuel López y Basavilbaso, esta semana actualizaron sus propuestas y ofrecieron montos cercanos a los $250 mil. Para justificarlo tuvieron que presentar declaraciones juradas y hasta contratos de alquiler. No ocurrió lo mismo con Alberto Fernández ni con la primera dama.

El resto de los imputados todavía no hicieron una presentación. En el caso del colorista Federico Abraham, sus abogados, el ex camarista federal Jorge Ballestero y Pablo Slonimsqui, harán un ofrecimiento en los próximos días, pudo saber este medio. En cambio, el abogado de Stefanía Dominguez, Mauricio D’Alessandro, seguirá batallando en Tribunales para intentar conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente. El resto de los imputados son defendidos por el estudio de Fernando Burlando. Si no hacen un ofrecimiento en los próximos días, podrían terminar yendo a indagatoria.

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