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Política

El PRO molesto por la campaña de River contra el frío

Mauricio Macri se enojó con Rodolfo D’Onofrio por la campaña solidaria que hizo en la cancha de River, que dejó expuesto al Gobierno nacional en el día más frío del año.

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El PRO molesto por la campaña de River contra el frío

Macri molesto con D’Onofrio por la campaña de River contra el frío. En el PRO enfurecieron con el presidente de River por el operativo con Juan Carr.

El presidente de River organizó junto a Juan Carr, titular de Red Solidaria, una colecta de frazadas y abrigos.

En esta campaña de River contra el frío, además se abrió las instalaciones del club para personas en situación de calle.

El operativo fue ampliamente difundido y más de 100 personas pasaron la noche de invierno en el Monumental.

Los principales apuntados fueron el gobierno nacional y el porteño y por eso Macri y el PRO se enfadaron con D’Onofrio.

«¿Por qué no llamó antes para coordinar con el gobierno porteño?», se quejaban este jueves en el Ejecutivo.

La furia de la Rosada se expresó de la manera más evidente en las redes.

El diputado Fernando Iglesias denunció por Twitter que la campaña solidaria se trata de una «opereta» impulsada por el kirchnerismo.

Se sumaron a esa idea los célebres «trolls«, que incluso eligieron a Carr como el blanco principal por decir que ya hubo 5 muertos por hipotermia en lo que va del año.

Política

Senado: luego de los embates contra la Justicia, el kirchnerismo buscará avanzar con proyectos que habiliten la consulta popular

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El kirchnerismo continúa con su agenda propia en el Senado

La discusión por la ampliación de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura plantea una disyuntiva en el mundo de los legisladores más ligados a Cristina Kirchner. Entienden que cada vez que buscan impulsar leyes que tienen que ver con la agenda judicial o económica en el Senado tiene un trámite relativamente sencillo con alguna negociación con los senadores “sueltos”, pero saben que el freno lo encuentran en la Cámara de Diputados.

Esto también lo entienden en Juntos por el Cambio, que empezó a aplicar la estrategia de “dejar hacer”. Esta nueva mirada quedó establecida en la discusión por la ampliación de la Corte Suprema, en donde ni siquiera proponen especialistas para que vayan a oponerse a un posible cambio en la estructura del máximo tribunal ya que entienden que “es un proyecto que rebota en Diputados”.

A partir de esto, y entendiendo las dificultades de romper la paridad en Diputados -el oficialismo tiene 118 legisladores y Juntos por el Cambio 116- en el bloque de Unidad Ciudadana empezó a crecer la idea de reflotar dos proyectos de ley para que sea la ciudadanía la que avance sobre estos puntos.

La presidenta del bloque, Juliana Di Tullio, y el senador Oscar Parrilli presentaron a finales de 2001 dos proyectos de ley que amplían el rango por el cual se habilita la posibilidad de la consulta popular. Tanto es así que Parrilli le pidió al titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, para avanzar en el debate.

Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli
Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli

Así lo dijo Parrilli días atrás cuando en medio del debate de comisión por la ampliación del número de miembros de la Corte confirmó que el kirchnerismo buscará la aprobación del Senado para convocar a una consulta popular. “Se trata de un problema de la sociedad, porque la Corte define las tarifas de servicios de comunicación de millones de argentinos y vimos como las empresas se hicieron de ganancias extraordinarias a partir de sus fallos. Y cuando no pone límites a los monopolios termina fallando en contra de los alimentos esenciales”, explicó el Senador del Frente de Todos.

El proyecto de Parrilli propone modificar el artículo primero de la Ley 25.432 sobre la Consulta Popular Vinculante y No Vinculante, el cual quedaría establecido como que la Cámara de Diputados “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales.”

También establece que la ley de convocatoria a consulta popular vinculante “deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presente en cada una de las Cámaras”, en lugar de la “mayoría absoluta” como establece actualmente la norma.

Un dato que confirma el porqué de este proyecto se encuentra en los fundamentos que exhibe el senador Parrilli cuando hace referencia a que “lamentablemente en los veinte años que lleva sancionada esta Ley ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra Patria ha sido sometida a la opinión popular”, y en el párrafo siguiente explica un poco mejor hacia adonde apunta.

Juliana Di Tullio
Juliana Di Tullio

“Muchos Proyectos de Ley que sin duda favorecerán a sectores castigados de nuestra sociedad, que ayudarán a transparentar y agilizar la tan castigada Justicia Argentina, a evitar la fuga de divisas y la venta de recursos naturales a empresas extranjeras, la solución del problema habitacional de millones de compatriotas, deben ser sometidos a consulta pública”.

En el caso del proyecto que presentó la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, el cambio fundamental tiene que ver con la fecha en la que se podría hacer una consulta popular vinculante ya que lo relaciona con que se realice el mismo día que el acto electoral, algo que hoy está prohibido. Más teniendo en cuenta que el voto es obligatorio y la consulta popular no lo es.

“La posibilidad de realizar en forma simultánea un acto eleccionario con una consulta popular brindará a la ciudadanía la oportunidad no solo de participar en las decisiones que ayudarán a su futuro sino también para conocer el pensamiento y las ideas que tienen los candidatos a los que deben acompañar con su voto”, argumenta Di Tullio.

Esto también lo propone Parrilli en los fundamentos de su proyecto al señalar el caso de Berlín, Alemania, en la cual en forma simultánea con la elecciones federales se sometió a consulta pública la expropiación de 243.000 departamentos en poder de grandes inmobiliarias.

“La decisión de celebrar en forma conjunta un acto eleccionario y una consulta popular ayudará sin duda a transparentar las posturas y pensamientos de cada uno de los candidatos que se postulan en relación a temas de tanta trascendencia como será la que se someta a la consulta popular de la ciudadanía”, sostuvo.

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(Infobae)

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El Senado tiene 5.175 empleados y gastará este año más de $23.700 millones en sueldos

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Pese a la crisis económica, al reclamo social de reducción del gasto político y la escasa cantidad de leyes sancionadas en los últimos dos años y medio, el Senado tiene hoy 5.175 personas empleadas bajo distintas modalidades en todas sus dependencias. Son 390 menos del total que había en noviembre de 2019, antes de que Cristina Kirchner asumiera la presidencia de la Cámara Alta.

El cálculo se desprende del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre los listados de personal publicados en la web oficial del Senado. Los datos oficiales incluyen desde los empleados que trabajan para cada uno de los senadores y los distintos bloques políticos, hasta el personal de las comisiones, las distintas direcciones, secretarías y áreas administrativas.

Si a los sueldos de estos empleados se suma la remuneración de los senadores y la de los funcionarios políticos de la Cámara alta, el gasto total en personal previsto para 2022 asciende a $23.700 millones. Es el 91% del total del presupuesto proyectado para este año desde la Secretaría Administrativa del organismo, aún no aprobado, ya que se prorrogó el del 2021 con un crédito vigente de $17.200 millones.

Los sueldos más altos son para los senadores: perciben haberes que comienzan en los $350.000 en bruto, pero a esa cifra hay que sumarle otros $100.000 por gastos de representación y el plus por desarraigo para la mayoría que vive en el interior del país, según indica el sitio web oficial.

Cada senador que llega al Palacio Legislativo dispone de 7.338 módulos para designar personal propio, que equivalen a $2,3 millones por mes que pueden distribuir a su criterio para contratar asistentes y asesores entre las categorías A-1, la más alta, con un sueldo que arranca en $260.000 en bruto sin contar adicionales como títulos universitarios o antigüedad; y la A-14, que es la más baja, con un piso de $44.000.

Los representantes de las provincias también pueden optar por contratar personal bajo la modalidad de locación de servicios por seis meses, cuya retribución se “descuenta” del dinero del que dispone equivalente a los módulos asignados. A ese paquete presupuestario se le suma el personal de planta permanente que “heredan”, y que no les consume la cantidad de módulos que reciben.

Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, advirtió que “no todos los senadores tienen la misma cantidad designada”. Y aclaró que “esto depende de algunas variables, como si es autoridad de bloque, o presidente de una Comisión, por ejemplo. Cada senador, entonces, puede armar su propio esquema”.

La polémica por los bloques

Los distintos bloques políticos también disponen de su propio personal, que como los empleados asignados a un despacho particular, se encargan de las tareas legislativas y administrativas de los senadores de una fuerza política.

El bloque de la Unión Cívica Radical – con 18 integrantes – es el que más empleados tiene: 56 contratos activos, 31 en planta permanente y otros 25 en planta transitoria. Así, la principal bancada opositora suma $7,6 millones por mes en salarios. Pero cuando llegó Cristina Kirchner para presidir el Senado, a fines de 2019, ese número ascendía a 117 empleados, según la información de la actual Secretaría Administrativa. A principios de este año, la decisión del kirchnerismo fue recortar más de 40 contratos al principal bloque opositor.

Las explicaciones difieren según las fuentes consultadas. Desde la bancada de la UCR le dijeron a Infobae que una treintena de empleados de planta permanente que trabajan en el bloque “vienen desde hace muchos años”. Y agregaron: “Hacen el seguimiento y el relevamiento del trabajo en las comisiones para todos los senadores del bloque, que funciona con una visión colectiva”.

Desde el radicalismo calificaron la decisión de echar a más de 40 empleados de planta transitoria como una “represalia política” de Cristina Kirchner por su cuestionamiento a la legalidad del quórum cuando se trató la modificaciones al impuesto de Bienes Personales en la última sesión de 2021.

Sin embargo, en el oficialismo descartaron intencionalidad política. “Los dados de baja no venían a trabajar”, aseguraron a Infobae. También señalaron que les habían advertido al principal bloque opositor que estaba “sobredimensionado”, y que “regularizaran” la situación, sin que hubiera habido ninguna respuesta concreta por parte de las autoridades de la UCR.

Los empleados del bloque K

El fuego cruzado continuó. Desde la UCR dijeron que “es inviable que el partido que manejó ‘La Casa’ desde 1983 tenga tan poca cantidad de empleados y asesores en el bloque”. Y remataron: “En diciembre tenía 57 empleados, que ahora llamativamente desaparecieron. Y no los echaron, sino que los ocultaron en distintas direcciones administrativas”.

En el Frente de Todos negaron que esa cifra de 57 empleados fuera cierta. Según el listado del personal publicado en el sitio oficial el año pasado – que Infobae descargó en ese momento -, los empleados de la bancada oficialista ascendían a 19. La Secretaría Administrativa – a cargo de María Luz Alonso, mano derecha de Cristina Kirchner- informó a este medio que en la actualidad el personal del bloque suma 15 empleados, de los cuales 10 son de planta transitoria y 5 permanente. La diferencia -precisaron – obedece a que dos fueron dados de baja y otros dos pasaron a la subdirección de Ceremonial y Protocolo.

Hoy, si se suman los dos bloques en que se dividió el Frente de Todos en la Cámara alta para quedarse con el representante de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura, suman 35 integrantes: 21 del Frente Nacional y Popular, y 14 de Unidad Ciudadana.

María Luz Alonso, actual secretaria administrativa del Senado y ex diputada nacional por La Pampa

En el entorno de la actual secretaria administrativa argumentaron que la baja cantidad de personal asignado hoy al bloque del Frente de Todos obedece a que la “administración actual es austera”, y a que la mayoría de los senadores tienen estructura política en sus provincias previa, con gobernadores que son también del oficialismo.

El bloque de la segunda minoría, en manos del PRO, tiene 27 empleados, 16 de planta permanente y 11 transitorios, para 9 senadores.

No solo los bloques parlamentarios tienen la posibilidad de nombrar o disponer de personal. También las designaciones en las comisiones son requeridas por muchos senadores, en especial quienes presiden esos espacios de debate temático que son la previa antes de que los proyectos lleguen al recinto. Las comisiones con más empleados son las comisiones Bicameral Revisora de Cuentas (23), Educación y Cultura (21) y Bicameral Fiscalizadora de los Organismos de Inteligencia (19).

Radiografía del Senado

La mitad del total de 5.175 empleados que hoy tiene el Senado integran la planta permanente, lo que les asegura continuar en sus puestos por tiempo indefinido, más allá de las renovaciones legislativas. Como mucho, les puede tocar cambiar el lugar de trabajo dentro del Palacio, ya que es usual que pasen de un despacho a otro del mismo signo político o la misma provincia. Es lo que se conoce en la jerga política como las “capas políticas” que dejan los senadores cuando se van, y negocian dejar a algunos de los que habían nombrado con un pase a planta, que les garantiza estabilidad laboral.

Otro 40% está integrado por empleados en planta transitoria, que deberían dejar la Cámara cuando los legisladores que los nombraron terminan su mandato, aunque esto no sucede en muchos casos. Incluso, hay empleados en esta situación desde hace más de dos décadas. Quienes defienden la continuidad de los empleados más allá del mandato de cada senador destacan que permite aprovechar la experiencia legislativa de quienes ya vienen trabajando en el Senado.

Además de todos los empleados de planta, la Cámara alta tiene 528 personas con contratos por locación de servicios que suelen renovarse cada semestre, según le informó a Infobae la Secretaría Administrativa del Senado.

Cristina Kirchner dirige una de las sesiones en el Senado (Luciano González)
Cristina Kirchner dirige una de las sesiones en el Senado (Luciano González)

Los baches en la información

Mientras que la información publicada en la web del Senado detalla en qué despacho o área cumple funciones cada empleado de planta transitoria o permanente, no sucede lo mismo con los contratados, por lo cual no es posible saber en qué área o despacho se desempeñan. Ante un pedido de esa información realizado por Infobae, desde la Secretaría Administrativa aseguraron que estará disponible online próximamente.

De la información publicada en la web del Senado, llama la atención que la Presidencia sólo tenga asignados cuatro empleados. Ante la consulta de Infobae confirmaron que los datos eran correctos. El número no incluye las designaciones de funcionarios de la Cámara alta designados por Cristina Kirchner, como la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos.

¿Cómo se procesaron los datos?

La Unidad de Datos de Infobae descargó los listados de personal del repositorio Web del Senado, donde además de los empleados permanentes, figuran en distintas pestañas los transitorios y los contratos de locación. También se accedió a la escala salarial vigente y al presupuesto 2022 de la Cámara Alta. También se revisaron los informes de gestión, y consultaron fuentes de la Secretaría Administrativa del Senado, actual y de la gestión anterior.

Datos de años anteriores fueron recuperados mediante la herramienta Archive

Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo, con sus correspondientes pestañas, siga este enlace

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

Carga de datos: Desiré Santander

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Alberto Fernández sólo logró que le aprueben el 39% de las leyes que envió al Congreso

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En 2021, Axel Kicillof aumentó 119,5% el presupuesto para programas sociales y gastó casi 100 mil millones de pesos

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El detalle de cómo están distribuidos los planes sociales en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires conviven 78 programas sociales destinados a asistir a los sectores más vulnerables. Son administrados por cinco ministerios. Están agrupados bajo la clasificación de Promoción y Asistencia Social. El año pasado tuvieron una ejecución presupuestaria record: $94.682 millones, un 119,5% respecto a los $43.128 millones de 2020.

El incremento duplica largamente la inflación de 50,9% que se registró en el país en 2021. La inversión que realizó Axel Kicillof para contener la compleja situación social de la provincia estuvo marcada por las consecuencias económicas derivada de la pandemia del COVID-19 y las políticas de aislamiento y de parálisis económica. También por los alarmantes niveles de pobreza e indigencia que cruzan al país, pero, sobre todo, a los grandes conglomerados urbanos, como en el Gran Buenos Aires. En esos municipios, la pobreza en 2021, según los datos del INDEC, alcanzó el 42,3%, contra una media nacional del 37,3%.

Los principales Programas Sociales

Los millonarios giros de partidas presupuestarias fueron destinadas a los 78 programas de asistencia social que dependen de cinco ministerios: Desarrollo de la Comunidad (44); Trabajo (5); Justicia y Derechos Humanos (3); Salud (18) y Mujer, Políticas de Género y Diversidad Sexual (8). Cada uno de esto programas están descriptos en la “Guía de Programas Sociales” de la provincia de Buenos Aires.

El programa al que la administración provincial le destinó más dinero fue el Servicio Alimentario Escolar (SAE): $55.521 millones. Ese plan creció casi un 500% entre 2019 y 2021. Fue uno de los servicios que debió adaptarse al contexto de pandemia y amplió la cobertura para universalizar los almuerzos, y mejorar la calidad alimentaria. En abril de 2022, el gobernador decidió institucionalizarlo y pasó a llamarse Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) bonaerense.

AXel Kicillof en el acto de lanzamiento del Programa MESA
AXel Kicillof en el acto de lanzamiento del Programa MESA

Según le explicaron a Infobae funcionarios a cargo de ese programa, “es la política alimentaria más importante de la provincia y alcanza a más de 2 millones de niños y niñas” que asisten a las escuelas públicas.

La fabulosa inversión en alimentos para los jóvenes en edad escolar está basada en el diagnóstico realizado por los funcionarios del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque.

“En la provincia de Buenos Aires existe un segmento de la población en situación de riesgo y vulnerabilidad social, como así también con necesidades nutricionales insatisfechas. Gran parte de este segmento son niñas, niños y adolescentes que asisten a instituciones educativas de gestión pública estatal, en los tres niveles de enseñanza obligatoria, que necesitan del acompañamiento y presencia del Estado para poder solucionar dichas carencias y así poder garantizar su acceso a alimentos saludables y nutritivos, brindando un marco de equidad e igualdad para su aprendizaje y crecimiento”, se lee en la guía de programas sociales.

Con 44 programas a su cargo, Larroque es el que mayor presupuesto destinó para atender, según las palabras de un colaborador de Kicillof, “la compleja situación social de la provincia”.

Es el ministro de mayor perfil del gabinete de Kicillof. Referente de la organización política La Cámpora, que tiene como líder al diputado nacional Máximo Kirchner, es una espada de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Andrés "Cuervo" Larroque (AGLAPLATA)
Andrés «Cuervo» Larroque (AGLAPLATA)

El pasado 3 de mayo, y en medio de las tensiones internas dentro del Frente de Todos, Larroque disparó: “Nosotros constituimos esta fuerza, lo convocamos a Alberto (Fernández) y ganamos las elecciones, tampoco es que Alberto se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz, eso sería incorrecto. El Gobierno es nuestro”.

A las palabras no se las llevó el viento. Rápido de reflejos, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, respondió: “Al Presidente no lo van a apretar con declaraciones estúpidas”, dijo sin medias tintas.

Frases aparte, el funcionario más kirchnerista de Kicillof está a cargo de los programas sociales más sensibles de la administración bonaerense. Además del Servicio Alimentario Escolar (SAE), se destacan: Atención Alimentaria en la Emergencia, $6.355,5; Asistencia Crítica en la Emergencia, $4.305,2 millones. Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Vaso de Leche, $3.097,6 millones; programa Envión, $2.232,5 millones; programa Niñez, $1.217,6 millones; Cuidado y Promoción de Personas con Discapacidad, $466,4 millones; Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios, $455,4 millones; Deportes, $389,5 millones; Apoyo y Capacitación para la Reinserción Laboral, $320,1 millones; Protección Alimentaria – Requerimientos Nutricionales Especiales-, $318,3 millones; y Políticas para las Juventudes, $311,4 millones.

El listado es mucho más amplio y contiene programas como Barrios Bonaerenses, Emergencia Habitacional, Programa de Regularización Dominial y el Registro público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios de la Provincia de Buenos Aires, entre otros, que también dependen de Larroque.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad utilizó alguno de estos -entre otros- para descomprimir situaciones de extrema conflictividad en las múltiples tomas de tierras, como lo fue en Guernica, que derivó en un desalojo violento por orden judicial y encabezado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni; o el de el ex Club de Planeadores, en la ciudad platense de Los Hornos, lugar dónde se evitó el desalojo y se prometió la urbanización de parte de las 163 hectáreas usurpadas en 2020.

La policía de la provincia de Buenos Aires desalojó el predio de Guernica en 2020 (Adrián Escandar)
La policía de la provincia de Buenos Aires desalojó el predio de Guernica en 2020 (Adrián Escandar)

El segundo ministerio con más programas asistenciales (18) es Salud, a cargo de Nicolás Kreplak, el reemplazante del actual diputado Daniel Gollan. Uno de ellos es el Programa para el cuidado de personas con celiaquía. El sistema que se utiliza en este caso es similar al de la Tarjeta Alimentar. A los beneficiarios se le entrega de una Tarjeta Magnética Recargable, emitida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, exclusivamente para la compra de alimentos.

El Programa REMEDIAR también está a cargo de Kreplak, pero tiene la particularidad que la fuente de financiamiento llega de Nación. En este caso la modalidad es que el ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, envía botiquines a los Centros de Salud de los 135 municipios y las autoridades provinciales se encargan de realizar las tareas de gestión administrativa y seguimiento. Otro de los programas es para el control de tuberculosis y lepra. En este caso, el financiamiento es mixto.

El ministerio de Mujer, Políticas de Género y Diversidad Sexual, a cargo de Estela Elvira Díaz, tiene 8 programas a su cargo. Entre ellos, el Programa de abordaje integral ante femicidios, travesticidios y transfemicidios (Paif). El año pasado contó con un presupuesto de $10.000.000. Otro de los programas es el de “comunidades sin violencias y fortalecimiento de la gestión municipal”. Su presupuesto fue de 500.000.000 pesos.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense
Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio Alak, maneja tres programa. El de rescate y acompañamiento a víctimas damnificadas por el delito de trata; el de Centros de Acceso a la Justicia y el de Centro de Protección de los Derechos a las Víctimas.

Los beneficiarios de algunos de los 78 programas sociales bonaerenses no se contraponen o compiten con la asistencia que brinda el gobierno nacional como dos de los más importantes que administra el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta: la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo.

En 2021, la ejecución presupuestaria en Servicios Sociales, incluyendo a las Pensiones no Contributivas, ascendió a $1.346.314 millones (un billón trescientos cuarenta y seis mil trescientos catorce pesos). La enorme cifra representó un 59,1% más respecto a los $845.980 millones destinados en 2020.

El presupuesto en la totalidad de asistencia social que Kicillof destinó -y destina- como ayuda directa a los sectores más desprotegidos toma mayor envergadura si se recuerda que la legislatura bonaerense le aprobó al gobernador para el año 2021 de casi dos billones de pesos (exactamente $1.910.032.077.779). Es decir que más de la mitad fue utilizado, en palabras de los funcionarios del mandatario provincial, “para mitigar los efectos de la pandemia”. “Además de las múltiples medidas de apoyo extraordinario a la producción, el trabajo, a fortalecer el sistema de salud y a asistir financieramente a los 135 municipios, se reforzaron los programas sociales haciendo foco, de esa manera, en los sectores más vulnerables”, explicó.

Los mismos voceros del mandatario que dialogaron con este medio aseguran que “a partir de este año, el presupuesto pone el eje en la reconstrucción y la integración de la provincia de Buenos Aires, contemplando importantes inversiones para consolidar la reactivación económica y productiva maximizando la inclusión social”.

Para 2022, la ley de leyes prevé un gasto de 3.100 billones de pesos y una inversión en programas sociales similar a la del año pasado.

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